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10ene05
Respuesta al Gobierno.
El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca conserva documentación confiscada durante el franquismo de un total de 188 poblaciones de la Comunidad Valenciana.
De estos municipios, 38 han aprobado en sus ayuntamientos mociones para exigir la devolución de este material. La Generalitat Valenciana, sin embargo, se ha negado a reclamar los legajos, después de que el PP en las Cortes manifestara la voluntad de exigir el retorno.
El Gobierno socialista, por su parte, sólo ha aceptado devolver los documentos pertenecientes a la Generalitat de Cataluña, arguyendo que sólo esa institución tiene legitimidad para recibirlos al ser propietaria de los papeles y estar constituida en la época del expolio, estableciendo un corte de dudoso criterio. Dudoso porque presenta una lectura reduccionista del informe elaborado por el Comité de Expertos -y acaso vulnera su espíritu o contenido-, porque choca con la recomendación de la Unesco que pide la devolución de los botines de guerra y porque restringe y parcela el «proceso de expolio documental», dejando fuera a municipios, particulares e instituciones de Baleares, Aragón, Euskadi o la Comunidad Valenciana.
Ante el enroque del Gobierno y su negativa a negociar otras devoluciones al margen de la Generalitat catalana, no soprendente que partidos como Izquierda Unida hablen de «privilegio» y «discriminación», que la Comissió de la Dignitat recuerde que la voluntad de reclamar documentos no prescribe por más que los gobiernos autonómicos -entre ellos el Consell- eludieran en su día la petición o no disfrutaran de estas instituciones en el período de la República y el mismo PSPV haya plantado cara a la decisión del Gobierno socialista, exigiendo los legajos.
[Fuente: Levante, 10ene05]
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