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01jun05
Una acusación popular cree 'irresponsable' recurrir la sentencia porque puede beneficiar a Scilingo
El abogado Antonio Segura, que ejerció la acusación popular en nombre de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid (AAPDH-M) en el juicio contra Adolfo Scilingo, aseguró hoy que no recurrirá la sentencia dictada el pasado 19 de abril por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional porque, a su juicio, es una 'irresponsabilidad' que puede beneficiar al ex represor, que fue condenado a 640 años de prisión por un delito de lesa humanidad.
'Jurídicamente estamos ante una sentencia intachable e irrebatible y como acusación no la vamos a recurrir porque en ella se ha recogido el 99 por ciento de nuestras peticiones (...) y si nos arriesgamos a hacerlo podemos perder ese 99 por ciento y quedarnos sólo con el 1 por ciento', afirmó Segura esta mañana durante un desayuno de trabajo organizado por el Club Internacional de Prensa.
Para la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid se trata de una sentencia que no debe ser recurrida ante instancias superiores por las partes acusadoras en cuanto al tipo jurídico aplicado. 'Quien así actuara, incurriría en un error de importantes consecuencias, tanto de fondo como de forma', aseguró la AAPDH-M en un análisis sobre la sentencia del caso Scilingo.
En este sentido, afirmó que los crímenes contra la humanidad gozan 'del máximo reproche moral', por ser crímenes que atentan contra la conciencia común de la humanidad y por ese motivo este tipo penal 'es el que mejor satisface el derecho a la justicia de las víctimas de este tipo de actos'.
Lesa humanidad versus genocidio.
Sin embargo, el abogado Carlos Slepoy, que ejerció la acusación popular en nombre de la Comisión de Solidaridad con las Familias de desaparecidos y muertos en Argentina (COSOFAN) aseguró días después de conocerse la sentencia que sí presentarían un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar imponer a Scilingo una mayor responsabilidad penal por su actuación en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros de tortura de la dictadura.
'Esta parte cree que Scilingo también debería ser condenado como autor o cómplice en el resto de desapariciones, en las que habría colaborado desde su puesto en la ESMA. Igualmente, en el recurso se argumentará que los hechos probados por la Audiencia Nacional deberían haber sido calificados de genocidio, en vez de delitos de lesa humanidad', consideró entonces Slepoy.
Segura considera que en el caso de la dictadura argentina es más ajustado a derecho referirse a delito de lesa humanidad, que definió como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, mientras que el genocidio se trata de un plan sistemático para eliminar a un grupo por razones étnicas, raciales o religiosas algo que, en su opinión, 'no ocurrió en Argentina'.
Sobre la polémica, la AAPDH-M asegura que la elección del delito de lesa humanidad sirve para impedir que el acusado eluda la acción de la justicia al utilizar la tipificación apropiada tanto en derecho internacional como en derecho interno español, y porque al estar fundamentada en el derecho penal internacional contribuye a sentar jurisprudencia para el enjuiciamiento de otros responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Confirmacioó del Supremo.
En este punto, el abogado consideró que aunque otras acusaciones populares han expresado su intención de recurrir ante el Supremo, decisión que calificó de 'complicada y riesgosa de hacer', al final no cree que lo formalizarán. 'Me parece que sólo va a recurrir el abogado de Scilingo y nosotros ya estamos preparados para impugnar cualquier recurso', añadió.
Segura insistió en alabar la sentencia de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional y confió en que sea confirmada por el Tribunal Supremo. 'Me parece tan buena la sentencia, que está tan bien argumentada y que la situación del Supremo es tan delicada, que no creo que vayan a dar marcha atrás en esa línea. Veía peligro en la Audiencia Nacional, pero ahora en el Supremo no', subrayó.
En tono irónico, el abogado se mostró convencido de que 'hasta el propio Scilingo está contento' con una sentencia que es 'histórica y ejemplar' no sólo para Argentina sino también para otros países de Latinoamérica que vivieron 'situaciones similares', según explicó Segura, quien destacó que es la primera vez que se utiliza en España el Derecho Internacional para conocer sobre Derechos Humanos.
Por último se refirió a la polémica que se generó por las condenas solicitadas para el ex represor. Mientras la fiscal Dolores Delgado pidió 9.138 años de prisión como autor de delitos de genocidio y terrorismo, las acusaciones particulares y populares solicitaron un total de 6.626 años. 'Lo importante no es el número de años sino que hubiese una sentencia y que se acabase con la impunidad', sentenció.
Caso Cavallo.
El caso de Scilingo ha sentado un precedente y todo parece indicar que el juicio contra el segundo de los ex represores de la dictadura argentina encarcelados en España, Ricardo Miguel Cavallo, será de características similares, según explicó Segura, quien vaticinó que comenzará 'a final de año o principios de 2006'.
'La instrucción ya está acabada y desde el punto de vista de prueba es mucho más fácil que en el caso de Scilingo. Ahora estamos esperando que nos citen para la vista oral. Entendemos que se puede alargar todavía un poco, pero creo que a finales de año o principios de 2006 nos citarán', añadió Segura.
Cavallo, que está acusado por el juez Baltasar Garzón de los delitos de genocidio y terrorismo, fue detenido en México en agosto de 2000 y posteriormente extraditado a España después de que se dictara un auto de procesamiento contra él por el secuestro y torturas de al menos 20 personas y el asesinato de otras cinco.
En dicho auto se afirmaba que Cavallo perteneció a los grupos de tareas de la ESMA, en la que desaparecieron o fueron ejecutadas 227 personas y otras 110 fueron secuestradas y liberadas previo sometimiento a torturas. Además, mientras Cavallo estuvo en la ESMA, fueron retenidas en sus instalaciones 16 mujeres embarazadas, de las que se desconoce tanto su paradero como el de sus hijos.
[Fuente: Terra Actualidad, Agencia Europa Press, Madrid, 01jun05]
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