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23may20
Anticorrupción pide al juez retirar al vicepresidente Pablo Iglesias la condición de víctima en el 'caso Villarejo'
La condición de víctima de las cloacas del Estado que el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se arrogó en plena campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019 hace aguas.
Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, la Fiscalía Anticorrupción pidió este viernes al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, que le retire a Iglesias la condición de perjudicado, y en consecuencia, sea expulsado como acusación particular en la pieza Dina del caso Villarejo.
El Ministerio Público solicitó al juez que adopte esta drástica decisión tras haber investigado durante más de un año el robo del móvil a la ex asesora de líder de Podemos, Dina Bousselham, quien el pasado 18 de mayo declaró que Iglesias le devolvió su tarjeta de teléfono ya destruida tras haberla tenido en su posesión durante seis meses.
El análisis de las contradicciones halladas en las dos declaraciones que Bousselham ha prestado en el juzgado en el marco de este procedimiento, el testimonio que proporcionó el propio vicepresidente del Gobierno en marzo del año pasado, así como la declaración de José Manuel Villarejo, unido a los informes policiales aportados a la pieza número 10 de la causa, han llevado a los fiscales de Anticorrupción al convencimiento de que Pablo Iglesias no fue "perjudicado" en ningún momento por la trama liderada por el comisario.
Es más, el Ministerio Público cree ahora que el ex agente encubierto no intervino en el turbio episodio del robo de la ex asesora de Podemos al diluirse las sospechas de que él proporcionara a periodistas el contenido de esa tarjeta de memoria.
Tras ser interrogado por el juez García Castellón y los fiscales, Pablo Iglesias se presentó como víctima de "una trama criminal que vincula a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios". "Es una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia", dijo el dirigente de Podemos a los periodistas en la puerta de la Audiencia Nacional.
La clave para que Anticorrupción haya movido ahora ficha es la declaración de Bousselham, que hace que las piezas del puzzle dibujado por Iglesias no cuadren. Su ex asesora dijo en la Audiencia -en su condición de perjudicada por el robo y presunto chantaje con información confidencial sobre su persona- que el vicepresidente del Gobierno le contactó en julio de 2016 para decirle que tenía en su poder la tarjeta del móvil que le habían robado en enero.
Cuando el hoy vicepresidente del Gobierno se la entregó, la llevó a una empresa especializada para recuperar su contenido, pero le respondieron que no era posible volver a obtener esos datos porque habían sido destruidos.
Los pantallazos de Whatsapp
El vicepresidente Iglesias le comentó a Bousselham antes de devolverle la tarjeta que había podido consultar su contenido, lo que refleja que era accesible mientras estuvo en su poder. De hecho, los informes policiales obrantes en la causa indican que la tarjeta estaba "destruida" y no sólo dañada.
Al líder de Podemos esa tarjeta se la dio el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, a quien le llegó de forma "anónima" a la redacción de la revista Interviú. Asensio no publicó el contenido de la misma al haber en la tarjeta del móvil fotografías comprometedoras para determinadas personas. Sin embargo, los periodistas de la extinta Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, continúan imputados en la actualidad en la pieza separada 10, donde se investiga el robo del teléfono, por haberle facilitado ese material supuestamente a Villarejo.
El juez pide analizar correos
Por otro lado, la ex asesora de Podemos admitió que fue ella misma la que hizo pantallazos de los mensajes de Whatsapp en los que Iglesias le decía que azotaría a la periodista Mariló Montero "hasta que sangrase". Esos mensajes fueron publicados por el periódico digital al que ahora la Fiscalía Anticorrupción exonera en su escrito de tener cualquier responsabilidad penal en este asunto.
En su primera declaración, Dina negó ser ella la que compartió esos mensajes. Además, Villarejo afirmó ante el juez que él no había estado tras la filtración de esos Whatsapp a algunos medios de comunicación.
El juez ha pedido ya que se analicen los correos electrónicos aportados por Bousselham con las gestiones que esta misma semana dijo que hizo para recuperar los archivos que contenía la tarjeta de memoria de su móvil.
[Fuente: Por Ángela Maritialay, El Mundo, Madrid, 23may20]
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