18oct02

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Primera condena a un obispado por no renovar contrato a un profesor de Religión.

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Un juzgado de Canarias obliga al Gobierno regional a indemnizar al docente

La Iglesia tiene el derecho, según los acuerdos existentes entre España y el Vaticano, a elegir a los profesores de Religión que imparten clase en los centros públicos y concertados, que reciben el sueldo del Estado. Sin embargo, un juzgado de Canarias condenó ayer al obispado de las islas, que dirige monseñor Ramón Echarren, por no haber renovado el contrato de un profesor de Religión y le obliga a volver a contratarle.

El Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado por primera vez en España a un obispado, el de la diócesis de Canarias, por responsabilidad solidaria en el despido del profesor de religión Rafael Ramírez Santana. Al mismo tiempo condena a la Consejería de Educación del Gobierno regional a pagar una indemnización por «daños morales» de 60.101,92 euros (algo más de diez millones de pesetas), según manifestó hoy a Efe Javier Díaz García, asesor jurídico de Intersindical Canaria.

Díaz García aseguró que el fallo del tribunal canario declara además nulo el despido, «y esto desde el punto de vista jurídico es muy importante porque no dice que el despido sea improcedente sino nulo, por lo que la Consejería no tiene la opción de indemnizar y resolver el contrato y, por tanto, está obligada a la inmediata readmisión del profesor represaliado».

La sentencia dice que se condena a la Consejería demandada a la «inmediata readmisión del profesor con idénticas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como que se abone al mismo los salarios de tramitación devengados hasta la efectiva readmisión y a razón de 77,53 euros por día».

Rafael Ramírez, profesor de Religión del Instituto de Enseñanza Secundaria Arnao, en Telde (Gran Canaria) fue despedido al finalizar el curso 2001-2002. «La consejería adujo que el despido se produjo porque el obispado no lo propuso para el siguiente curso, pero la realidad es que fue despedido por su labor sindical y su actitud reivindicativa a favor de sus compañeros», subrayó el sindicalista.

Cinco millones

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado también a la Consejería de Educación a indemnizar al mismo profesor con 5 millones de pesetas por atentar contra su libertad sindical, en una sentencia que confirma íntegramente otra del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas. «En este sentencia del TSJC se condena además a la Consejería a pagar las costas del juicio y se le impone una sanción de 100.000 pesetas por actuar con mala fe y recurrir una sentencia temerariamente», aseguró Díaz García. «Ya veremos ahora en la ejecución de la sentencia de donde sale el dinero, porque no es de recibo que salga del contribuyente y que éste tenga que pagar las actitudes antidemocráticas y fascistas de la Consejería», agregó. Díaz García precisó que la sentencia del Juzgado de lo Social se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, «pero la Consejería se lo pensará mucho porque este Tribunal ya se ha pronunciado con anterioridad al condenar a la Consejería a pagar 5 millones de pesetas, las costas y la multa por mala fe». El asesor sindical comentó que el obispado de la diócesis de Canarias no se ha puesto en contacto «ni con el trabajador ni con el sindicato».

El presidente de la Federación Española de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Luis Guridi, calificó hoy de «justa» la sentencia dictada en Canarias. «No es extraordinario, sino lo justo, porque se están conculcando los derechos de los trabajadores» puntualizó Guridi a Efe, quien confió en que «la verdad se abra camino» sobre la situación de estos docentes. Los profesores de Religión son contratados por la Administración, aunque propuestos por las autoridades eclesiásticas, y según el presidente de FEPER, que agrupa a 2.000 profesores, «no queremos ningún privilegio, sino que nadie pase por encima de la Constitución». Según el Concordato de España con la Santa Sede, los profesores de Religión son propuestos cada año por cada obispado a la Administración. Si no se renueva el nombre del profesor, no hay realmente una rescisión, porque no media contrato.

Fuente: Diario La Razón, España - 18oct02