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13abr05
La defensa de la causa ESMA confía en la declinatoria de competencia por parte del Juzgado de Instrucción español.
La Defensoría General de la Nación, a cargo del abogado riojano Miguel Romero, se apresta a sufrir un colapso por citaciones masivas en la causa de la ESMA. El oficio que librará el juez federal Sergio Torres ( previsto para mañana), conforme al requerimiento que le hizo el fiscal Jorge Taiano, contiene más de 200 marinos entre oficiales y suboficiales que pasaron por la ESMA, así como también las cúpulas de la Armada que tuvieron responsabilidad en la cadena de mandos.
Los convocados por la Justicia federal para declaración indagatoria serán sometidos a la rutina de la citación con la amenaza a los remisos de ser llevados ante el juez por la fuerza pública. Tras conocer la iniciativa del juez federal, en la Defensoría volvieron los inconvenientes por razones de conciencia que aducen algunos letrados que no desean patrocinar a acusados de violación de derechos humanos. Sea por conveniencia política o genuina convicción, lo cierto es que disminuirá sensiblemente el padrón de defensores que estarán disponibles para atender a más de 200 hombres de la Armada.
Si las comunicaciones oficiosas funcionan como ocurrió durante la crisis con el vicario castrense, José Pampuroministro de Defensa, está al tanto de la que vendrá por la defensa de los nuevos marinos detenidos.
Golpe de efecto.
El juez Torres, un magistrado de bajo perfil, en línea con su afición al buceo deportivo, producirá con la citación masiva un golpe de efecto como hace tiempo no se ve en los expedientes relacionados con los presuntos crímenes cometidos en la ESMA. No será por el contenido ya que no hay hechos novedosos que investigar -ya se agotó todo en el juicio a las Juntas y más de un defensor sostiene que son «cosa juzgada»- sino por la cantidad de convocados.
¿Hubo alguna señal política que guió al fiscal y al juez? La incógnita no tiene fácil resolución. Se mezclan rumores tribunalicios que dan cuenta de una operación para poner en evidencia la debilidad del sistema de defensores oficiales, más bien del defensor general Romero. Una vacante apetecida que goza del mismo estatus y poder equivalente que el de procurador general desempeñado por Esteban Righi.
El magistrado Torres ya había tenido su momento con las agrupaciones y lobby de los derechos humanos a través de una medida dictada en la misma semana de conmemoración del 29° aniversario del último golpe de Estado: resolvió la inconstitucionalidad de uno de los diez decretos de indulto con los que Carlos Menem benefició, entre 1989 y 1990, a los principales jefes que encabezaron ese gobierno militar y a los jefes de las organizaciones guerrilleras. Ese fallo de Torres modificó la situación procesal de dos vicealmirantes, Antonio Vañek y Julio Torti.
Ahora -con 200 detenidos- se asegura un lapso de sosiego en el expediente que aún tiene sin resolver aspectos de mayor voltaje político: la declinatoria de competencia del juez español Baltasar Garzón que procesó al marino Ricardo Cavallo y, como resultado, el regreso al país para que sea juzgado en tribunales federales.
Buena parte (o la totalidad) de los 200 convocados a indagatoria quedará en prisión preventiva si se atiene a los antecedentes que obran en el expediente de la ESMA, ya tiene presos a una treintena de marinos y prefectos. Desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en una polémica medida del Congreso -que aún no cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia- los juzgados de Sergio Torres y de Rodolfo Canicoba Corral acumulan nombres y expedientes de centenares de ex militares (¿habrá también militares en actividad?) en dos causas testigo: la ESMA y la del Cuerpo I del Ejército. Si la costumbre de actuar por imitación impulsa acciones en igual sentido en la causa del Cuerpo I, habrá citaciones masivas también en el Ejército Argentino.
Protección.
El país tiene en el sistema jurídico la figura del defensor oficial para aquellos que no puedan o no quieran pagar un abogado. De esa manera se protegen los derechos a una defensa en juicio y no se paralizan las causas por falta de una de las partes. En el registro figuran 187 defensores oficiales para todo el país. Y por la fama de competentes en la materia o por la tradición de «ganadores» en causas complicadas, nunca les falta trabajo. Por caso, Perla Martínez de Buck representa a María Julia Alsogaray, el terrorista Enrique Gorriarán Merlo también dispuso del patrocinio con cargo al Estado de Carmen María de la Vega. Ahora, Rodolfo Catinelli y Mariano La Rosa verán incrementados sus defendidos en progresión geométrica con los citados por Torres.
[Fuente: Ambito Financiero, Bs As, 13abr05]
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