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14mar15
La 'Operación Edu' suma ya 245 imputados y bate el récord de encausados del 'caso ERE'
Imputado a imputado, el 'caso Edu' sigue batiendo records. La compleja operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía contra el fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía ha dado por concluida este viernes la tercera macrorredada, bautizada como 'Edu Centro', con 108 detenidos y otras ocho personas más imputadas. Tras los 42 arrestos de la primera fase del dispositivo, desarrollada el pasado verano en Málaga, y los 87 de la que tuvo lugar en Cádiz, Almería y otra vez Málaga el pasado mes de febrero, ya son 245 personas encausadas en una investigación que dirigen ocho juzgados diferentes, uno por cada provincia. De este modo, supera la cifra de imputados de otro caso mediático que salpica a esta comunidad autónoma, el de los ERE que instruye la juez Mercedes Alaya, donde 'sólo' hay 229 personas implicadas. Una diferencia que se hará mayor en breve, cuando los policías se desplacen a Sevilla y Huelva a desarrollar una cuarta redada.
En la desarrollada en los últimos doce días, agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF desplazados desde Madrid de manera conjunta con los integrantes de los Grupos de Delincuencia Económica provinciales han realizado arrestos en las tres provincias en las que se investigaba el fraude en la formación, pero también en las ciudades de Almería, Cádiz, Sevilla, Elche y Madrid. Entre los detenidos destaca la presencia de miembros de los tres partidos con representación en el Parlamento andaluz recien disuelto, PSOE, PP e IU, así como el primer alto cargo de la Junta que cae. Este último fue arrestado el primer día del dispositivo.
Se trata de Juan Manuel León Sánchez, que fuera concejal del PCE en la primera corporación municipal democrática de Granada y que, tras concurrir en varias ocasiones en otros comicios locales bajo las siglas de IU, en la actualidad ocupaba el puesto de secretario general provincial de Fomento y Vivienda. Su arresto se produjo por los cargos que ocupó entre 2008 y 2012, cuando, entre otros, fue jefe del Servicio de Formación Profesional Ocupacional. Los investigadores creen que desde este puesto presuntamente favoreció a algunos empresarios de renombre en la provincia con los que tiene conocidos lazos de amistad, entre ellos el responsable de las autoescuelas granadinas Lara Peinado.
El candidato de IU imputado
También de la coalición de izquierda es el imputado Manuel Baena Cobos, concejal en Puente Genil y exalcalde de este municipio, quien durante la recién terminada legislatura también ha ocupado un escaño en el parlamento andaluz. Para las elecciones del 22-M ocupa el cuarto puesto en la lista de la coalición por la provincia de Córdoba. Los agentes le investigan por un curso impartido en 2011 por una sociedad municipal de Puente Genil, la segunda localidad más grande de la provincia y donde él fue alcalde hasta 2011. Tras destapar Vozpópuli su implicación, el político anunció el pasado lunes que pedía que la baja voluntaria en IU y que, sí salía elegido, renunciaría a su acta. Un tercer detenido de esta formación ha sido un exconcejal de la localidad de Villacarrillo (Jaén).
A ellos se suman miembros de las otras dos formaciones políticas que hasta ahora han tenido representación en el parlamento regional. Así, el PP vió como el martes de la pasada semana era detenido Ildefonso Espinosa Garrido, vocal del partido en la localidad jienense de Pegalajar y al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acusa de cobrar supuestamente de modo irregular una subvención en 2011. Según la investigación policial, el político recibió de la Junta de Andalucía 105.750 euros a través de su empresa PKSX Aprendia SL, creada en 2008 con el objeto social "peluquería y otros tratamientos de belleza".
Otra mercantil con idéntico objeto social y enclavada en la misma provincia es la que ha salpicado al PSOE. Se trata, en concreto, de Lara y Nieto SL, propiedad de José Luis L.S., casado con la que fuera alcaldesa socialista en la localidad de Martos, Sofía Nieto Villagordo. Ésta, quien en las elecciones de 2011 pasó a la oposición para terminar dimitiendo de sus cargos en mayo de 2012 por motivos "estrictamente personales", dejó de figurar como socia de su esposo en dicha sociedad en agosto de 2009, un año después de convertirse en la regidora de este municipio jienense. En 2010, los responsables del Partido Andalucista (PA) en la localidad distribuyeron en este pueblo de 20.000 habitantes una hoja informativa en la que ya denunciaban las subvenciones otorgadas por el Gobierno andaluz a esta empresa de peluquería desde que Sofía Nieto accedió a la alcaldía: más de medio millón de euros repartidos en cinco adjudicaciones diferentes. En esta ocasión, el arresto de su marido viene motivado por una sexta por la que recibió 105.750 euros.
Un exconcejal y un exconsejero
Otro socialista detenido ha sido el exconcejal del municipio cordobés de Peñarroya Pueblo Nuevo, Mauricio Antonio Montiglia Fischmann, quien figura como responsable de varias empresas dedicadas a la formación. Éste fue edil de Medio Ambiente entre 2003 y 2005, cuando dimitió por una disputa con la entonces alcaldesa Luisa Ruiz, quien el año pasado fue arrestada en otra golpe a la corrupción, la Operación Rocket. La UDEF relaciona a Montiglia con la empresa Black Diamond, que en la convocatoria investigada recibió 207.520 euros a través de dos subvenciones distintas, una de 139.460 euros y otra de 68.060 euros.
También antiguo cargo del PSOE es Ángel Ojeda Aviles, quien fuera consejero de Hacienda y Planificación entre 1987 y 1990, durante el último mandato al frente de la Junta de José Rodríguez de la Borbolla. Ojeda, que ya fue detenido en Cádiz el pasado 4 de agosto dentro del 'Caso Óscar' por acaparar de modo supuestamente ilegal más de 48 millones de euros también para la formación de desempleados. Ahora ha sido imputado dentro de la 'Operación Edu Centro' por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, Basilio Miguel García, por su relación con las irregularidades detectadas en una adjudicación de diciembre de 2010 que salpica a una de sus empresas, la Asociación para la Calidad Europea Inteca, como adelantó Vozpópuli.
Junto a todos estos cargos políticos, también destaca la presencia entre los arrestados de varios destacados empresarios, un profesor de universidad, los dirigentes de varias asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y dos responsables de una empresa de alta costura. Se trata de Ana Torres SL, encargada de crear y comercializar las creaciones de la diseñadora cordobesa del mismo nombre. La Policía considera que en el curso por el que esta mercantil recibió una subvención de 27.750 euros hubo numerosas irregularidades, entre ellas poner a los alumnos a realizar trabajos reservados para los empleados.
[Fuente: Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 14mar15]
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