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20jun15


Los 166 detenidos en la cuarta fase de 'Edu' elevan a 420 los encausados por fraude en los cursos de la Junta


La 'Operación Eduende', nombre con el que se ha bautizado a la cuarta fase del 'caso Edu', ya ha concluido. Y lo ha hecho con cifras de récord. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han puesto el colofón al amplio dispositivo iniciado el pasado 8 de junio con la detención este viernes de diez presuntos empresarios implicados en el megafraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Con ellos son finalmente 166 las personas encausadas en las dos últimas semanas (150 arrestos y 16 imputaciones), que vienen a sumarse a los 254 registrados en las tres fases anteriores. En total, 420 personas implicadas.

Las diez detenciones de este viernes se han centrado en Huelva y Sevilla, provincias en las que se han investigado a 52 empresas por las supuestas irregularidades cometidas en la recepción de subvenciones por valor de 5,7 millones de euros. Son estas ayudas las que han centrado buena parte de la actuación policial estos últimos días, con un total de 107 detenciones y 12 imputaciones de personas relacionadas con dichas mercantiles. El resto de los encausados estos días, 47 personas, son funcionarios y altos cargos de la Administración autonómica andaluza que tuvieron participación en la concesión de las ayudas para la formación investigadas meses atrás en Cádiz, Jaén, Córdoba, Málaga y Granada. Sólo en Almería no ha habido en esta ocasión arrestos, según los datos que maneja Vozpópuli.

Sin embargo, no son los números lo más llamativo de esta última fase hasta el momento de la 'Operación Edu'. De hecho, es la primera vez que se ha actuado contra funcionarios de diferente nivel y altos cargos de la Junta supuestamente implicados en las irregularidades para la concesión de estas subvenciones. Así, sólo en los primeros dos días del dispositivo cayeron 42 trabajadores de la Administración autonómica, a los que se sumaron en las siguiente jornadas otros cinco. De todos ellos, cinco son antiguos delegados de Empleo de la Junta. Se trata, en concreto, de Antonio Fernández Ramírez, antiguo responsable en Córdoba y exalcalde socialista de Pozoblanco; Irene Sabaleta, que ocupó el mismo puesto en Jaén y que se hizo célebre recientemente al salir una grabación en la que instaba a los funcionarios a votar al PSOE si no querían perder su empleo; Marina Martín, de Granada; Juan Carlos Lomeña, de Málaga y miembro del Congreso de los Diputados en los años 90, y Juan Bouza, en Cádiz. Los cinco ya fueron arrestados por la Guardia Civil en otra redada también contra el fraude en ayudas públicas.

El alcalde y el antiguo regidor

Entre los 119 empresarios detenidos también ha habido nombres destacados. Uno ha sido Gonzalo Rodríguez Nevado, alcalde del PSOE en la localidad onubense de Punta Umbría y al que se le notificó su imputación sólo 24 horas antes de ser reelegido para un nuevo mandato. Su arresto, que sorprendió a Susana Díaz sólo un día después de tomar posesión como presidenta de la Junta, vino rodeada de polémica por la actitud del político en comisaría. Allí, supuestamente se negó a que se le tomarán las huellas dactilares y las fotografías de la reseña policial del arresto. También llamativo ha sido el caso de Vicente Carmona y Diego Yergo, administrador y apoderado respectivamente de la empresa Industrias Turísticas Andaluzas SA (Inturansa), una empresa que recibió una subvención de 244.455 euros por impartir un curso de cafetería, bar y restaurante y que presuntamente desviaron buena parte de ese dinero a otras cuestiones, entre ellas comprar 'foie' por valor de 7.000 euros.

Otro nombre relevante de los caídos estos últimos días es el de Fernando Pineda, al que se relaciona con Centro de Empresas de Riotinto SA, que recibió una subvención de 56.540 euros en la convocatoria investigada. Pineda es un histórico de socialismo onubense. De hecho, fue 20 años alcalde del PSOE en la localidad de El Campillo, además de haber ocupado escaño en el Parlamento andaluz durante una legislatura y haber sido vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva. Hasta 2011 fue secretario general de los socialistas en la provincia de Huelva. De ese año es, precisamente, la adjudicación investigada.

Con estas 150 detenciones y 16 imputaciones, la 'Operación Eduende' se ha convertido en la más exitosa en número de encausados de las cuatro fases desarrolladas hasta ahora dentro de la 'Operación Edu', una compleja investigación que instruyen al unísono ocho juzgados diferentes de Andalucía, uno por provincia. Así, en la primera, que tuvo lugar el pasado verano en Málaga, hubo 42 arrestos. En la segunda. bautizada como 'Edu-Costa' y que se desarrolló en Cádiz, Almería y otra vez Málaga el pasado mes de febrero, concluyó con 87 detenciones. Y en la última redada, 'Edu-Centro', anterior a las autonómicas andaluzas, se registraron 125 detenidos y imputados. A ellos se pueden sumar otros 13 arrestados en la 'Operación Óscar', una 'hija' de Edu en la que cayó un exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés, imputado además en otras dos fases de 'Edu', entre ellas esta última. Con ellos, los 420 imputados pasarían nada menos que a 433.

4.500 alumnos y 750 docentes interrogados

Elevadas cifras de encausados a las que hay que sumar también la de testigos. La Policía ha tomado en el último año declaración a cerca de 4.500 alumnos que asistieron a los cursos de formación, además de a 750 docentes que los impartieron. En estos dos años de pesquisas, los agentes han analizado los expedientes por los que se concedieron ayudas por un total de 19 millones de euros a 192 empresas. Así, en Córdoba se han investigado a 31, el mayor número. En el extremo contrario, Almería, con 16. Entre ambas, Sevilla y Huelva, con 26 cada una; Málaga, con 25; Jaén y Granada, con 24; y Cádiz, con 21.

En cuando el volumen de fondos supuestamente defraudados, el 'ránking' lo encabeza Huelva, con 2.849.159,75 euros. Le sigue, a muy corta distancia, Sevilla, con 2.831.862,75 euros, y Jaén, con 2.726.913. También por encima de los dos millones de euros se sitúan Cádiz (2.384.184,75 euros), Córdoba (2.319.911 euros) y Málaga (2.203.650 euros). Por debajo de esta cifra, Granada, con 1.868.555,25 y Almería, con 1.816.848,25.

Unas amplias pesquisas en las que se ha avanzado de manera importante en los últimos meses gracias, en parte, a la colaboración ciudadana. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a este diario que numerosos alumnos y profesores de cursos han acudido a comisarías y juzgados a denunciar irregularidades de las que habían sido víctimas tras conocer por la prensa la existencia del fraude. Por su parte, la Junta de Andalucía ha cambiado su actitud ante las investigaciones. Así, el Gobierno de Susana Díaz ha pasado de negar las irregularidades y denunciarlas como un montaje de Madrid tras destaparlas en exclusiva Vozpópuli el pasado mes de abril, a dar instrucciones a las delegaciones provinciales de las que dependían los cursos para que presten la máxima colaboración a la Policía. Incluso, ha iniciado sus propias pesquisas.

[Fuente: Por O. López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 20jun15]

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