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29abr13
Dimite el consejero delegado del Santander Alfredo Sáenz
Cuando aún su polémico indulto da los últimos coletazos, el número dos del Santander, Alfredo Sáenz, ha presentado su dimisión como consejero delegado del Santander.
Le sustituye Javier Marín, hasta ahora director general de la división de gestión de activos, banca privada y seguros.
En febrero de 2011, Sáenz fue condenado en sentencia firme por un delito de acusación falsa por haber autorizado en 1994, cuando era presidente de Banesto, la interposición de una querella contra unos empresarios catalanes a sabiendas de que no tenían ninguna responsabilidad penal. Algunos de ellos fueron a prisión debido a esa falsa querella.
Aunque en un primer momento la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a seis meses de prisión, Sáenz recurrió ante el Tribunal Supremo que rebajó la pena a tres meses de cárcel e inhabilitación para ejercer funciones en banca por el delito de acusación falsa.
Fue en el último Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en noviembre de 2011, cuando se indultó al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander por estos hechos.
Sin embargo, el Supremo anuló parcialmente la medida de gracia al tacharla de "extralimitación" por parte del Ejecutivo de entonces, al pretender extender los efectos de la medida al ámbito administrativo.
Las normas administrativas impiden ejercer el oficio bancario a quienes tengan antecedentes penales por delito doloso al considerar que carecen de la honorabilidad exigible. Es el caso de Sáenz.
Ante este giro, el hasta ahora número dos de Emilio Botín recurrió al Constitucional la sentencia que anulaba el indulto.
El último fallo por esta decisión se conoció el pasado 19 de abril, cuando precisamente el Supremo rechazaba anular su fallo sobre la extralimitación.
En paralelo a estas últimas decisiones judiciales, el Gobierno de Mariano Rajoy también ha aprobado medidas que beneficiaban al ex banquero. Su última reforma bancaria modifica los requisitos de honorabilidad exigidos a los banqueros.
La nueva normativa, impulsada por la Autoridad Europea Bancaria (EBA), matiza el requisito de honorabilidad y deja sometida la decisión de permitir que ejecutivos condenados sigan en su cargo a la discreción del Banco de España. El órgano que dirige Luis María Linde aún no se ha pronunciado.
Condenado por denuncia falsa
En 1994, Banesto presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por las empresas que representaban, del grupo Harry Walker.
El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro empresarios (lo que conllevó su condena por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto.
Tras largas indagaciones del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los demandados consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa por entender que las actuaciones de Jiménez de Parga y Calama habían prescrito y las de Sáenz y otro acusado no eran constitutivas de delito.
Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.
[Fuente: El Mundo, Madrid, 29abr13]
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