28may03

---

Justicia y verdad frente al poder militar.

---

Hoy, que conmemoramos la masacre de Panzós y otros actos de genocidio y violaciones de derechos humanos que siguen en la impunidad, nos vemos nuevamente en la necesidad de denunciar que al pueblo de Guatemala le siguen negando el acceso a la verdad y a la justicia.

No es una denuncia colmada de irracionalidad. Es una afirmación basada en los hechos cotidianos. Durante años, el sistema de administración de justicia, especialmente el poder judicial y el Ministerio Público, ha tenido la oportunidad de afrontar los retos que implica hacer justicia, descubrir y hacer que prevalezca la verdad en el marco de un verdadero Estado de Derecho. Durante años, los órganos judiciales han tenido la oportunidad de luchar contra la impunidad.

La respuesta ha sido la denegación de justicia. Por acción y por omisión nos han negado el derecho de tener verdad y justicia sobre los hechos del pasado y del presente. No es suficiente que la sociedad tenga acceso a informes como el REMHI o el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Hay que traducir en hechos judiciales esa memoria histórica para asegurar que nunca volverán a repetirse los hechos violentos que tanto daño han causado a nuestras relaciones sociales, políticas y familiares.

En el fondo, nada ha cambiado. Respecto de lo ocurrido en el pasado, durante el conflicto armado interno, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico dijo que los órganos judiciales fueron inoperantes y que, incluso, contribuyeron a agravar los conflictos sociales porque protegieron las políticas represivas del Estado.

Y digo que nada ha cambiado de fondo porque, aún con la nueva Constitución, el nuevo proceso penal, las nuevas instituciones y los acuerdos de paz, en Guatemala sigue prevaleciendo la falta de voluntad política para administrar justicia con base en los principios básicos de la legalidad, la independencia judicial y la autonomía de las instituciones. Los órganos judiciales siguen siendo inoperantes y muchos funcionarios judiciales y fiscales, así como policiales, responden a los parámetros de interés de los poderes fácticos.

Este hecho palpable y evidente está enraizado en las estructuras del Estado. No se puede derrotar con reformas cosméticas y procesos de modernización formal. Hace falta conocer al monstruo que aprisiona a las instituciones democráticas del país, para definir acciones y fórmulas de combate sostenido en el tiempo.

El poder militar, como lo hizo antes, sigue ejerciendo un fuerte influjo sobre muchos operadores de justicia. Ejerce una extraña y misteriosa seducción sobre hombres y mujeres en posiciones claves de la administración del Estado. De eso no escapan algunos funcionarios judiciales, como he constatado por experiencia propia. Lo han constatado también muchos de ustedes, las personas y organizaciones que han impulsado casos judiciales de alta sensibilidad social como las masacres de Panzós, Río Negro y Las Dos Erres; y el asesinato de monseñor Gerardi.

El patrón es el mismo. Los casos se estancan en el Ministerio Público, donde no existe una política de persecución penal definida y donde las estructuras paralelas del poder oculto manipulan las investigaciones. Ahí conviven funcionarios comprometidos con la impunidad y fiscales que tienen voluntad, pero no gozan de autonomía para trabajar.

Los casos que han logrado superar las barreras de la impunidad en el Ministerio Público, decaen al llegar a los tribunales. Hay jueces y magistrados que se dejan atemorizar, presionar o sobornar. No pueden negar las presiones, porque la misma Corte Suprema de Justicia ha denunciado las amenazas y atentados contra operadores judiciales. No pueden negar que existe la práctica del soborno y la corrupción, pues la misma Corte Suprema de Justicia ha denunciado a los operadores sospechosos.

Hay magistrados y jueces que por afinidad ideológica o intereses personales se pliegan al poder político, al poder militar y al poder del crimen organizado. Son capaces de ir contra las garantías del debido proceso y contra los principios básicos del Derecho, si su afán es servir a los poderes no establecidos legalmente.

Pero no debemos centrarnos solamente en los casos de violaciones de derechos humanos, en donde los principales involucrados son oficiales, personal subalterno y de tropa del Ejército. Veamos también que el patrón de impunidad se reproduce a favor de los funcionarios implicados en casos de corrupción y en personajes oscuros acusados por actividades del crimen organizado, como secuestros y narcotráfico.

Como ciudadanos guatemaltecos que exigimos verdad, justicia y reparación por los comportamientos criminales que nos han convertido en víctimas, no debemos cerrar los ojos ante una realidad que va mucho más allá de nuestras experiencias personales.

Así como nos solidarizamos y nos apoyamos mutuamente en nuestra búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos y los crímenes políticos vinculados a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Guatemala, debemos reconocer y apoyar también la lucha de otras personas y organizaciones que han sido víctimas del crimen organizado.

Mostremos también solidaridad para el país que ha sido sistemáticamente saqueado por los gobernantes, en un marco de total impunidad. Instemos a los trabajadores a iniciar un combate contra la denegación de justicia en el ramo laboral.

Quiero decir que la lucha por la justicia debe ser integral. Esta demanda no interesa solamente a quienes tenemos casos judiciales contra militares. Interesa también a quienes han sufrido secuestros, a la sociedad que es víctima de la narcoactividad y del crimen organizado. Interesa a la sociedad en general, que sufre a diario por la inoperancia de los órganos judiciales.

Debemos tener claridad sobre otra situación: las autoridades judiciales, fiscales y policiales no están satisfechas por la presión de nuestra demanda. Es obvio que no les agrada estar expuestos al escrutinio de la opinión pública.

Cuando pretendan llamarnos al orden, porque consideran que nuestras críticas presuntamente afectan a la independencia judicial, no nos atemoricemos. Nosotros, más que ellos mismos, estamos sólidamente a favor de la independencia judicial y de la autonomía de los fiscales. No limitemos nuestro derecho a expresar libremente nuestras opiniones. Usemos los recursos legales establecidos para hacer valer nuestros derechos, pero también sintámonos libres para expresar públicamente nuestras ideas y opiniones.

Debe quedar claro que no deseamos, de manera irracional, sentencias a nuestro sabor y antojo. Demandamos investigaciones, procesos judiciales y sentencias que respondan a los principios básicos de la legalidad, la independencia y la autonomía de las instituciones competentes.

Por eso, no podemos guardar silencio cuando los operadores de justicia actúan contra los principios del Estado de Derecho y contra la legalidad. Si violan las leyes y la Constitución, debemos denunciarlos.

Creo que es el momento preciso para ir más allá en nuestras actitudes. Durante años, hemos dado al sistema de justicia la oportunidad de afianzarse al marco de la legalidad y la independencia. Hemos denunciado los comportamientos de jueces, fiscales o magistrados que riñen con la ética y la ley. Ahora, vayamos más allá de la denuncia. Formulemos también procesos legales contra quienes retuercen el ordenamiento jurídico del país para atender intereses militares, políticos, económicos o criminales.

Ya hemos aprendido cómo es la impunidad y cómo funciona. Ahora nos corresponde reclamar la deducción de responsabilidades penales a quienes le hacen el juego a la impunidad y las diferentes formas de la denegación de justicia.

Para mí, en lo personal, después de haber afrontado la absolución de quienes ordenaron el asesinato de mi hermana, es difícil hablar de esperanza.

Pero, al igual que lo han hecho ustedes, debo buscar la recuperación personal y redoblar esfuerzos porque la lucha no ha terminado. Los invito, pues, a que busquemos conjuntamente fórmulas positivas para mantener la esperanza. Nuestro objetivo debe ser que, al final, prevalezcan la justicia y la verdad.

[Fuente: Helen Mack, presidenta Fundación Myrna Mack, evento ecuménico 28may03]

Este documento ha sido publicado el 02jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights