05sep02
Varios testigos establecen el móvil político del asesinato de Myrna Mack.
Las declaraciones de esta tercera jornada dejaron asentado que Myrna Mack fue vigilada por el Ejército y que su trabajo científico, sobre el drama humano de las poblaciones desplazadas por el conflicto armado interno, afectaba la política contrainsurgente del Estado.
En la jornada de hoy declararon el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, quien en 1990 desempeñaba el cargo de subjefe del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial (DSP-EMP); la economista Clara Arenas Bianchi, directora ejecutiva de AVANCSO, entidad en la cual trabajaba Myrna Mack cuando fue asesinada; y monseñor Julio Cabrera Ovalle, quien como obispo del Quiché trabajó con las poblaciones desplazadas y conoció a la víctima, tanto por su trabajo científico como por su pensamiento.
Con un testimonio contundente, el obispo Julio Cabrera Ovalle, quien fue obispo del Quiché de 1987 a 2002 y ahora funge en la diócesis de Jalapa, afirmó su convicción de que el Ejército desplegó un plan de vigilancia sobre Myrna Mack y sus actividades.
Dijo que Myrna Mack fue asesinada porque la institución armada la consideró autora de un documento que las Comunidades de Población en Resistencia (CPR, que agrupaba a los desplazados internos) hicieron público el 07 de septiembre de 1990. En ese comunicado, los desplazados denunciaron la persecución militar de que eran víctimas y los constantes bombardeos a que eran sometidos por comandos militares terrestres y aéreos. Asimismo, se identificaban como población civil indefensa, demandaban el cese de la persecución del Ejército y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.
El obispo Cabrera sostuvo que Myrna Mack no tuvo vinculación alguna con este comunicado público; narró las condiciones precarias en que vivían los desplazados, especialmente los de la Sierra; y la atención pastoral que su diócesis prestaba a estas víctimas del conflicto armado interno.
Mencionó también que la política contrainsurgente buscaba aniquilar a esta población, considerada base social de la guerrilla, mediante los bombardeos y la persecución; y cómo, posteriormente, se intentó "rescatarlos" del influjo contrainsurgente mediante el control social.
De acuerdo con su experiencia como jerarca religioso del Quiché y su conocimiento de la situación de los desplazados, el trabajo de Myrna Mack afectaba la política contrainsurgente y el tratamiento institucional que se daba a los desplazados internos. En especial, si la consideraban autora de un documento que hacía público, a nivel nacional e internacional, el drama humano que vivía este conglomerado humano.
Las declaraciones del obispo Cabrera Ovalle coincidieron con el testimonio de Clara Arenas, quien junto a Myrna Mack y otras personas, fundó AVANCSO (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales) e impulsó la investigación social científica y el trabajo de campo.
Según dijo, la víctima le mencionó que durante una visita a la región Ixil, en Quiché, fue advertida de que personas vinculadas al Ejército estaban indagando sobre ella y su trabajo. Además, dijo haber recibido información relativa a la vigilancia que se ejercía en las inmediaciones de las oficinas de AVANCSO.
Clara Arenas resaltó el carácter altamente sensible del trabajo que realizaba Myrna Mack, pues a pesar de las expectativas de apertura política que hubo, cuando la elección de un Gobierno civil y la vigencia de una nueva Constitución, el clima del enfrentamiento armado situó el problema del desplazamiento humano interno como un objetivo de la política contrainsurgente del Ejército.
Enfatizó en el carácter innovador de la metodología científica utilizada por Myrna Mack para estudiar el tema de los desplazados y su incidencia definitiva en la definición de una nueva categoría: el desplazado interno. Es decir, aquellas personas que al huir de la guerra no salieron del territorio guatemalteco. Esta nueva categoría tuvo aceptación, ya que no puede darse la misma clasificación a quienes se quedaron dentro del país, moviéndose por la montaña o perdiéndose en el anonimato de las ciudades, que a aquellos que lograron trascender las fronteras del país en su huida de la persecución que el Ejército desplegó en su contra.
Clara Arenas concluyó que, debido al carácter contrainsurgente de la política institucional hacia el desplazado, el trabajo revelador de Myrna Mack afectaba los intereses del Estado en aquel entonces.
En la tercera jornada del juicio oral, también declaró uno de los acusados, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, quien se declaró inocente y afirmó, como hicieron los otros acusados, que en el Estado Mayor Presidencial (EMP) no se realizan labores de inteligencia. Durante el interrogatorio, Oliva Carrera admitió haber fungido como oficial de inteligencia y como oficial de asuntos civiles.
Aunque también trató de desvincular al EMP de la estructura del Ejército, como lo hicieron los otros procesados, el coronel Oliva debió admitir que además de sus procedimientos operativos y administrativos normales, éste es un destacamento militar que se rige también por la Ley Orgánica del Ejército, el Código Militar y otra normativa específica del fuero castrense.
Para mañana está prevista la cuarta jornada del juicio oral por el asesinato de Myrna Mack, y se ha anunciado la presencia de varios testigos y peritos, entre ellos los generales Juan Leonel Bolaños y Héctor Gramajo, el oficial militar Benjamín Godoy Búrbano, el doctor Héctor Rosada, el doctor Leonel Gómez Rebulla y Rubio Caballeros.
Fundación Myrna Mack
Este documento ha sido publicado el 15sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights