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08dic19
El PP reta a Sánchez a cumplir su palabra sobre el referéndum ilegal
Pablo Casado pondrá a prueba a Pedro Sánchez en cuanto empiece a rodar la legislatura. Nada más constituirse las nuevas Cortes, el PP registró en el Congreso su primera Proposición de ley orgánica, para volver a penalizar la convocatoria de un referéndum ilegal. Los populares han dado prioridad absoluta a esta iniciativa, junto a la petición de comparecencia urgente del presidente en funciones para que dé explicaciones sobre la sentencia de los ERE.
En plena campaña electoral, durante el debate de los candidatos a la Presidencia del Gobierno, Sánchez sorprendió al prometer recuperar el delito de referéndum ilegal. Hasta ese momento era el PP el que defendía esa tipificación en su programa electoral, pero los disturbios y la violencia independentista en las calles de varias ciudades catalanas llevaron al candidato socialista a dar un paso al frente y reforzar su mensaje.
Pero el PP no acaba de creerse ese giro repentino de Sánchez. El pasado mes de febrero, el PSOE, junto a sus socios independentistas y populistas, rechazó una Proposición del PP en el mismo sentido, y la tachó de «electoralista». Los socialistas no ahorraron críticas al PP por una iniciativa que consideraban puro «postureo». El PP y Ciudadanos se quedaron solos al proponer castigar con penas de tres a cinco años de cárcel a los organizadores de referendos ilegales, e inhabilitación absoluta por un tiempo entre tres y cinco años superior al de privación de libertad impuesta.
De Aznar a Zapatero
El delito por convocar un referéndum ilegal se introdujo en el Código Penal en 2003, con la mayoría absoluta del Gobierno de José María Aznar, que impulsó esa reforma cuando los nacionalistas vascos presionaban con más fuerza con el «Plan Ibarretxe». El PNV amenazó con organizar una consulta si el Congreso rechazaba su plan, y el Parlamento le paró los pies. Poco después de llegar al poder, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a eliminar los artículos del Código Penal que castigaban con cárcel la convocatoria de una consulta ilegal.La modificación se aprobó en 2005, y de ella se beneficiaron años después los independentistas catalanes.
Ahora, Sánchez da otro giro y se apunta a la propuesta del PP. Aunque queda por ver si en este caso cumplirá su palabra. En plenas negociaciones con los independentistas catalanes para que faciliten su investidura como presidente del Gobierno, fuentes del PP creen que el PSOE aplazará sine die esa promesa electoral de su candidato, para no molestar a Junqueras, Puigdemont y Torra y arriesgarse a perder definitivamente sus votos.
Casado quiere que Sánchez quede retratado desde el primer momento en el Congreso. Incluso si se retrasa el debate de investidura, el Grupo Popular tratará de que se lleve al Pleno, y forzar así una votación en la que el Grupo Socialista no tendrá más remedio que ser coherente con la última promesa electoral de Sánchez, o bien volver a dar otro bandazo en el mismo tema.
Fuentes populares recuerdan que el Gobierno actual permanece en funciones hasta la formación del nuevo Ejecutivo, y su labor está limitada a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Tras la decisión del Tribunal Constitucional ante el recurso interpuesto por el PSOE durante el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, el Gobierno «sí es controlable» por las Cámaras en estas circunstancias, y pueden celebrarse tanto sesiones de control como plenos en los que se debatan y voten proposiciones.
Cesiones a los separatistas
El voto en contra del PSOE revelaría, según los populares, otra cesión de Sánchez a los independentistas, y otro incumplimiento de su palabra.
En la recepción del Día de la Constitución, Casado insistió, en conversaciones informarles con periodistas, en ofrecer su apoyo al Gobierno en el caso de tener que actuar en Cataluña, y para tomar medidas que frenen el desafío independentista. De esa manera, el PPquiere evitar que el Gobierno de la Nación sea «rehén» de los separatistas cuando estos desafíen al Estado.
En la Proposición de ley orgánica que el PP ha presentado esta semana se establece: «La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquier de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta».
La Proposición de ley orgánica registrada por el PP, con la firma de Álvarez de Toledo y otros 14 diputados, recoge que quienes, con ocasión de un proceso de consulta sin cobertura legal, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso sean «castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».
[Fuente: Por Mariano Calleja, ABC, Madrid, 08dic19]
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