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28ene15

El juez imputa a los 78 directivos que usaron las tarjetas 'B' de Caja Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a otros 78 usuarios de las tarjetas opacas ("B") de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y ha llamado a declarar el próximo mes de febrero a 27 de ellos. Precisamente este miércoles se han conocido nuevos correos aportados por el FROB a la Fiscalía que ilustran el expolio al que se sometió a Caja Madrid y Bankia.
En un auto dictado este miércoles, el juez imputa genéricamente a todos ellos por un delito de administración desleal, que afectaría a 27 antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia a los que cita a declarar entre el 16 y el 18 de febrero, o bien por otro de apropiación indebida, que se podría atribuir a todos los exdirectivos que hicieron uso de las tarjetas.
El juez constata que "la utilización de las tarjetas no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales de los disponentes, por lo que las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas deberían ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que las mismas (…) no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda pública". Por ello, el magistrado entiende que "existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por dichas tarjetas, pues (…) se aprecian numerosos cargos en compras de alimentación, de electrodomésticos, en grandes superficies, en ropa o retiradas de efectivo, por lo que ese carácter de tarjeta de empresa o de representación no se daría, atendiendo al uso generalizado dado por los usuarios".
Un total de 86 antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid han sido investigados en la Audiencia Nacional por el presunto uso fraudulento de tarjetas de empresa con las que llegaron a gastar 15 millones de euros. Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj, José Antonio Moral Santín y Matías Amat gastaron entre 45.000 y 60.000 euros anuales.
El juez cree que los imputados podrían haber incurrido en un delito de administración desleal, tipificado en el artículo 295 del Código Penal, aplicable a "los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes valores o capital que administren".
También cree que se les podría aplicar el artículo 252 del Código Penal, que castiga la conducta tipificada como apropiación indebida e impone la correspondiente pena a los que "en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido".
En su auto, el juez Andreu advierte de que "el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales, que no revistan la naturaliza de gastos de representación y que sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad alguna de limitación expresa de quien haya autorizado el uso de la tarjeta".
Con esta reflexión, el magistrado está echando por tierra la defensa de Blesa y de Rato. Ambos declararon en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. El primero optó por responsabilizar a personas y órganos inferiores. Rato simplemente insistió en que pensaba que se trataba de algo legal. Ninguna de las dos estrategias convenció al juez que decidió que cubrieran una responsabilidad civil de 16 millones, en el caso de Miguel Blesa, y de 3 millones de euros, en el de Rodrigo Rato. Y es que ninguno de los dos supo explicar cómo era posible que hubieran incurrido en tan formidable confusión sobre el uso de la tarjeta cuando según el artículo 24 de la Ley de Cajas ningún consejero podía cobrar por gastos que no estuvieran relacionados con la asistencia las reuniones de la cúpula.
Sobre la presunción de que la tarjeta pudiera considerarse un complemento retributivo, como también alegaron los exresponsables de Caja Madrid -más tarde reconvertida en Bankia- Fernando Andreu reflexiona que no entiende por qué algunos de los titulares no llegaron a utilizar su visa o por qué la mayoría no llegó a agotar el saldo que tenía asignado. Un saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una "dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho".
El expolio de Caja Madrid y Bankia
Independientemente de los argumentos esgrimidos por los implicados, siguen acumulándose las evidencias del expolio al fue sometida la antigua caja. Basta leer los correos que el FROB ha entregado a la Fiscalía y que ésta ha pedido al juez Andreu que incorpore a la instrucción de la causa. De ellos se desprende que la entidad regalaba relojes de 12.000 euros a los antiguos directivos de Caja Madrid y que, aún así, muchos no estaban satisfechos con tan generosa dádiva. En uno de los mails, fechado en agosto de 2007, el entonces secretario del Consejo de la entidad, Enrique de la Torre, comentó al director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, que Alberto Recarte quería devolver el reloj y le preguntaba "cuánta pasta" le darían si lo entregaba. Barcoj respondió: "El reloj es de cerca de 12.000 euros y que me lo envíe y yo le doy cheques regalo de El Corte Inglés".
Enrique de la Torre envió el 1 de septiembre de 2009 a su sustituto, Jesús Rodrigo Fernández, poniendo en copia a Miguel Blesa y bajo el epígrafe de 'Confidencial', un correo en el que señalaba que los miembros de la Comisión de Control de la Caja "tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación black a efectos fiscales hasta ahora". Además de explicar su cobertura, añadía que "todo ello tiene la bendición presidencial".
El 2 de enero de 2009, De la Torre protagonizó un encendido cruce de correos con su presidente y Barcoj a cuenta de su indemnización. Él pedía una cantidad millonaria a pesar de que se marchaba de la caja voluntariamente. Culminaba uno de esos correos espetando a Blesa: "Cuando te hablo de los fallos organizativos, no me refiero solo a mi patético caso, (…) ¿Sabías que algo tan delicado como las tarjetas black de los consejeros los lleva la secretaria de Medios, que con una simple llamada de mi secretaria le da los saldos y movimientos de esas tarjetas? No te extrañen luego algunas filtraciones".
Después de que los dos imputados le mostraran lo "imposible" de su pretensión sobre su indemnización, De la Torre respondió a Barcoj: "Dos cuestiones importantes que dejas caer. Si por los fringe benefits te refieres a la tarjeta Visa, te diré que contra la misma, COMO EL PRESIDENTE CONOCE, he pagado temas tales como la fianza por el recurso de IU contra los expedientes de Serrano y Castañeda". Otro de los correos incorporados es el que remitió el exconsejero Mariano Pérez Claver a Barcoj en febrero de 2009 para solicitarle que "el exceso del coche (21.800 euros) lo "deduzca del límite de la tarjeta en lugar de la variable".
Finalmente, según publicó InfoLibre, Enrique de la Torre, percibió 4,78 millones de euros al dejar la entidad.
Otro directivo, Ramón Martínez Vilches, propuso a Sánchez Barcoj en febrero de 2011 sobre su prejubilación que en vez de recibir una retribución determinada pudiera "tener mi tarjeta visa personal, límite anual de 46.000 euros durante 12 meses a contar desde mi salida, que junto al coche y la cancelación de los dos préstamos que tengo (pendiente 196. 315 euros y otro con garantía hipotecaria por 175.839 euros) sería el conjunto de compensaciones…"
En total, se trata de 14 correos que se incluyen en el informe en el que los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol han remitido al juez por considerar que son de interés para la instrucción de la pieza sobre las tarjetas opacas.
El juez Andreu pisa el acelerador
Con todas estas evidencias sobre la mesa y tras haber tomado declaración a los principales imputados, el juez ha dado un paso más y cree conveniente establecer si otros consejeros y antiguos directivos de la entidad pudieron incurrir en los delitos societario y de apropiación indebida. En el auto notificado este miércoles, Andreu convoca para el día 16 de ese mes a 10 de ellos: José Antonio Moral Santín; José María Arteta; Juan José Azcona; Pedro Bedia; Rodolfo Benito; Gerardo Díaz Ferrán; Ramón Espinar; Guillermo R.Marcos; Gonzalo Martín Pascual e Ignacio de Navasqües.
Un día después, deberán comparecer Jesús Pedroche; Alberto Recarte; José María de la Riva; Antonio Romero; Ricardo Romero de Tejada; Estanislao Rodríguez Ponga; Francisco Baquero; José Manuel Fernández Norniella; Mercedes Rojo y Virgilio Zapatero. Por último, el día 18 están citados María Enedina Álvarez; Luis Blasco; María del Carmen Cafranga; Arturo Fernández, Jorge Gómez, Javier López Madrid y José Ricardo Martínez Castro.
Además, Andreu ha decidido citar como testigos el 20 de febrero al expresidente de Jaime Terceiro, bajo cuyo mandato situó Blesa el origen de las tarjetas; a los cuatro exdirectivos que nunca las usaron, que fueron Francisco Verdú, Féliz Manuel Sánchez, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera, así como al director corporativo de Auditoría Interna de Bankia que destapó el escándalo, Iñaki Azaola. También ha llamado para ese día en calidad de testigo al que fuera secretario del Consejo, Enrique de la Torre, que fue beneficiario de una visa a la que cargó 304.818,36 euros.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 28ene15]

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