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21oct10
Empresas y Administración podrán pedir la devolución del canon tras la sentencia de la UE
Las empresas privadas y las Administraciones Públicas podrán solicitar la devolución del canon digital repercutido hasta la fecha mediante un procedimiento judicial, según el abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo.
"Lo que dice el Tribunal es que es contrario a la directiva europea aplicar ese canon a las empresas o administraciones, pero no está diciendo que la Ley, concretamente la española, sea ilegal en algún punto específico, sino la aplicación de esa Ley", asegura. Por tanto, el abogado prevé que tras el fallo no serán necesarias grandes reformas legales, que de la legislación "cambiará poca cosa". Bravo ha explicado que el pronunciamiento del Tribunal era el "esperado" y que en el caso estudiado sólo estaba en discusión si la aplicación del canon digital era legal sobre las empresas y profesionales. "La aplicación de la tasa sobre los particulares sí es coherente con la UE".
La Unión establece diferencias entre particulares y empresas porque entiende que las posibilidades del uso de los dispositivos sujetos a canon por parte de empresas y profesionales para realizar copias privadas son prácticamente nulas. Sin embargo, ha asegurado Bravo, en la sentencia se presume que el usuario particular que compra el aparato "va a utilizar todas las funcionalidades posibles de esa herramienta, incluida la grabación de obras intelectuales".
Lluvia de demandas
Cuando la ministra de Economía llevó al Parlamento los Presupuesto Generales del Estado, lo hizo en un pen drive que tenía un gravamen en concepto de canon digital. Ocurre desde hace dos años, tras la reforma instaurada por el Gobierno en 2008 en materia de derechos de autor, y sucede con todos los equipos informáticos (ordenadores, CDs, discos duros…) que se hayan comprado desde entonces en Ayuntamientos, administraciones estatales y empresas privadas.
Para Victor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas, "es algo inaceptable". Este mismo jueves el Tribunal de Justicia Europeo ha dado la razón a todos los que consideraban injusto el cobro del canon de forma indiscriminada a particulares, empresas y administraciones. Por su parte, el director general de la patronal de tecnologías Asimelec, José Peréz, aseguró tras conocer la sentencia que confía en una rápida modificación de la norma española. En caso contrario, explicó, el Gobierno se arriesga a que haya "una avalancha de procesos judiciales contra el canon".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado el canon digital que se aplica a equipos de reproducción destinados a particulares para uso privado pero ha declarado ilegal la aplicación indiscriminada a empresas y profesionales que adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada.
Bares, ayuntamientos, gimnasios, locutorios… Es difícil saber el impacto que la sentencia tendrá en España, pero, solo unas horas después de conocerse la sentencia, ya son varios los portavoces de grupos profesionales y de administraciones que han exigido que se les devuelva todo lo que han pagado en concepto de canon.
60 millones de euros en juego
Sólo en 2009, los ingresos percibidos por las agrupaciones de entidades de titulares de derechos de propiedad intelectual IBAU (Egeda, Dama y Aisge) y COPYESPAÑA (Agedi, Aie, Cedro y Sgae) fueron superiores a los 100 millones de euros. La Sociedad General de Autores Españoles (SGAE), demandada por la empresa Padawan en el caso sentenciado por el TUE, percibió 27 millones de euros gracias al canon digital en 2009, según fuentes internas de la gestora.
Pero, ¿cuánto de ese dinero procedía de gravámenes impuestos a tecnologías adquiridas por empresas privadas y administraciones? El pasado mes de mayo, el Consistorio de Castellón demandó a las gestoras la devolución de los 80.000 euros que ha aseguraba haber pagado entonces en concepto de canon digital.
Según Josep Jover, presidente de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas empresas de Informática y nuevas Tecnologías (APEMIT, el porcentaje de lo recaudado por el canon digital procedente del sector público supondría más de un 60% del total, lo que significaría, a su juicio, que en 2009 hubo un "trasvase ilegal" de 60 millones de euros de las arcas públicas a las entidades gestoras de derechos de autor. Una cifra a la que habría que sumar la tecnología adquirida por empresas privadas.
Por otra parte, y a la espera de un análisis en profundidad del fallo judicial, COPYESPAÑA e IBAU han puesto de manifiesto su disposición para "colaborar en el ajuste, si fuera necesario", del sistema actual de copia privada a las consideraciones que propone la sentencia para toda Europa.
Nada de presunción de inocencia
En cuanto a los que claman contra el canon digital alegando la presunción de inocencia, el abogado David Bravo aclara que ésta sólo tiene aplicación en el ámbito penal y que la tasa se paga "por si acaso haces una copia privada" (para uso privado sin ánimo de lucro) que es una actividad legal. Por tanto, ha afirmado Bravo, la aplicación del canon digital a los usuarios particulares ignora que éstos puedan o no copiar para uso privado.
"Lo peor del canon digital no es que sea indiscriminado, sino que básicamente se paga por nada, porque la copia privada se ha vaciado tanto de contenido que hoy en día son muy pocas las copias que se hacen que puedan llamarse privadas, son pocas las copias que puedan decirse que sean legales", ha dicho el abogado.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, 21oct10]
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