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20ene20
La Unión Progresista de Fiscales deja al descubierto la ignorancia funcional del Ministro Garzón
En menos de una semana el Gobierno ha recibido dos golpes del Poder Judicial. El último ha sido la nota que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales (AF) han enviado este lunes por su «sorpresa e indignación» con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ayer expresó en La Sexta que la Fiscalía General del Estado «no es el Poder Judicial». El primero, el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condenando los «ataques» del vicepresidente Pablo Iglesias a la Justicia española.
Garzón defendió el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y expresó que el Ministerio Público, aunque es autónomo, «depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno».
«Desde la Unión Progresista de Fiscales exigimos respeto al ejercicio de la función constitucional que tiene asignado el Ministerio fiscal, el cual actúa con autonomía solo sujeto a los principios de legalidad e imparcialidad», expresan en un comunicado. Además, UPN señala que no hay dependencia «jerárquica» de ningún tipo y subraya el desconocimiento del ministro de Consumo sobre la independencia del Ministerio Público, recogida en el artículo 2 del Estatuto orgánico de la Fiscalía, como organismo autónomo. Por su parte, desde AF, exigen a Garzón que repase los principios de «actuación, autonomía e independencia» de la Fiscalía.
El golpe a Iglesias
También el pasado martes en Antena 3, durante su primera entrevista como vicepresidente segundo, Iglesias mintió al asegurar que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces». Añadió que, a su juicio, eso supone una «humillación» para la Justicia española. Su deslegitimación directa provocó que el CGPJ saliera a defender su actuación, así como que subrayara en su comunicado que solo hubo dos pronunciamientos de tribunales europeos.
El primero, en diciembre, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras y la inmunidad de los europarlamentarios. El segundo, la resolución Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017.
[Fuente: Por Gregoria Caro, ABC, Madrid, 20ene20]
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