 | Este documento ha sido publicado el 05jun04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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octubre de 2003
Anulación de los juicios sumarísimos del franquismo: al PP le pesa el pasado.
Amparo Valcárce García.
En el año en el que se conmemora el 25 aniversario de la Constitución los socialistas han querido que el espíritu de concordia de la misma se reflejara adoptando un medida de reformazimiento democrático como es la anulación de los juicios sumarios y consejos de guerra que se siguieron contra tantos españoles durante la guerra civil y el franquismo. El PP se quedó solo rechazando esta medida en el Congreso.
En todos los países de nuestro entorno político y cultural, donde los totalitarismos tienen un convencido rechazo institucional, además de ciudadano, es habitual el reconocimiento y recuerdo para las víctimas mediante museos o monumentos permanentes, o bien celebraciones mediante actos de afirmación democrática.
Es el caso de alemania, que habiendo sufrido, desde 1933 a 1945, la dictadura nazi que sometió a muchos ciudadanos alemanes y no alemanes a la persecución ideológica y racial y perpetró los crímenes más horrendos, promulgó en 1998
la "Ley de derogación de fallos insutos" para anular las sentencias infames y vejatorias promulgadas por tribunales ilegítimos durante la dictadura hitleriana.
En España, conmemoramos este año el XXV aniversario de la Constitución Española, y los socialistas hemos querido que el espíritu de concordia de nuestra constitución se reflejara adoptando, entre otras, una medida de reforzamiento democrático como es la condena de la represión durante la guerra civil y el franquismo que sufieron tanto españoles y que aún hoy permanece viva en los juicios sumarios y consejos de guerra que se siguieron contra ellos.
Para ayudar a reparar tanta iniquidad y como reconocimiento moral hacia las víctimas, hemos pedido en el Congreso de los Diputados que el Gobierno facilite "el acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la guerra civil depositados en los archivos civiles y militares, mediante la catalogación y conservación adecuada de los mismos, en cooperación, en su caso, con las comunidades autónomas. además proponemos que por ley se reguele el procedimiento de anulación, tanto de oficio como a instancia de parte, de todas las sentencias o resoluciones dictadas durante y después de la guerra civil en juicios sumarios por juzgados, tribunales u otros órganos, fundadas en motivos políticos, sociales o ideológicos, con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, con retorsión de normas y tipos aplicables o en aplicación de normas dictadas al efecto e infracciones absolutas de procedimientos".
Todos los grupos políticos apoyaron al PSOE salvo el Partido Popular, que rechazó esta proposición no de ley el pasado 10 de septiembre, quedándose absolutamtne sólo, y es que el PP tiene miedo a la memoria, porque le pesa el pasado.
No podemos por dignidad, no podemos por lección moral de la historia, permitir que en esos archivos y en esos sumarios, pueda mantenerse todavía viva la infamia contra quienes han sido perseguidos, contra quienes han sido ofendidos y a quienes, al parecer, pretenden que olvidemos.
Nosotros pedimos la anulación de esos sumarios, la anulación de esos consejos de guerra que se hicieron vulnerando las leyes, los principios de libertad, democracia y los derechos fundamentales de las personas, que se hicieron sin garantía, aplicando normas que vulneraban la Constitución vigente, que se hicieron por autoridades y tribunales que eran injustos.
Desde el mismo día del golpe militar fascista, del 18 de julio de 1936, Franco y los sublevados procedieron al enjuiciamiento sumario de las organizaciones políticas representativas de la República, y también de sus dirigentes, por hechos ocurridos desde octubre de 1934.
También se procedió a la depuración de todos los órganos y organismos del estado, especialmente alcaldes y concejales, ello alcanzó a los militres republicanos en su totalidad, a muchísimos maestros, intelectuales, científicos..., y ello sin perjuicio de proder ser procesados por otros hechos y ante las jurisdicciones especiales que se fueron creando, aplicándoseles la Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, el Decreto de 17 de noviembre de 1936 de Jurisdicción y Justicia Militar (Restablecimiento de Tribunales de Honor), la Ley de 1 de enero de 1940 de Jurisdicción antimasónica y anticomunista y el Decreto de 26 de abril de 1940 de instrucción de la "Causa General" sobre los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la "dominación roja".
Luchadores por la libertad y la legalidad.
No podemos convertir a los ofendidos en olvidados, esos ofendidos que fueron acusado de rebelión cuando se mantuvieron fieles a la República, a las leyes, aquellos que vieron vulnerados sus derechos fundamentales, que perdieron la libertad, incluso la vida, que fueron perseguidos, que fueron depurados.
Eso les sucedió a muchos sobre todo a los militantes del PSOE, de la UGT y de las Juventudes Socialistas, pero no sólo a los partidos políticos (comunistas, cenetistas, ...) no sólo al presidente de la República, no sólo al primer ministro..., No sólo a Besteiro, no sólo la Companys, también afectó a otros: Miguel Hernández, Pedro Durruti, Julián Sánchez Vázquez, José Vieitez de Soto, Consuelo Gonzalo de María, Juan Lorenzo Alcalde, Clara Campoamor, Nicostrato Vela, el capitán Juan Rodríguez
Lozano..., y así hasta centenares de miles de españoles.
Así, en el salón de sesiones de la Diputación de León fueron juzgados el 4 de noviembre de 1936 y fusilados el 21 de noviembre de ese mismo año, en el polígono de Puente Castro, las autoridades republicanas más importantes de la provincia: el gobernador civil, Emilio Francés; el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto; el alcalde de León, Miguel Castaño; el alcalde de Ponferraeda, Juan García Arias; el alcalde de Astorga, Miguel Carro; el presidente del Frente Popular, Félix Sanpedro; el líder del sindicato minero, Antonio Fernández.
Y así sucedio en muchos pueblos, ciudades y provincias de España.
Algunos párrafos del sumario que se abrió a Manuel Azaña, porque incluso la crueldad llegó a mantener un sumario después de que el presidente Azaña hubiese muerto en el exilio, nos aleccionan sobre aquella infamia, en el sumario que nadie ha anulado todavía, se contienen acusaciones como las que siguen: de Azaña dice su acusador: "Siendo uno de los principales agentes y propulsores que con sus oscuras actuaciones consiguieron el cambio de régimen con todos sus horrores. Su actuación, funestísima y demoledora para España, vertiendo en las multitudes el germen de desolación y anarquí, que dieron por fruto las abominaciones de sangre, robo y destrucción que todos lamentamos". Y termina señalando: "Creó tal estado social de crímenes que Dios, en su infinita misericordia, inspiró a nuestro ínclito caudillo la misión de salvar a España".
Quienes tantas veces citan a Azaña, como es el caso de Aznar y ultimamente Rajoy, que no lo hagan tomando su nombre en vano, ya que pemiten que esta iniquidad y toda la violencia e indignidad que se produjo contra tantos españoles, contra tantas españolas, hombre y mujeres de bien, aún se mantenga viva en esos sumarios. Los socialistas queremos que aquella infamia no permanezca sin reparación ni un día, ni un minuto, ni un segundo más.
[Fuente: Amparo Valcárce García, diputada por León, publicado en El Socialista, Comisión Ejecutiva del PSOE, octubre de 2003]
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