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07feb07
Una experta en derecho constitucional y un secretario de Estado se perfilan como sustitutos de Tremps.
"El daño a la institución ya está hecho; aquí está la politización final de la Justicia". De esta forma se expresaba ayer una fuente del Tribunal Constitucional después de que la mayoría conservadora de esta institución aceptara el lunes la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps que le impedirá intervenir en las deliberaciones sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña.
El recusado reconoció que se plantea presentar su dimisión. A partir de ahí, los especialistas del ramo comenzaron a elaborar sus quinielas. Porque, en ese caso, el Gobierno podría nombrar a otro experto en su lugar, ya que Pérez Tremps fue nombrado dentro del cupo que corresponde al Ejecutivo junto al magistrado Manuel Aragón. De esta forma, se regresaría a una mayoría del Constitucional de seis magistrados de línea conservadora frente a seis progresistas para deliberar sobre la reforma catalana.
Diversos especialistas consultados enfatizan que el Gobierno está obligado a nombrar un sustituto en caso de dimisión de Pérez Tremps, ya que la Constitución consagra que dos miembros del Alto Tribunal serán elegidos por el Ejecutivo y éste tiene el deber de integrar un órgano constitucional del Estado.
Varios son los nombres que circulan como posibles candidatos al puesto. Encabeza las quinielas Paloma Biglino, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, cuyo nombre ya sonó en 2004 como candidata al TC. Bien posicionada ante el PSOE de Castilla y León, Biglino es una especialista que tiene una opinión autónoma. Por ejemplo, declaró que no veía obstáculos para que el PP propusiera un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña en toda España, como este partido pretendía hace un año.
Otro de los candidatos es Francisco Caamaño, el actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Caamaño ha sido el negociador en nombre del Gobierno de todas las reformas estatutarias y goza de la confianza de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Sin embargo, sería un especialista que estaría contaminado para poder dilucidar sobre el Estatut catalán y, por lo tanto, un blanco fácil para el PP.
Un tercer candidato que se baraja en el mundo académico es Luis Aguiar, vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Este experto se negó a votar un dictamen de CGPJ sobre la reforma del Estatut porque no había sido pedido por el Gobierno.
En el mundo del Derecho hay distintas familias, como ocurre en otras ramas de investigación académica. Y en la órbita del PSOE hay dos escuelas: la encabezada por Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, y la formada por Juan Fernando López Aguilar y Luis López Guerra, el ministro de Justicia y su secretario de Estado. Tanto Biglino como Caamaño pertenecen a la primera escuela, mientras que Aguiar y Pérez Tremps forman parte de la segunda.
Es más, Pérez Tremps fue nombrado en 2004 magistrado del Constitucional de rebote. Entonces, su nombre sonaba como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero la pugna entre ambas familias provocó que José Luis Rodríguez Zapatero optara por un no adscrito –José Álvarez Junco- y nombrara a Pérez Tremps en el Alto Tribunal, junto a Aragón, de la rama de Rubio Llorente.
Salidas complicadas
"Todas las salidas de este caso son complicadas", sentencia una fuente socialista al entender que tanto si Pérez Tremps no dimite como si renuncia al cargo, José Luis Rodríguez Zapatero queda en una situación de debilidad. Los más molestos son los aliados catalanes, que hablan de descrédito de las instituciones y se preguntan para qué se convocó un referéndum en Cataluña el pasado junio si, al final, el texto será modificado con la ayuda de un solo voto de un magistrado del Constitucional que responde a la política partidaria.
En fuentes políticas catalanas se acusa al PSOE de "temeridad" por no haber previsto con antelación la dimisión de Pérez Tremps. En concreto cuando, en noviembre pasado, este partido recusó a la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, debido a que su marido, Jesús Leguina, había elaborado un estudio sobre la reforma estatutaria que, al igual que en el caso del ahora recusado, fue encargado por el Gobierno de CiU en 2003.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 07feb07]
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