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23dic14


Las negras navidades de una infanta de España


La posibilidad de ver una infanta de España, hermana del rey Felipe VI, en el banquillo de los acusados en un juicio por corrupción se había convertido en una auténtica prueba de fuego sobre la fortaleza de la democracia en España.

El juez José Castro, que instruye el caso Noos, ha hecho caso omiso a todas las críticas y descalificaciones recibidas, y ha decidido sentar a Cristina de Borbón y Grecia en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales.

El juez hace público su auto dos días antes del primer mensaje de Felipe VI como rey de España para felicitar la Navidad, un discurso previsto para este miércoles 24 de diciembre que ha levantado mucha expectación.

Su padre, Juan Carlos, ya pronunció, en su discurso navideño de 2011, una frase premonitoria ya que su hija no estaba todavía imputada: "La Ley es igual para todos, y la ejemplaridad debe ser una meta para los cargos públicos. Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley".

La infanta hoy ya sabe que la ley es igual para todos. Pero también España ha visto salir fortalecida como nunca antes su democracia, en unos tiempos convulsos donde la crisis económica y la corrupción de los poderosos han hundido profundamente la confianza en las instituciones, incluida la monárquica.

Castro no lo ha tenido nada fácil. El propio fiscal del caso, Pedro Horrach, presentó el pasado 9 de diciembre un escrito de casi 600 páginas para alegar que se estaba vulnerando la presunción de inocencia de la infanta ya que, alegaba, la acusación se basa en una mera sospecha. El acusador actuaba como defensor.

La imputación de la infanta, de 49 años, está relacionada con el caso Nóos, un escándalo de corrupción política que se inició en 2010 y que afecta a Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina, y su ex socio Diego Torres.

Los dos están imputados por malversación, fraude, prevaricación, falsedad, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Urdangarin y Torres crearon hace once años el Instituto Noos, un negocio basado en el tráfico de influencias por el que lograban a dedo contratos millonarios para llevar adelante eventos que nadie controlaba.

Noos era oficialmente una sociedad sin ánimo de lucro en la que participaba la infanta y su secretario personal. Con este aristocrático aval todas las puertas se abrían para los proyectos del 'cuñadísimo'. Como confesó el ex presidente de Baleares, Jaume Matas, hoy en la cárcel por tráfico de influencias, quién le iba decir "no" al yerno real.

El dinero público se acabó desviando a la sociedad Aizoon, la compañía familiar en la que Cristina poseía el 50% de las acciones.

El Ministerio Público, en el mismo escrito que exoneraba a la infanta, pide para su marido una pena de hasta 19 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros.

Horrach reclamaba también para Cristina de Borbón, que hace dos años trasladó su residencia a Ginebra, una indemnización de casi 600.000 euros por haberse lucrado con el dinero ilegal que recibía su esposo.

La infanta, madre de cuatro hijos, depositó el dinero la semana pasada, admitiendo de esta forma que se aprovechó de la corrupción de su marido. Cristina nunca se molestó, al parecer, en preguntar a su cónyuge de dónde procedía un dinero que le permitió comprarse, entre otras muchas cosas, un palacete en el barrio más caro de Barcelona, tirar de visa a su antojo y pagar facturas falsas que deducía en Hacienda.

"No sé" y "no me acuerdo"

La duquesa de Palma, la primera licenciada universitaria en la historia de la familia real española, alegó ante el juez Castro en un maratoniano interrogatorio en febrero de 2014 que ella no tenía ni idea de los negocios de su marido. Y usó al menos hasta once muletillas para sortear la respuesta a casi 600 cuestiones embarazosas amparándose en su desconocimiento o su mala memoria. "No sé" y "no me acuerdo" fueron sus contestaciones preferidas.

En esta pesadilla real que ha provocado una brutal erosión para la integridad moral de la Jefatura del Estado a medida que avanzaba la investigación, la parte acusadora arguyó a la desesperada que la infanta, apartada de los acontecimientos reales y familiares desde hace dos años, se encontraba "indefensa".

Indefensa a pesar de tener uno de los mejores abogados de España, Miquel Roca Junyent, padre de la patria y redactor de la Constitución de 1978. Indefensa ante unos inspectores de Hacienda que miraron hacia otro lado cuando entregaba facturas falsas y que no detectó irregularidades cuando se deducía impuestos al pagar a trabajadores imaginarios.

Huérfana cuando es hermana de Rey e hija de Reyes. O desamparada ante una Fiscalía General del Estado no la ha denunciado, a pesar de que su propia defensa admite que la infanta se lucró de una empresa en donde todo el consejo de administración está imputado y con peticiones de cárceles, a excepción de ella.

Y hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha defendido siempre asegurando que la infanta es "inocente" cuando todavía la Justicia no ha actuado.

Por eso no es de extrañar que se hayan alzado voces contra un fiscal que actúa como "abogado defensor" de la infanta y contra un poder que intenta impedir, por todos los medios, que un representante de la realeza acabe en el banquillo de los acusados.

El senador vasco Iñaki Anasagasti, azote de la monarquía, considera "particularmente hiriente" el trato dado a Ana María Tejeiro, esposa del socio de Urdangarín, para quien el fiscal pide dos años de cárcel por blanqueo cuando el estatus de la infanta en la empresa era exactamente el mismo que el de Tejeiro.

Anasagasti va más allá y lamenta también que no se haya investigado nunca "el pozo negro" que a su juicio fue el reinado de Juan Carlos, una regencia "nada ejemplar, nada útil, nada democrática y nada barata".

La casa real de Felipe VI se ha mostrado muy cauta ante los problemas de Cristina y, públicamente, lo deja todo en manos de la Justicia.

Felipe VI llegó al poder con las peores cotas de popularidad de la monarquía. Hoy ha logrado remontar la situación gracias a su intensa actividad, a aplicar un código deontológico y al anuncio de que las cuentas de la Casa Real se van a auditar, por primera vez, de manera externa.

Felipe prometió en su discurso de investidura el pasado mes de junio "encarnar una monarquía renovada", "integra, honesta y transparente" para no repetir los errores pasados.

Pendiente queda ahora que Cristina, duquesa de Palma, renuncie a sus derechos sucesorios, que la sitúan en sexta posición, un tema que preocupa enormemente a Zarzuela.

Según fuentes cercanas a palacio, la duquesa, que se siente también sola y abandonada por su familia, se niega a renunciar porque significaría admitir los hechos de los que se le acusa. Y ese es el único derecho real del que todavía dispone y parece que quiere mantenerlo.

La joven que se instaló en Barcelona, a la que se le abría un gran futuro profesional, que se casó con un guapo deportista olímpico y madre de cuatro hijos vive sus horas más bajas, enzarzada en una trama que parece más típica de un culebrón, si no fuera por el dinero público desviado por su marido, del que no se quiere divorciar.

[Fuente: Por Pilar Casanova, Sputnik News, Moscú, 23dic14]

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