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02dic02
La Justicia condena en varias sentencias la actitud "antisindical" de Educación.
Aluvión de sentencias contra la Consejería de Educación por su actitud "antisindical"
La Administración canaria acumula ocho fallos condenatorios, tres de ellos favorables al profesor de religión Rafael Ramírez, despedido el 30 de septiembre de 2001.
El juzgado de lo social número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias a indemnizar a Rafael Ramírez Santana, profesor de Religión y Moral católica y delegado del Comité de Empresa de Intersindical Canaria (IC), al pago de 3005 euros, medio millón de pesetas, por vulnerar la libertad sindical del trabajador.Con esta sentencia la Administración Educativa canaria suma ocho sentencias condenatorias y la tercera a favor de Ramírez.
Sin embargo, este no es el único caso que evidencia la actitud "antisindical" de la Consejería que dirige José Miguel Ruano.El sindicato ha puesto sobre la mesa numerosos ejemplos de profesores de religión "represaliados por la Consejería". Así, Francisco José Mira,Araceli Gómez, Nereida Díaz y Margarita Pérez también cuentan en su haber sentencias en firme condenatorias contra la Administración regional por hechos similares.El primero de ellos, Francisco José Mila, tras ganar una sentencia el 15 de Junio de 1998 en la que se le reconocía su condición de personal laboral indefinido, aún no ha sido ejecutada después de cuatro años.Desde que comenzó el curso, Mira no ha percibido ningún salario y la Consejería no se da por enterada.Por su parte, Araceli Gómez tras ganar la sentencia por despido nulo el 26 de Abril de este año, ha sido despedida por segunda vez y se halla a la espera de cobrar el salario de tramitación.En las mismas condiciones se encuentra Nereida Díaz, cuyo despido fue anulado el 17 de julio y el salario de tramitación abonado no coincide con lo que marca la ley.A estos casos hay que añadir el de la educadora Margarita Pérez, a quién la ley ha dado la razón el 27 de marzo por este mismo concepto.El denominador común de los despidos según ha denunciado STEC es la pertenencia de los profesores a esta organización en cuyas funciones han destacado por la defensa activa de los derechos laborales de los docentes que imparten religión en Canarias.Los profesores de enseñanza religiosa tienen desde el 1 de Enero de 1999 la consideración de personal laboral según el artículo 93 de la Ley de 30 de diciembre de 1998.Por tanto, han dejado de tener la categoría de profesores especiales para pasar a estar vinculados a la Consejería de Educación.La organización sindical asegura que la Consejería no tiene la intención de cesar en su posición "dominante" y cree que a pesar de las sentencias en su contra "no parece haber aprendido la lección".En el caso de Rafael Ramírez, el sindicato además está barajando la posibilidad de entablar acciones penales contra el Obispado de Canarias por su actitud en el conflicto y por su "demostrada beligerancia" en este asunto.
La Justicia declara nulo por tercera vez el despido de un docente
Se da la circunstancia de que Rafael Ramírez atesora tres sentencias favorables de la justicia. El pasado mes de octubre el Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria número 5 y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitieron dos sentencias condenando a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a indemnizar con 90.151 euros (15 millones de pesetas) a Rafael Ramírez por atentar contra el derecho a la libertad sindical.
La primera de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria se declara la nulidad del despido del demandante producido el 30 de septiembre de 2001 que obliga a la Consejería a la readmisión inmediata del profesor "en idénticas condiciones que regían antes de producirse aquel, así como al abono de los salarios de tramitación hasta la efectiva readmisión". El documento establece el pago de 77,53 euros diarios durante el periodo comprendido entre el despido y la readmisión, así como el pago de una indemnización de 60.101 euros por daños contra la libertad sindical. En esta misma sentencia se considera al Obispado de Canarias como responsable solidario y condena a las instituciones a pagar al profesor. La segunda sentencia emitida por el TSJC condena igualmente a la Consejería al pago de 30.050,61 euros (unos 5 millones de pesetas) por considerar que, antes del despido, en el curso 2000-2001 se repitieron hechos atentatorios contra la libertad sindical del educador. Con las sentencias en la mano la organización sindical ha exigido en reiteradas ocasiones la dimisión de José Miguel Ruano, consejero de Educación, y la asunción de responsabilidades por parte del equipo de la Consejería, responsables en última instancia de la situación que padece Ramírez.
Fuente: Mercedes Ramos, La Gaceta de Canarias, Las Palmas de G.C., 2dic02.
Cinco profesores de religión se ven beneficiados por ocho sentencias judiciales.
La Consejería de Educación del Gobierno canario acumula ocho sentencias condenatorias por actitud "anti-sindical" en el despido de profesores de religión, tres de ellas a favor de un mismo docente, que ha ganado un nuevo pulso con el departamento que dirige José Miguel Ruano, el cual ha sido condenado a pagar 3.005 euros al profesor que presentó el recurso.
Los cinco profesores de Religión que han ganado sus recursos en contra del despido promovido desde la Consejería han ganado su pleitos, todos ellos fruto de las represalias y la actitud anti-sindical de la Consejería, según estiman las sentencias en sus textos condenatorios.
En estas sentencias subyace la defensa realizada por estos maestros de sus derechos frente al Obispado de Canarias y la Consejería ante los problemas que están surgiendo alrededor de este gremio del profesorado. En el caso de uno de los docentes, se está planteada incluso la posibilidad de llevar al Obispado por la vía penal por su actitud en el conflicto y por su "demostrada beligerancia" en este asunto.
Los profesores de enseñanza religiosa tienen desde 1999 la consideración de personal laboral, por lo que han dejado de ser profesores especiales como eran anteriormente.
Fuente: La Gaceta de Canarias, El Mundo, Edición Las Palmas, Lunes 02dic02.
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