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08dic12


Valencia, en venta por derribo


La puesta en venta del complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz, en Alicante, el proyecto emprendido por la Generalitat valenciana para crear una especie de estudios de Hollywood a la española, representa el último portazo a toda una era del PP valenciano emprendida en 1996 por el expresidente Eduardo Zaplana y continuada, después, por su sucesor Francisco Camps.

De los días de vino y rosas, de los grandes parques temáticos y las carreras de Formula 1 a los tiempos del rescate del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de las penurias para cumplir con los objetivos de déficit, Alberto Fabra ha tenido que recorrer en menos de un año un penoso camino que ha situado el cartel de "se vende" en casi todas las grandes infraestructuras que hace no mucho fueron la seña de identidad de una comunidad que destacaba por su apuesta decidido por el turismo y el ocio… Al precio que fuera. De Terra Mítica a la Ciudad de la Luz, pasando por el millonario contrato con Bernie Ecclestone para alojar uno de los grandes premios de la Formula 1, sin olvidar la Ciudad de las Artes y las Letras o Canal Nou. La Comunidad Valencia es hoy una tierra en venta por derribo en la que, como un castillo de naipes, han ido cayendo todos los proyectos emblemáticos.

La última puntilla la anunció el pasado miércoles la ya ex consejera de Turismo Dolores Johnson con la venta "en un proceso abierto" de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz en la que el Gobierno valenciano valorará "la mejor oferta económica". Una decisión que llega después de la Comisión Europea declarase ilegal, tras la denuncia de unos estudios británicos, la concesión de una ayuda pública por parte del Consell de 265 millones de euros para el complejo alicantino y que ahora Ciudad de la Luz deberá devolver prospere o no el recurso que ha presentado la Generalitat.

La externalización del complejo, que será tutelada por la Comisión Europea, supondrá finalmente la venta de todas las instalaciones (los estudios, la escuela de cine y los terrenos), dado que la decisión de Bruselas complica su viabilidad. Según el Gobierno regional, una veintena de empresas ya han mostrado su interés, aunque Johnson no dio más detalles sobre los posibles compradores.

Terra Mítica

El giro copernicano emprendido por el Gobierno de Alberto Fabra con respecto a las grandes infraestructuras de ocio que levantaron sus predecesores tiene un nombre: proceso de reordenación de proyectos estratégicos. El Ejecutivo de Fabra lo puso en marcha el 9 de diciembre del año pasado para lograr, según se explicó entonces en un comunicado, la "sostenibilidad de los proyectos iniciados o terminados ahorrando costes, incorporando la iniciativa privada, reduciendo deuda pública y adaptando los objetivos a las complejas circunstancias económicas actuales".

La primera víctima fue Terra Mítica, el parque de atracciones basado en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo impulsado por Zaplana en Benidorm. En junio, la Generalitat se deshizo de todas sus acciones en el complejo tras 14 años inyectando fondos al parque a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV).

En concreto, y en acuerdo con la CAM, Bankia y el Banco de Valencia, la Generalitat vendió su participación del 22,31% mientras que Aqualandia, una empresa de referencia del sector, por su lado, realizó una inversión de inversión global de 65 millones de euros, lo que suponía la completa liquidación de la deuda viva del parque. Con ello, SPTCV, y por tanto la Generalitat, canceló una deuda histórica de 45 millones en préstamos concedidos en los últimos años a Terra Mítica.

Compartir la Formula 1

De la época de vacas gordas todavía quedan facturas difíciles de asumir en las actuales circunstancias. Y una de ella, suscrita por Francisco Camps con Bernie Ecclestone es una buena muestra. El contrato firmado con la Formula 1 liga a Valencia con el GP de Europa hasta el año 2014 con un canon que ronda los 28,4 millones anuales. Ecclestone ha accedido a rebajar sustancialmente la tarifa de participación de Valencia en 2014, por lo que la firma de un nuevo contrato conllevaría la rescisión sin penalización del acuerdo actual.

Mientras tanto, el quebradero de cabeza está a punto de solucionarse a través de un acuerdo entre administraciones que cuenta con el visto bueno del patrón de la Formula 1. A partir de 2013, Valencia se alternará con Cataluña y con el circuito de Montmeló para servir de escenario a la carrera. El canon que paga Cataluña ronda los 24 millones de euros y, de esta forma, a falta de cerrar los últimos detalles de la operación, Barcelona y Valencia quedarán exentas del pago correspondiente en el año que no les toque. De la misma forma, los beneficios de la venta de entradas, patrocinador e impacto económico irían a parar en exclusiva a la administración anfitriona.

El fin de Bancaja y nueva etapa en Canal Nou

El naufragio de la comunidad también se ha llevado por delante a una de sus entidades financieras más emblemáticas. Bancaja, que con 134 años de historia a sus espaldas se ha convertido, por imperativo legal, en una fundación de carácter especial que gestionará solo la obra social de la antigua caja de ahorros. Fue creada en 1878 por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que fundó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia.

La que fuera tercera caja de ahorros de España y accionista de referencia del Banco de Valencian ha desaparecido en el fracaso que supuso su integración en Bankia. El proceso de creación de la fundación queda ahora en manos de una comisión gestora dependiente de la Generalitat, que culminará la transformación. La Fundación cuenta con un presupuesto de 16,3 millones para 2012 dedicados, principalmente, a acciones de apoyo social a colectivos vulnerables y a la formación y fomento del empleo juvenil.

En esta política de austeridad a rajatabla y de recortes se engloba también el durísimo ajuste que la Generalitat ha impuesto en Radio Televisión Valenciana (RTVV), que redimensionará su estructura hasta quedarse con un cuarto de su tamaño. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se está ejecutando afecta a 1.198 trabajadores, el 71% de la plantilla. El canal autonómico, al igual que le ocurre a otras televisiones como TV3 y Telemadrid, sumaba más personal que Telecinco, Antena 3 y La Sexta juntos, mientras que su deuda se sitúa en torno a los 1.300 millones de euros.

La intención de la dirección es mantener una plantilla de no más de 480 trabajadores que compensen las pérdidas de 300 millones anuales y la pérdida continuada de audiencia. El coste de este expediente de regulación se sitúa en unos 40 millones de euros, una cifra superior en casi dos millones a la inicialmente prevista por las mejoras en los despidos introducidas a última por los consejeros de RTVV: una ayuda económica de 400 euros mensuales durante un periodo de medio año a los despedidos de entre 45 y 62 años.

[Fuente: Por Daniel Forcada, El Confidencial, Madrid, 08dic12]

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