26sep07
Ante la ejecución extrajudicial de cinco personas por parte de la Policía Nacional
Ante la reciente captura ilegal y posterior ejecución extrajudicial de cinco personas, hechos
atribuidos a agentes de la Policía Nacional Civil, la Fundación Myrna Mack plantea las siguientes
consideraciones:
- 1. Este nuevo hecho de violencia fraguado en el seno de la institución policial constituye, sin duda
alguna, una múltiple violación de derechos humanos, abuso de autoridad y uso ilegal de equipo,
uniformes, insignias y recursos de la PNC, que no puede pasar inadvertido para las autoridades de
la institución policial y del Ministerio de Gobernación. Obviamente, tampoco para los órganos de
justicia. Si bien hay información de que las víctimas de esta acción policial estaban involucrados en
actividades delictivas, de ninguna manera se justifica el comportamiento ilegal y clandestino de la
PNC.
- 2. La ministra Adela de Torrebiarte debe mostrar un alto grado de firmeza en el manejo de esta
nueva crisis en el sector seguridad. Esto implica que debe impulsar, sin titubeos, una exhaustiva
investigación interna que abarque incluso al director general de la PNC, Julio Hernández Chávez,
en virtud de que los agentes sindicados estaban asignados a su despacho.
- 3. No debe ejercer autoridad una persona que, en apariencia, ignora o no combate el carácter
criminal de algunas personas que trabajan en su entorno. De suerte que, por responsabilidad
política en el ejercicio del cargo, el Director General de la PNC debe ser inmediatamente separado
de su puesto y sometido a investigación por parte del Ministerio Público. Sin dejar de lado, por
supuesto, a otros jefes y estructuras policiales que resulten con responsabilidad directa e indirecta
en las referidas ejecuciones extrajudiciales.
- 4. Es indignante e intolerable que sigan ocurriendo hechos criminales que colocan a la institución
responsable de la seguridad y el orden público en una situación de penetración criminal que no
cesa, simplemente porque el Estado no tiene capacidad para evitarlo; o no realiza los esfuerzos del
caso para cambiar significativamente esa realidad institucional.
- 5. La investigación del Ministerio Público debe esclarecer si este comportamiento perverso
obedece a actividades planificadas por estructuras policiales a raíz de que existe una decisión
institucional; o si los agentes aprovechan su posición de autoridad para realizar "encargos" de orden
personal al estilo de sicarios, al servicio de quien puede pagarles. Y debe determinarse la
participación, complicidad y encubrimiento de quienes ejercen jefaturas en la PNC.
- 6. Estos nuevos hechos dejan claro que los esfuerzos de depuración y reestructuración que se
iniciaron con el cambio de autoridades (luego del escándalo desatado en febrero pasado, cuando
una célula de la División de Investigación Criminal de la PNC asesinó a cuatro ciudadanos
salvadores, tres de ellos diputados al Parlamento Centroamericano), no han sido suficientes y que
es preciso tomar decisiones más drásticas. De lo contrario, el Estado y las autoridades sectoriales
se colocan en situación de cómplices o encubridores, o fuerzas que fomentan por acción u omisión
este tipo de comportamientos institucionales perversos.
Guatemala, 26 de septiembre de 2007
Fundación Myrna Mack
