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Los Obispos dicen que sí pagaron a sus docentes el sueldo que envió Educación, a pesar de varias sentencias judiciales condenando al Ministerio por impago.

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"Calumnia grave" y "campaña para desacreditar a la Iglesia". Los obispos reaccionaron ayer con gran dureza contra este periódico por publicar que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha reconocido en las Cortes que está siendo obligado a pagar, por orden judicial, el salario de profesores de catolicismo que el Ejecutivo había entregado previamente a los obispos. En un comunicado transmitido por varias agencias, el secretariado de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal niega que la Iglesia católica se haya quedado con sueldos de profesores de religión, pero sin hacer alusión a las numerosas sentencias judiciales, algunas ya firmes, que están condenando al Gobierno a pagar unos salarios que ya desembolsó.

"Todas las diócesis han entregado siempre las cantidades totales que el Ministerio transfería para el pago de los profesores de religión católica. Ni la Conferencia Episcopal, ni las diócesis han desviado cantidad alguna del presupuesto recibido del Estado para otro fin que no fuera la remuneración de los profesores", dijo la Conferencia Episcopal según Europa Press.

Varias sentencias judiciales en poder de EL PAÍS condenan al Ministerio de Educación a pagar a numerosos profesores de catolicismo los salarios de los meses de septiembre a diciembre de 1998. Otros cientos de docentes, tal vez miles, han denunciado en privado que tampoco cobraron, aunque no recurrieron en su momento a la Justicia por miedo a represalia.

El Gobierno reconoce

En un documento enviado al Congreso el 19 de diciembre de 2001, el Ministerio de Educación ya reconoció que "transfirió en el ejercicio económico de 1998 a la Conferencia Episcopal la totalidad de la subvención nominativa consignada en la aplicación presupuestaria 18.05.422 A.482 de los Presupuestos, por un importe de 6.623.227.000 pesetas", para el pago de profesores de EGB. En el mismo documento, Educación añade que, sin embargo, "algunas sentencia firmes de Juzgados y Tribunales de lo Social condenan al referido ministerio al pago de ciertas cantidades correspondientes a 1998". "Con el objeto de determinar las causas de las obligaciones que ponen de manifiesto dichas, sentencias, se está procediendo a llevar a cabo las actuaciones de verificación oportunas", añadía el escrito oficial. La ministra Pilar del Castillo dijo ayer que no conocía los hechos en detalle y que quería "hacer acopio" de información y datos antes de emitir una opinión o señalar las medidas que adoptará su departamento.

Fuente: Juan G. Bedoya para el Diario El País, 10dic02