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12dic13
La Audiencia Nacional sienta en el banquillo de los acusados a 61 exsocios de PwC
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de juicio oral para 61 exsocios de PricewaterhouseCoopers (PwC) y asociados de la consultora por delitos contra la Hacienda Pública. Los acusados se enfrentan a varios delitos cuyas penas oscilan entre dos años y 3 años y 6 meses de prisión. Se fijan indemnizaciones a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidades pecuniarias de forma solidaria para varios socios y asociados y, para las propias compañías, cantidades que superan los 42 millones de euros más las individuales de cada socio.
En su auto, el juez recoge el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. El fiscal solicita q los acusados sean condenados por delitos de hasta tres años y medio de prisión, así como multas de diversas cantidades en proporción a la defraudación.
El Ministerio Público considera que son autores de delitos contra la Hacienda Pública estatal y foral vasca, cuatro delitos contra la Hacienda pública estatal por la omisión de la obligación de retención del IRPF del ejercicio de 2002 (para cuatro sociedades de PwC) y 56 delitos referidos al propio impuesto del IRPF del ejercicio de 2002 de 56 de los acusados.
Ahora, las defensas disponen de 30 días para presentar su escrito. Después, la causa se elevará al juzgado central de lo penal para juicio, cuyo titular es José María Vázquez Honrubia, competente al tratarse de delitos que no superan los 5 años de prisión.
Anticorrupción les acusa de no declarar ante Hacienda la percepción de 20,9 millones de euros en bonus en enero de 2002. Solicita penas de entre dos y 14 años y diez meses de prisión. Las más elevadas, de 14 años y 10 meses de prisión, se solicitan para el expresidente de PwC, Miguel Fernández de Pinedo; para José María Tajadura Garrido, entonces administrador de solidario de PwC Consulting y responsable de Operaciones en España; y para César Rodríguez Ramos , quien fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC.
"Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo, y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos", afirma la Fiscalía.
Ante el auto de apertura de juicio oral, la compañía entiende que la Audiencia Nacional les lleva a juicio por la reestructuración societaria que realizó la compañía en 2002, y que le permitirá demostrar que todas las actuaciones llevadas a cabo en dicha reordenación "cumplieron escrupulosamente con la normativa vigente y respondieron a una operación mercantil real, transparente y legal".
En opinión de PwC, durante la instrucción del caso no se han valorado las razones, pruebas periciales y multitud de documentación pública y privada presentadas por la consultora en sus escritos de recurso ante la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, al considerar que ello es materia del juicio oral. La compañía está segura de que las acusaciones contra 61 socios -la inmensa mayoría ya jubilados- "carecen de rigor, no cuentan con precedentes en el ordenamiento jurídico de nuestro país y representan un caso flagrante de indefensión jurídica".
La reestructuración societaria y empresarial de PwC fue una decisión que se tomó en 1999 y respondió a la necesidad de reorganizar la estructura del negocio en todo el mundo. En nuestro país, esta reordenación se materializó en 2002 -tres años después de la decisión que tomó PwC International- y, entre otras medidas adoptadas, se llevó a cabo con la escisión de la rama de Consultoría de Implantación de Sistemas en la Compañía PwC Consulting, SL.
[Fuente: Por C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 12dic13]
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