11sep02
El asesinato de Myrna Mack, doce años después.
Hace doce años, el 11 de septiembre de 1990, Myrna Elizabeth Mack Chang fue asesinada. Salía de su trabajo en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), cuando el sargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, la atacó. 27 puñaladas acabaron con su vida.
A partir de ese momento, Beteta estuvo oculto y, posteriormente, llegó de manera ilegal a Estados Unidos. Mientras tanto, en Guatemala, el investigador policial José Miguel Mérida Escobar avanzaba en la tarea de identificar el móvil y al responsable del crimen; y la familia inició el largo sendero de la búsqueda de la justicia y la reparación.
Hoy 11 de septiembre, al conmemorarse el duodécimo aniversario del asesinato de Myrna, observamos el desarrollo del juicio oral contra tres oficiales militares, los de mayor rango juzgados hasta el momento por crimen alguno en Guatemala, a quienes se acusa de haber planificado y ordenado la eliminación física de la antropóloga Myrna Mack. Este juicio representa para el sistema de justicia un reto enorme, porque es el primero en su género y sienta un precedente. Es la primera vez en la historia judicial del país que tienen lugar un proceso y un debate judicial por autoría intelectual de un crimen.
Los militares están siendo juzgados en el fuero común, pese a que durante mucho tiempo intentaron sin éxito que el caso fuera remitido al fuero militar; y guardan prisión preventiva en una cárcel civil, luego de que el martes 03 de septiembre, al iniciarse el juicio, el Tribunal Tercero de Sentencia revocó las medidas sustitutivas de prisión que gozaban desde 1996.
Un crimen político
En el informe de investigación policial elaborado por José Miguel Mérida Escobar y Julio Pérez Ixcajop, se estableció que el asesinato de Myrna Mack fue político, cometido por un agente de seguridad del Gobierno identificado: el sargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, miembro del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial.
También se determinó que la motivación del crimen fue el trabajo académico que Myrna desarrollaba en aquellos años: un estudio sobre el drama de las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado interno, las políticas institucionales y la exploración del futuro de estas comunidades.
Estos son elementos ya probados, pues en 1993 los tribunales dieron validez al informe de Mérida Escobar y Pérez Ixcajop, así como a documentos, testimonios y declaraciones que reforzaron los resultados de la investigación policial. El investigador Mérida Escobar fue asesinado el 05 de agosto de 1991, pocos días después de ratificar sus hallazgos ante el tribunal que conocía el caso.
El contexto del asesinato.
Gobernaba el presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo, como resultado de un proceso electoral libre y democrático que puso fin a los regímenes militares y a los gobiernos de facto. Sin embargo, se mantenía la tutela militar sobre el régimen civil.
En 1988 y 1989 hubo intentos de golpes de Estado. Mientras el presidente Cerezo impulsaba la negociación de la paz a través de los acuerdos de Esquipulas, el Ejército alegaba su victoria sobre la guerrilla y mantenía un doble discurso. En el interior del país continuaban los combates entre las fuerzas militares y guerrilleras. El Ejército buscaba aniquilar al enemigo.
El escenario nacional y la convivencia social estaban bajo el dominio de la política contrainsurgente y la Doctrina de Seguridad Nacional. La tesis de la Estabilidad Nacional, impulsada por el general Héctor Alejandro Gramajo, en ese entonces Ministro de la Defensa Nacional, no cuajó; y la apertura política que se visualizaba a partir de la nueva Constitución y el establecimiento del primer Gobierno civil tras muchos años de regímenes militares, no se consolidó.
En el marco de la guerra fría protagonizada por Estados Unidos y la Unión Soviética, las fuerzas armadas actuaron con dogmas, normas, conductas, sistemas y procedimientos, pensamientos e ideas que dieron soporte militar y político a la lucha anticomunista y al combate de los movimientos guerrilleros en el hemisferio.
Para Guatemala esto implicó militarización total, fortalecimiento de los órganos de inteligencia y el desarrollo de programas de entrenamiento y capacitación a miembros de las fuerzas de seguridad. Sin duda, estos fueron factores clave en la configuración de la política sistemática de violación de derechos humanos y en la ejecución de operativos criminales.
El Ejército desplegaba planes políticos y militares para combatir a las fuerzas guerrilleras. Era un poder organizado institucionalmente que aplicaba la violencia con el fin de eliminar amenazas. Este poder respondía indefectiblemente a la Doctrina de Seguridad Nacional. El poder contrainsurgente sojuzgó a las instituciones que debían actuar como garantes de los derechos y libertades del ser humano. De ese sometimiento al poder militar se deriva, en gran medida, la actual situación de debilidad de las instituciones democráticas.
Todo opositor o persona no alineada a los dictados del régimen se convertía automáticamente en un "enemigo interno", un no-ciudadano y un ente que conspiraba contra el Estado y amenazaba su seguridad. La noción del enemigo interno es intrínseca a la doctrina de Seguridad Nacional y al poder contrainsurgente.
A Myrna Mack se le consideró una enemiga interna. Con su trabajo académico llevó a nuevos niveles el concepto de la investigación social, en tanto que integró sus estudios al intenso contexto de la época. Su trabajo fue más allá de los documentos caracterizados por el rigor científico. Ella trataba también de descubrir el rostro humano de las consecuencias del conflicto.
El tema de los desplazados y el trabajo de Myrna.
En sus conclusiones, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico dijo que el terror sin precedentes provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras, entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de población. Este desplazamiento forzado se convirtió en una fuerza destructora que rompió el tejido social; las personas se movían constantemente por la selva y la sierra para eludir la persecución del Ejército, buscar comida, agua y refugio. Vivían a la intemperie en condiciones de difícil subsistencia, sufrían desnutrición y severos traumas emocionales.
Myrna visitó la selva y la sierra. Vio cara a cara ese sufrimiento, lo palpó y lo sufrió. Su trabajo antropológico, por tanto, no podía estar despojado de esa vivencia y abordó la humanización del conflicto. Sus hallazgos mostraban el carácter infrahumano de las condiciones de vida de esta población.
La publicación de sus estudios coincidió con la necesidad que sintieron los desplazados de anunciar al mundo su existencia y sufrimiento. Aunque fueron hechos desvinculados entre sí, esto motivó la planificación del crimen, el diseño de los operativos de vigilancia y seguimiento y su ejecución.
El Estado Mayor Presidencial.
El Estado Mayor Presidencial (EMP) nunca fue una simple estructura del Ejército dedicada a la seguridad del Presidente de la República. A través de su Departamento de Seguridad Presidencial, "El archivo", el EMP estudiaba a los factores de poder y jugaba un papel en la ejecución de la política contrainsurgente. Sobre fachadas legales, había funciones y operaciones ilegales típicas de órganos de inteligencia militar.
El EMP desarrolló una amplia estructura de operaciones y de inteligencia para cumplir con su parte en el ejercicio del poder contrainsurgente. Los presidentes civiles fueron, sucesivamente, seducidos por ese poder. En su oportunidad, el Experto Independiente de Naciones Unidas para Guatemala, Christian Tomuschat dijo que el EMP era un centro de planificación de graves crímenes. Varios años después así lo hicieron constar en sus informes la CEH y el proyecto REMHI.
La construcción de un paradigma en la lucha contra la impunidad.
Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, como el inicio del juicio tras muchos años de bloqueo sistemático y la prisión preventiva para los acusados, consolida el carácter paradigmático de este caso penal. A lo largo de los procesos contra Beteta y los tres oficiales militares, este caso ha mantenido a prueba al sistema de administración de justicia y ha dejado numerosas lecciones en una doble vía.
Por un lado, se han develado las características de un crimen político y una violación de derechos humanos; los hilos operativos del poder contrainsurgente, así como los diversos mecanismos de la impunidad, las debilidades y las deficiencias del sistema judicial. Por otro lado, las lecciones radican en las formas de afrontar los aspectos negativos, así como el afianzamiento de los principios básicos de la lucha contra la impunidad y del rescate de los más altos valores de la justicia.
El paradigma se halla en los sucesos más sobresalientes de este caso penal. Entre ellos, la validez probatoria que se dio a la investigación policial conducida por José Miguel Mérida Escobar, en la cual se identifica como responsable a un agente del Estado Mayor Presidencial, se establece el carácter político del crimen y se vincula el asesinato al trabajo científico que realizaba la víctima; la condena dictada contra el sargento mayor especialista Beteta Álvarez, en 1993; y la apertura de proceso judicial contra el general Edgar Godoy y los coroneles Juan Valencia y Guillermo Oliva, ordenada en 1994 por la Corte Suprema de Justicia al dictar la sentencia de casación. A ellos se les juzga por su presunta participación en la autoría intelectual de este crimen
Guatemala, 11 de septiembre de 2002
Fundación Myrna Mack
Este documento ha sido publicado el 15sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights