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13nov20


Alfonso Guerra y otros históricos del PSOE firman un texto contra la enmienda al castellano en la "Ley Celaá"


El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha sumado a la iniciativa impulsada por los dirigentes socialistas Antonio Miguel Carmona y Zenón Jiménez Ridruejo en la plataforma 'change.org' en defensa del carácter vehicular del castellano y contra la enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC a la ley Celáa. La campaña sumaba más de 115.000 firmas este viernes, cuando el Gobierno ha aprobado en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el dictamen de la Ponencia sobre la 'Ley Celaá', con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

El apoyo conseguido este viernes en la comisión, no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado. Carmona ha manifestado en un comunicado que «está de acuerdo con el Proyecto de Educación de Isabel Celáa, aprobado en el Consejo de Ministros, firmado por el presidente del Gobierno (PSOE) y presentado para su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde dice que 'el castellano es la lengua vehicular en España'. Nada de acuerdo con la enmienda de ERC que suprime esa parte».

Para Carmona, la diputada de ERC Montse Bassa «es la que más claro lo tiene cuando dice que el español podrá enseñarse en Cataluña, no como vehicular, sino como el inglés o el francés». En esta línea, ha censurado que «los independentistas confunden inmersión con sumersión cuando no sumisión. Y eso no va con nuestro carácter». «Defendemos a todos los idiomas españoles. Al vasco, al catalán, al gallego y al castellano. Cualquier agresión a cualquiera de ellos tendrá nuestra reprobación», ha advertido Carmona, al tiempo que ha aclarado que la posición del PSOE «ha sido siempre la misma» y que pasa por «la defensa de todos los idiomas, el carácter común y vehicular del castellano y la cooficialidad en los territorios».

Entre los firmantes, se encuentran socialistas como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo; el exsecretario general de la Seguridad Social Adolfo Jiménez; el exsecretario general de UGT Cándido Méndez; la decana Lidia Falcón; exministros desde César Antonio Molina hasta José Barrionuevo y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, entre otros.

Un «error histórico»

La petición ha sido acompañada por un manifiesto en el que reivindican que «el español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece». Además, recuerda que el artículo 3 de la Constitución Española establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, así como que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

El texto ha lamentado que «tristemente de facto» el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas y que «la enmienda consagra un error histórico». Así, han plasmado que «cabe en este contexto especular» acerca de los motivos del Gobierno que han llevado a modificar el texto original. «Sin duda las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión», ha sugerido. «No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular», han aclarado. Eso sí, han reivindicado que «se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español».

A continuación, reproducimos la petición -publicada en 'change.org'- íntegramente:

El español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece.

El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a seiscientos millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes.

Por eso el artículo 3 de la Constitución española establece que

«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

En el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares».

Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir.

Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular «…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer».

Por otra parte afirma que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado».

Tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda consagra un error histórico.

Cabe en este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu.

Los independentistas han declarado: «No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular».

Sin duda las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado.

La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional.

Los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución.

Zenón Jiménez Ridruejo, Antonio Miguel Carmona et al.

[Fuente: ABC, Ep, Madrid, 13nov20]

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