 | Este documento ha sido publicado el 03Feb05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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19ene05
Sobre el informe de expertos.
Desde que acepté formar parte de la Comisión me comprometí a decir lo que considerara oportuno, desde mi más absoluta libertad, exclusivamente en su seno, y no fuera de ella, porque bastante contaminado estaba ya el debate como para que se tergiversaran o malinterpretasen mis palabras. Ahora, una vez concluido nuestro trabajo, quiero expresar públicamente mi posición con respecto al contencioso y con respecto a la Comisión. Al mismo tiempo, me veo en la desagradable necesidad de salir al paso de ciertas descalificaciones que no puedo dar por buenas con mi silencio.
Estoy a favor de mantener la integridad del archivo hoy denominado General de la Guerra Civil, en concreto de los fondos acumulados y generados por la Delegación Nacional de Servicios Documentales y sus organismos precedentes. He argumentado en diversas publicaciones acerca de lo que tales fondos documentales suponen de testimonio histórico de la represión y de su indudable valor y, de igual modo, he abogado por mantener la organización física dada a los documentos por las instituciones represivas que los gestionaron hasta 1977, respetando las signaturas dadas en el fichero general onomástico, como la mejor manera de facilitar el ejercicio del “habeas data” (el derecho de las personas a conocer qué documentos sobre ellas existen en el archivo), tan importante para hacer valer los derechos reconocidos por las leyes de reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Pero también he dicho que los organismos y personas que sufrieron la incautación ilegítima de sus documentos, merecían, igualmente, una reparación. Coincidía con los dos principios esenciales que definiría, desde el comienzo, la Comisión: la condena de las incautaciones de documentos con fines represivos y la salvaguarda del bien común que es hoy el Archivo General de la Guerra Civil.
Mi postura inicial al llegar a los debates fue la de, aceptados estos dos principios contradictorios, tratar de encontrar una vía por la que conseguir su conciliación. La pregunta clave era si podía darse satisfacción a la legítima reivindicación de la Generalitat con la devolución de los originales de sus propios documentos sin asumir la obligatoriedad de, sentado el precedente, actuar del mismo modo con el resto de instituciones, asociaciones y particulares que también sufrieron la incautación de sus documentos. Porque lo malo no sería que saliesen del archivo unos cientos de cajas si éstas van a parar, previa reproducción y con plenas garantías de autenticidad y accesibilidad, a otro archivo público, sino que, en una diseminación generalizada, además de desdibujarse ese testimonio histórico del que hemos hablado, los documentos pudiesen dejar de cumplir la función social que en la actualidad desempeñan. Por el contrario, una restitución limitada a determinados organismos públicos y de gran carga simbólica, que ayudase a cerrar heridas en esa asignatura pendiente de la transición que es el expolio de los documentos, podía ser la solución recomendable para resolver el contencioso. El problema planteado era, una vez aceptada la necesidad de establecer un procedimiento administrativo y un marco jurídico en los que poder atender otras reclamaciones, saber si se podrían valorar de forma distinta unas de otras.
A lo largo de las discusiones en el pleno de la Comisión y del trabajo de las subcomisiones se ha ido despejando esa duda, sobre todo gracias al magnífico trabajo que han hecho los juristas. De su informe se desprende claramente que se puede, y se debe, discriminar entre unas posibles reclamaciones y otras, siempre en el intento de conciliar los intereses contrapuestos ya mencionados. En el caso de la Generalitat, como institución restablecida en su plenitud en 1977, concurren unas circunstancias muy especiales, que no se dan, ni mucho menos, en todos los posibles reclamantes: desde todas las perspectivas, la legitimidad de la reclamación de la Generalitat es incontestable. Para el resto de los hipotéticos reclamantes, el informe ofrece toda una batería de argumentos que indican al Ejecutivo cómo afrontar las posibles peticiones, desde las que puedan hacer las administraciones públicas que no fueron suprimidas y que funcionaron sin solución de continuidad en el franquismo, hasta las de los ciudadanos particulares, pasando por las de partidos políticos, sindicatos y asociaciones. En la mayor parte de los casos, a la hora de ponderar los intereses en presencia, debería primar la defensa de la integridad del archivo, como bien público de interés general, sobre la restitución de los originales de los documentos a su procedencia; se darían copias a los titulares reconocidos y los originales permanecerían en el archivo, a diferencia del caso analizado de la Generalitat, en que los criterios de prelación serían los contrarios. La integridad de la información quedaría, en todo caso, plenamente asegurada con ayuda de las tecnológicas de reproducción documental. Eso es lo que dice nuestro informe, cuya lectura completa recomiendo a todos los interesados en el tema.
En cuanto al funcionamiento de la Comisión, diré que he participado en los debates y trabajos sin otra presión que la del escaso margen de tiempo de que hemos dispuesto. A nadie he tenido que pedir permiso para hablar o votar. La necesidad de contar con un visto bueno ha sido, precisamente, el argumento que han invocado algunos de los miembros propuestos por instituciones castellanas para no votar a favor del texto. Para mí, este dato es muy revelador, porque ¿quién es más independiente, el que para votar necesita la aprobación de quienes le han propuesto o el que dice y vota lo que en conciencia le parece oportuno? Me sorprenden expresiones como la de algún comisionado que ha dicho que tal vez debía haber dado un puñetazo en la mesa. Sinceramente, no era necesario, bastaba con que hubiera abierto la boca para decir lo que pensaba, como los demás, en vez de hablar casi exclusivamente fuera de la Comisión. Ha sido una lástima que el deseo manifestado en la primera reunión, de forma unánime, de que no trascendieran los debates a la prensa hasta la finalización del trabajo no fuera compartido por todos. Recuerdo que el comisionado propuesto por la Junta de Castilla y León ha hecho su peculiar crónica de todas las reuniones; otro comisionado acudió a un programa de radio, unos días antes de la reunión final, junto al Alcalde de Salamanca y en cambio, sin pudor, se suma ahora al uso de la insultante expresión "comisión de adeptos"
Dos de los comisionados, los señores García Zarza y Valdeón Baruque, han concretado algunas de sus críticas en mi persona, diciendo no entender cómo he podido votar a favor del informe, habiendo sido director del archivo muchos años. A lo dicho anteriormente he de añadir que me he acercado al tema, como la mayoría de los comisionados, con ganas de ofrecer una solución a un conflicto enquistado desde hace mucho tiempo y en el que no se pueden obviar las poderosas razones de los reclamantes. La falta de resolución del problema tampoco beneficia a la estabilidad del archivo, cuya razón de ser no se puede cuestionar cada cierto tiempo y cuya defensa no puede hacerse sino con un reconocimiento generalizado de su valor.
También quiero dar una respuesta a quienes han aducido reiteradamente el informe elaborado por el grupo internacional de expertos patrocinado por el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO (no es, por cierto, una resolución de la Asamblea General de la UNESCO) sobre los archivos de la represión y dirigido por mí, citándolo como referencia explícita principal para defender la integridad de los fondos (excepción hecha de los documentos incautados a particulares, que el citado documento defiende sean devueltos a sus legítimos propietarios). Por supuesto, en general, creo que sigue siendo válida la recomendación recogida en ese informe sobre el mantenimiento de la integridad de los archivos de los servicios de inteligencia, incluyendo en ellos los documentos confiscados y utilizados para la represión, pero debe recordarse el alcance real de ese informe, dedicado a hacer recomendaciones válidas para los archivos de los servicios de seguridad de todos los países en procesos de transición. En nuestra comisión, ese criterio, que he defendido con reiteración, ha pesado al definir el interés en preservar la integridad del archivo, pero hasta donde era razonable: no se pueden desconocer las peculiaridades de la incautación de los archivos de un gobierno autónomo como el de la Generalitat y la circunstancia de la plena restitución de esta institución en la transición.
No me gustaría terminar este artículo sin referirme a los trabajadores del Archivo General de la Guerra Civil, que han sido, en muchas ocasiones, víctimas de este debate. En el intento de deslegitimar al archivo y así reforzar las peticiones de devolución de documentos, se ha arremetido también contra ellos, directa o indirectamente, de forma absolutamente injusta. Es imprescindible que reciban una explicación amplia de los proyectos sugeridos para el centro por la Comisión y que deben invitarles al optimismo; pues se están haciendo, por algunos, previsiones apocalípticas y desproporcionadas sobre el futuro del archivo que pueden desmotivarles. Para evitarlo, debe animárseles a que continúen desarrollando su labor con la dedicación con que lo han hecho hasta ahora, digna de los mayores elogios.
Por Antonio González Quintana, Miembro de la Comisión de Expertos sobre el AGGCE
(Fue director de la Sección “Guerra Civil” del Archivo Histórico Nacional entre los años 1986 y 1994)
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