EQUIPO NIZKOR |
|
21ago04
Con una población de 60.000 presos, el sistema penitenciario se encuentra saturado.
La escalada de la población reclusa española parece no tener fin. Si los próximos meses transcurren como lo han hecho los ocho primeros de este año, 2004 concluirá con alrededor de 60.000 personas a la sombra de las cárceles españolas.
Así lo apuntan desde la dirección de Instituciones Penitenciarias, cuyos responsables observan con preocupación esta evolución imparable que hace ya tiempo que desbordó la capacidad razonable del sistema carcelario. La red de prisiones está dimensionada para albergar a unos 45.000 reclusos atendiendo al criterio que marca la ley Penitenciaria, que establece la obligación de que cada interno goce de su propia celda, aunque justifica que no sea así en ocasiones excepcionales.
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, calificó a La Vanguardia la situación como “un problema enorme, porque nuestros centros están muy saturados y porque, además, desde el Gobierno socialista nos hemos impuesto el objetivo de que cada interno tenga su propia celda, tal y como establece el reglamento general penitenciario”. Sin embargo, Gallizo admitió que crear nuevas infraestructura no es una cuestión que pueda resolverse a corto plazo.
Por eso, el Gobierno trata de poner en marcha algunas medidas que ayuden a aligerar la presión dentro de las prisiones. “Antes de final de año vamos a inaugurar cuatro nuevos centros de inserción social”, adonde acuden los presos que se encuentran en tercer grado y que, por tanto, trabajan durante el día en la calle para regresar a dormir a los centros.
Además, la nueva directora de Instituciones Penitenciarias ha ordenado que se flexibilicen algunos criterios para la obtención de esa situación de semilibertad. “Hemos dictado una instrucción que hace que no sea un requisito imprescindible tener pagada la responsabilidad civil para acceder al tercer grado en los casos en que los informes sean favorables a un proceso de inserción”, indicó Gallizo, quien consideró un sinsentido que se impida trabajar a quien no ha pagado la indemnización a la que ha sido condenado porque de esa forma lo único que se consigue es precisamente que no pueda pagarla nunca.
Otro de sus proyectos es sacar a las madres y a los niños de los centros penitenciarios, pues entiende que éste no es el recinto más adecuado para ellos. El nuevo equipo de Instituciones Penitenciarias ha formado un grupo de trabajo para que estudie algunas alternativas, como pisos tutelados en los que puedan vivir dentro de un entorno más normalizado. Actualmente hay en las cárceles españolas 190 madres y 203 niños.
A pesar de ello, la máxima responsable del sistema carcelario es muy consciente de que todos esos esfuerzos y la dotación de nuevas prisiones servirán de poco si cada año ingresan en los penales españoles cinco mil presos más, tal y como ha sucedido en los últimos doce meses. “Tiene que producirse una reflexión en la sociedad y entre los legisladores sobre si la solución a los problemas de criminalidad y violencia es siempre la cárcel. Y si lo es, hay que arbitrar los medios”, expuso la directora de Instituciones Penitenciarias.
Gallizo añadió, no obstante, que como responsable de las prisiones debe dejar claro que “esto no es un chicle que se puede estirar eternamente”, y así se lo ha transmitido a los responsables del Gobierno, que son, asegura, muy conscientes de cuál es la situación.
Esa reflexión que Gallizo, entiende necesaria no significa, ni mucho menos, advierte, que el Ejecutivo renuncie a mejorar la red de prisiones. Al contrario. Entre los planes de la nueva Administración central figura la construcción de al menos siete nuevas cárceles.
Los proyectos más inmediatos, ya aprobados y presupuestados por el anterior Gobierno son los de nuevos centros en Madrid, Castellón, Cádiz y Sevilla. A ellos deben sumarse, a juicio de la nueva directora, Canarias, Ceuta y Navarra, aunque este último sustituiría la cárcel actual. También cree Mercedes Gallizo necesario renovar la prisiones en el País Vasco, aunque el Gobierno de esta comunidad no ha mostrado especiales simpatías por la idea de edificar un nuevo penal.
La Generalitat, por su parte, ha previsto la construcción de seis nuevas prisiones antes del año 2010; Catalunya es la única comunidad que gestiona las prisiones ubicadas en su territorio.
Con respecto a las cuatro cárceles cuyas obras ya se han iniciado –Madrid, Castellón, Cádiz y Sevilla– no estarán en servicio al menos hasta finales del 2006, y el resto deberá esperar todavía mucho más, por lo que el Ejecutivo tiene previsto llevar a cabo otras medidas que aligeren la situación dentro de las prisiones lo antes posible. Entre ellas figuran la construcción de nuevos centros de inserción social y, en casos especialmente graves, como en Canarias –la saturación llega al extremo de que están siendo enviados internos a prisiones peninsulares–, la habilitación temporal de algún edificio como prisión hasta que pueda ser reemplazado por una nueva instalación.
La intensa presión que se vive en las cárceles españolas viene además acompañada de un déficit de personal. Gallizo admitió que ni tan siquiera están cubiertas las plazas de las actuales plantillas al 100%, por lo que su primer objetivo es sacar a concurso las vacantes para que las dotaciones de personal puedan completarse.
Pero esas plantillas están pensadas para la capacidad teórica de las prisiones y no para la presencia real de reclusos. Así, penales como Soto del Real (Madrid) no cuentan con el personal planificado para el control de 1.000 presos, cuando en la actualidad alberga a más de 1.700.
[Fuente: La Vanguardia, Barcelona, Esp, 21ago04]
 | This document has been published on 25Aug04 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |