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05ene05
La Comisión de la Dignidad acusa al Consell de no facilitar el inventario de los documentos.
La Comisión de la Dignidad de Valencia, creada en 2002 con el objetivo de reclamar la devolución del patrimonio de la Comunidad Valenciana depositados en el Archivo de Salamanca, acusó hoy al Gobierno valenciano de "no poner a disposición de los interesados el inventario que tiene de la documentación valenciana secuestrada" en la citada institución, según informó el miembro de la Comisión Josep Guia, quien manifestó su "satisfacción por la acción de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, al hacer suya la decisión del comité de expertos favorable a la restitución de la documentación expoliada por las tropas franquistas al final de la Guerra".
Esta organización criticó la "actitud del Consell, sumisa y sometida a aquellos que todavía se consideran herederos de los sublevados fascistas en 1936" y recordó que la Ley de Patrimonio Valenciano "obliga a la Generalitat a reclamar los bienes culturales valencianos para ponerlos a disposición de los ciudadanos" e informó de que hasta ahora 45 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana han aprobado mociones a favor del retorno de los documentos del Archivo de Salamanca, "en ocasiones con los votos decisivos de concejales del PP".
La Comisión de la Dignidad instó a los ayuntamientos y entidades "afectadas por el expolio" a iniciar los procedimientos administrativos de reclamaciones concretas de "los documentos que les corresponden". "Este es un camino que nos ha de llevar a la plena restitución de documentos. Corregir el desmantelamiento de los archivos republicanos de todos los territorios leales a la República será altamente positivo para todos", añadieron las mismas fuentes.
A juicio del miembro de la comisión y profesor de la Universitat de València Josep Guia la decisión del Gobierno central es "un paso importante hacia la recuperación de la normalidad democrática del Estado, ya que se ha conseguido el reconocimiento del derecho a la legítima potestad y al retorno del patrimonio documental expoliado a nuestro pueblo y a sus instituciones".
Guia aseguró que "esta puerta para el retorno sólo será coherente si comprende la repatriación íntegra". En su opinión, "cabe esperar que la fórmula a la que se ha llegado, aunque no tiene la amplitud deseada, sea respetada plenamente y sin restricciones por el Gobierno".
Las mismas fuentes recordaron que "los documentos expoliados están en Salamanca, pero no son de Salamanca, por lo que las autoridades castellanas no tienen ninguna legitimidad para intervenir".
La Comisión de la Dignidad destacó la "necesidad de hacer pedagogía para explicar las razones sin crispaciones" y denunció que "algunos dirigentes de la derecha de Salamanca y de Castilla y León han ocultado información a sus ciudadanos".
[Fuente: Valencia, 05ene05]
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