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05mar13
Anticorrupción pide al Senado las declaraciones de patrimonio de Bárcenas
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Senado que le entregue las declaraciones de patrimonio que presentó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas durante los años que fue miembro de la cámara, de 2004 a 2010, y que no son públicas, petición sobre la que la Mesa ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la casa que estará preparado la próxima semana, han informado fuentes de la institución.
Las declaraciones de bienes patrimoniales de diputados y senadores comenzaron a ser públicas en 2011, un año después de que Luis Bárcenas hubiera abandonado la cámara alta tras verse implicado en el 'caso Gürtel'. Toda la documentación que presentó por tanto al Senado es de carácter reservado y no hay antecedentes en la institución de una solicitud de este tipo.
Además de no tener una pauta de actuación, la cámara se plantea otra duda por quién solicita las declaraciones, que no es un juzgado sino la Fiscalía. Sobre estas cuestiones deberá resolver el servicio jurídico del Senado en un informe que espera ver la Mesa la próxima semana.
La única información conocida de los años de Luis Bárcenas en la cámara alta es la declaración de actividades que presentó en su segunda legislatura, la de 2008, ya que en 2010 se acordó dar publicidad a estos datos. En aquel año, aseguró por escrito que sus únicas actividades extraparlamentarias eran su condición de tesorero del PP y la de presidente del sindicato de obligacionistas de Autopistas del Atlántico (Audasa).
Declaraciones libres
Los senadores, como los diputados, están obligados al inicio de cada legislatura a presentar una declaración del patrimonio que tienen y de las actividades que desempeñan al margen de la cámara. Se trata de información que ha sido secreta hasta hace poco: las actividades que sus señorías declaran son públicas desde 2010 y sus bienes, que incluyen ingresos, patrimonio y resultado de la declaración del IRPF, desde el año 2011.
Es una declaración obligatoria porque los parlamentarios deben cumplir un régimen de incompatibilidades, pero que no se verifica, no se fiscaliza. Una vez presentada, una comisión parlamentaria resuelve únicamente si las actividades declaradas son o no compatibles con el trabajo en la institución.
[Fuente: El Mundo, Ep, Madrid, 05mar13]
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