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09oct07
El proyecto de memoria histórica deroga leyes ya anuladas por la Constitución en 1978
El PSOE, en su intento por salvar in extremis el proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, ha negociado un texto sobre la ley de memoria histórica de lo más paradójico. En vez de basarse en la Constitución de 1978, que contiene una disposición que anula toda norma contraria a la Carta Magna, el borrador opta por proclamar la derogación de diez leyes del régimen anterior y hasta de tres bandos del golpe de Estado del general Francisco Franco promulgados en 1936.
Todo el mundo entendía que tales leyes fueron tumbadas en 1978. Y respecto a los bandos de Franco, éstos fueron suprimidos por las propias leyes de la dictadura tras el fin de la Guerra Civil. Pero, en un triple salto mortal, el documento negociado al que ha tenido acceso El Confidencial establece en su anteúltima página una disposición que declara “expresamente derogados” el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936 (de la Junta de Defensa Nacional), el Bando de 31 de agosto de 1936 “y, especialmente, el Decreto del general Franco, número55, de 1 de noviembre de 1936”. (Ver borrador completo del proyecto de ley).
Las diez leyes franquistas que PSOE e IU-ICV proponen derogar en el borrador son: las Leyes de Seguridad del Estado, de 1940 y de 1941; de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de modificación del delito de Rebelión Militar, de 1943; el Decreto-Ley de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo; las Leyes de reforma del Código de Justicia Militar (42/1971 y 44/1971); las Leyes de 1939 y de 1942 sobre responsabilidades políticas; la ley de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de Orden Público (1959) y la Ley creadora del Tribunal de Orden Público (15/1963).
Esta decisión ha sido criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos, como el Equipo Nizkor, cuyos portavoces consultados por este diario califican de “grave” el que se apruebe una norma derogatoria ya que significa reconocer que el principio que se anula “y especialmente las leyes fueron legítimas y legales hasta la fecha concreta de entrada en vigor de los efectos derogatorios”.
La inclusión de esta disposición fue exigencia de Izquierda Unida-ICV, al entender que tales leyes fueron manifiestamente represivas. Sus dirigentes, como Joan Herrera, han optado por aceptar esta alternativa en vista de que el PSOE se negaba a su petición principal, que era anular todas las sentencias represivas de este periodo trágico. Sin embargo, han cedido “por responsabilidad histórica”, según fuentes de este grupo. Allí están convencidos de que más vale este acuerdo a nada: “Si todo va bien, podemos lograr un instrumento político y jurídico potente en materia de memoria democrática”.
Este instrumento “potente” tiene tres patas: la disposición derogatoria, el artículo 3 y el preámbulo. El artículo 3, que está ya casi cerrado, declara ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa. El preámbulo, aún en discusión, proclama la ilegitimidad de los tribunales “creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo” y subraya “la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos”.
Reclamaciones judiciales, una a una
El PSOE, que se negaba a anular las sentencias, ha optado por pasar la pelota al Poder Judicial ya que el preámbulo permite que los condenados durante la represión franquista puedan reclamar individualmente la revisión de sus sentencias. Diego López Garrido, portavoz socialista, reconocía ayer que será la Justicia la que decida si abre los casos ya cerrados, uno a uno.
Los negociadores socialistas creen que el número de reclamaciones será “muy limitado”, porque consideran que el preámbulo establece claramente la frontera al declarar ilegítimos sólo aquellos tribunales que hayan vulnerado de forma manifiesta las garantías a un proceso justo o los derechos humanos. El tiempo, y la jurisprudencia, dirá si tienen razón, si es que la ley sale adelante.
El PSOE se empeñó ayer en presentar como acuerdo algo que no ha logrado todavía: que la derecha sociológica y democristiana se sume a un proyecto que aborda el pasado reciente más dramático. Tanto CiU como PNV desmienten que hayan llegado a un pacto. Josep Antoni Duran, portavoz catalán, ha conseguido incluir una referencia a los asesinados en la zona republicana por su creencia religiosa, pero insiste en que aún queda mucho para el pacto, si es que llega. Y está claro que un partido no firmará si no firma el otro.
El avance del PSOE consiste en que hoy se abre el proceso parlamentario de la ley, más allá de la convicción de López Garrido de que habrá acuerdo. El trámite irá a uña de caballo. Así, la ponencia sólo dispondrá de una semana, a partir de hoy, para elevar un informe sobre la nueva norma. La semana que viene está previsto que este informe lo estudie el órgano responsable de su aprobación inicial, la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra. Urge el acuerdo, porque en diciembre se disuelven las Cortes Generales para dar paso a las elecciones.
Este trámite de urgencia, y sin pacto entre los grandes partidos nacionales, contrasta con lo que ocurre en Alemania. Allí llevan 50 años desmontando el entramado legislativo del nazismo. El último paso, que cierra el proceso, ha sido la indemnización de los esclavos de 110 países que vivían en campos de concentración y trabajaban en las fábricas alemanas. El Estado alemán los buscó uno a uno.
No se sumarán a este proyecto, sin embargo, ni PP ni ERC. Ayer mismo, Angel Acebes explicó que su partido se ha opuesto "con carácter general" a la tramitación de la denominada Ley de la Memoria Histórica porque pretende "rememorar lo peor" de la Historia de España y "olvidar lo mejor" que es, según dijo, "la Transición, la conciliación y los grandes consensos".
[Fuente: Por Julia Pérez, El Confidencial, Madrid, Esp, 09oct07]
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