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31mar10
El Gobierno ha reconocido a sólo 567 personas como víctimas del franquismo
Tan sólo 1.064 personas han solicitado al Gobierno una 'Declaración de reparación y reconocimiento personal' como víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, la fórmula a la que el Gobierno recurrió para eludir la anulación de las condenas impuestas por los tribunales franquistas a los opositores al régimen. De esa cifra, tan sólo 567 han sido concedidas, 30 más han sido denegadas, y el resto, 467, están todavía en estudio, según datos oficiales facilitados a este diario por el Ministerio de Justicia.
Un paupérrimo logro de la Oficina para las Víctimas, creada para esta labor, entre otras, en diciembre de 2008, que da cuenta de la escasa aceptación que ha tenido la medida. El fracaso de la iniciativa resulta aún más evidente si comparamos las solicitudes de reparación con los cientos de miles de procesos que se instruyeron contra los opositores del régimen, o simplemente con el listado de 156.000 republicanos fusilados que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica entregaron en septiembre de 2008 al juez Baltasar Garzón para que rescatara sus restos de las fosas comunes en las que aún están enterrados. Margarita Temprano, responsable de la oficina, declinó valorar estos datos porque, dijo, no está autorizada a hablar con la prensa.
La última declaración de reconocimiento fue entregada la semana pasada a la familia del poeta Miguel Hernández, de quien este año se celebra el centenario de su nacimiento. Una reparación moral que no va a impedir que sus descendientes reclamen al Tribunal Supremo la anulación de la pena de muerte a que le condenó un consejo de guerra sumarísimo. Un camino que ya han recorrido otras familias, en todos los casos sin éxito. Los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados, ajusticiados a garrote vil en agosto de 1963, acusados de dos atentados que no cometieron; el dirigente comunista Julián Grimau, fusilado ese mismo año por delitos de guerra, o Salvador Puig Antich, ajusticiado en 1974, son algunas de las causas más conocidas cuya anulación ha rechazado la Sala de lo Militar del Supremo.
Un portavoz de Justicia manifestó que todas las solicitudes que se presentan son investigadas para comprobar si los hechos relatados en ellas son ciertos. Hasta el pasado 25 de marzo se habían acreditado, y concedido, 567 títulos; treinta más habían sido rechazados al no haber quedado fehacientemente probados los hechos expuestos en las solicitudes, y el resto está en estudio o a falta de que los afectados o sus familiares aporten documentación. Los 'títulos' son, en realidad, una carta firmada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, en la que aparecen 'personalizadas' las razones de su concesión.
El caso Companys
El Ministerio de Justicia mantiene en secreto las identidades de las personas que han realizado la solicitud, y hasta la entrega de la declaración de reconocimiento a la familia de Miguel Hernández tan sólo había hecho público la del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940. Dice así: "Habiendo quedado acreditado que D. Lluís Companys i Jover padeció violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a muerte en cumplimiento de sentencia impuesta por un ilegítimo Consejo de Guerra, que se desarrolló bajo la acusación de delito de rebelión y que determinó su ejecución en momentos dolorosos de nuestra historia, y VISTO que D. Lluís Companys y Jover tiene derecho a obtener la reparación moral que contempla la Ley 57/2007 de 26 de diciembre, mediante la cual la Democracia española honra a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, EXPIDE en su favor la presente DECLARACIÓN DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO PERSONAL, en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 4 de la citada Ley".
Aún así, la Generalitat y la familia del ex president reclamaron en octubre pasado a la Fiscalía General del Estado que presentara ante el Supremo un recurso de revisión para anular las sentencias que le condenaron a muerte. El pasado día 26, aquella avaló en un informe que la Ley de Memoria Histórica declara ilegítimos los tribunales y los consejos de guerra de la dictadura, lo que convierte en nulos de pleno de derecho todas sus sentencias, sin necesidad de que se recurra al Tribunal Supremo. Una interpretación que no todos los partidos políticos comparten.
[Fuente: Por Carlos Fonseca, El Confidencial, Madrid, 31mar10]
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