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15feb21
El Tribunal Supremo archiva las querellas de IU y Òmnium contra Juan Carlos I
El Tribunal Supremo ha inadmitido este lunes las querellas presentadas por Òmnium Cultural y el PCE e IU contra el rey Juan Carlos por presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción. La Sala de lo Penal destaca para ello que las querellas se limitan a reproducir el contenido de informaciones de prensa, y argumenta que para abrir una causa penal hace falta aportar indicios más sólidos: "Con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito".
El tribunal se pronuncia así en la línea de la Fiscalía, que se posicionó en contra de abrir ya una investigación sobre el emérito. El Ministerio Público mantiene abiertas desde hace meses unas diligencias fiscales en tres distintos frentes y aún no ha decidido si les dará curso ante el Alto Tribunal o las archivará sin denuncia.
La primera de las querellas, de la asociación soberanista catalana que dirige Jordi Cuixart, argumentaba que, durante su reinado, Juan Carlos I "ha venido realizando personalmente, de manera continuada y en ejecución de un plan para aumentar ilícitamente su patrimonio personal, negocios privados altamente lucrativos aprovechando la superioridad y singularidad que le confería su condición de Jefe de Estado".
En el segundo caso, el PCE e IU actuaron en dos pasos. En un primer momento, procedieron contra Juan Carlos I por las grabaciones de su examante Corinna Larsen y recibieron como respuesta un archivo en el año 2019 y, en el segundo, reclamaron la reapertura para incluir, más allá del presunto cobro de comisiones por el AVE a la Meca, otros de los nuevos frentes legales a los que se enfrenta el emérito, entre ellos el supuesto uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro y la posible existencia de cantidades en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
La Fiscalía no apoyó la admisión de ninguna de las dos querellas. El pasado octubre, reclamó inadmitir a trámite la presentada por la entidad independentista al considerar que los delitos supuestamente cometidos habrían sido ejecutados con anterioridad al 19 de junio de 2014, la fecha en la que abdicó, y, por lo tanto, "el querellado estaría amparado por la inviolabilidad que la Constitución garantiza al Jefe del Estado".
Respecto a la querella de los partidos de izquierda, aseguró este enero en la misma línea, que algunos de los hechos que refieren estas partes "se produjeron con anterioridad al 19 de junio de 2014 y, por tanto, con carácter previo a la abdicación del querellado, por lo que estaría amparado por la inviolabilidad". Respecto a las donaciones no declaradas que recibió de un empresario mexicano, el Ministerio Público indica que las diligencias de investigación abiertas "se encuentran pendientes de la práctica de varias pruebas". No será hasta que se practiquen cuando se conozca si se debe o no impulsar una denuncia contra el emérito.
"Su realización será decisiva para determinar la participación que la persona investigada hubiese podido tener en la realización de tales hechos, y la consideración técnico-jurídica que los mismos pudieran merecer", indica y añade que "solo en el supuesto de que la persona del investigado (u otra u otras en su caso) fuesen presuntamente responsables de hechos con significación penal, el Fiscal interesaría su inmediata judicialización formulando la oportuna denuncia o querella", añadía.
La Sala de lo Penal, en un auto firmado por los magistrados Manuel Marchena (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, atiende estos argumentos y carga contra los querellantes, a los que advierte de que "la acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales", y "mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular".
Las tres investigaciones
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas en este momento tres diligencias separadas que afectan al emérito. La primera de ellas, vinculada con el AVE a La Meca, se acerca a un próximo archivo al considerar el equipo fiscal que los hechos, pese a ser evidentemente irregulares, quedan amparados por la inviolabilidad del monarca, como avanzó El Confidencial.
La segunda de las diligencias es la que estudia si el emérito pudo cometer delitos fiscales y de blanqueo por percibir abonos del millonario mexicano, y le afectaría la regularización que se sopesa. La tercera, parte de los indicios reflejados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sobre recientes movimientos en una cuenta activa en la isla de Jersey que se vincula con Juan Carlos I y que guarda 10 millones de euros.
[Fuente: Por Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 15feb21]
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