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06feb07
La ley de memoria histórica corre el riesgo de no ver la luz antes de 2008.
El Congreso abre este martes el penúltimo periodo de sesiones de la legislatura con un cargado programa de trabajo. Tiene pendientes de tramitar 44 proyectos de ley, 153 proposiciones de ley y dos estatutos de autonomía, una agenda casi imposible de solventar y que hace prever que muchas iniciativas vayan a decaer por falta de tiempo. Una de las que tiene papeletas para no ver la luz antes de 2008 es la controvertida ley de la memoria histórica.
Los diputados vuelven a la cámara baja con un panorama laboral repleto y que va a complicarse más porque el presidente del Gobierno ha dispuesto una ofensiva parlamentaria para los próximos meses. José Luis Rodríguez Zapatero quiere evitar que se extienda la sensación de legislatura agotada y el 29 de diciembre anunció la próxima aprobación en el Consejo de Ministros de otros 40 nuevos proyectos de ley, que se sumarían al grueso pelotón pendiente de tramitación.
Al ritmo que ha trabajado el Congreso en los últimos años es imposible a todas luces que todas las iniciativas sean aprobadas en esta legislatura. Entre 2004 y 2006, ha dado luz verde a 78 proyectos legislativos, es decir una media de 26 por año que, si se mantiene, imposibilitará que los 44 que aguardan turno puedan ser aprobados. Algunas iniciativas pendientes son, además, textos muy complejos que requerirán una larga maduración en la comisión correspondiente.
Una de las normas emblemáticas para el Gobierno y en la que Rodríguez Zapatero ha empeñado su palabra, la ley de memoria histórica, es una de las que puede resultar frustrada. Juega en contra la escasez de tiempo, apenas quedan nueve meses para el trabajo legislativo, ya que es muy improbable que después de diciembre la cámara vuelva a reunirse debido a la convocatoria de elecciones generales en marzo de 2008.
La fuerte resistencia que encuentra el PSOE para encontrar apoyos al texto es el segundo elemento en contra de los intereses gubernamentales. Tanto sus aliados tradicionales, Esquerra Republicana e IU, como sus socios ocasionales, CiU y PNV, exigen alguna fórmula jurídica para la anulación de los juicios sumarios del franquismo. Una concesión que el Ejecutivo, hasta el momento, no está dispuesto a hacer. Con este panorama por delante, nacionalistas e IU barruntan que el Gobierno puede dejar decaer el proyecto ante la falta de acuerdo ya que dudan de que los socialistas se atrevan a retirarlo por sí mismos. El texto está ahora en fase de enmiendas en la comisión constitucional, una etapa que puede prorrogarse cuanto se quiera.
No es el único caso de una larga permanencia en la rampa de lanzamiento legislativo. La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional lleva en el Congreso desde noviembre de 2005 y aún no ha salido de la comisión constitucional. Sólo un mes después llegaron las reformas del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y la ley del Poder Judicial, y siguen en la comisión respectiva.
Los estatutos
Y si el debate de proyectos de ley se presenta arduo y trabajoso, no lo será menos el de los estatutos de autonomía. Este martes, el pleno decidirá si admite a trámite la reforma del de Canarias y aunque el PP ha anunciado que no lo apoyará, el proyecto será aceptado con los votos de socialistas, nacionalistas e IU. El partido gubernamental, de todos modos, tiene la intención de practicar una poda notable en la reforma aprobada por el Parlamento insular.
El siguiente en ser tramitado será el de Castilla y León, registrado en el Congreso en diciembre y sin fecha aún para su debate de admisión. Otro que está en puertas es el Estatuto de Castilla-La Mancha, sobre el que existe un acuerdo entre PSOE y PP y que fue registrado en la cámara baja el pasado jueves, aunque es posible que el debate de totalidad se quede para después de las elecciones del 27 de mayo.
El Congreso y el Senado han aprobado hasta el momento los estatutos de la Comunidad Valenciana y Cataluña, ambos en vigor, y el de Andalucía, que se someterá a referéndum el 18 de febrero. La cámara baja también ha dado su visto bueno al de Baleares, que ha pasado al Senado, y tramita en comisión el de Aragón.
[Fuente: Agencia Copilsa, Madrid, esp, 06feb07]
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