EQUIPO NIZKOR |
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23feb07
La recuperación de la memoria de los vencidos
Hoy la Universidad de Oviedo rinde un merecido homenaje al que fue su ilustre rector Leopoldo Alas Argüelles, vilmente asesinado por los franquistas el 20 de febrero de 1937, después de ser condenado por un consejo de guerra, que lo acuso de incitación a la rebeldía.
Su total rehabilitación moral y la recuperación de su dignidad, así como la de las demás víctimas que corrieron su misma suerte, pasa por la anulación de los juicios sumarísimos que los condenaron sin pruebas y sin ninguna garantía jurídica. Y es el Estado español quien tiene que dar ese paso.
El Gobierno socialista, después de una laboriosa y larga elaboración, ha presentado un proyecto de ley de Memoria Histórica tan descafeinado que la deja sin la esencia necesaria para ser el instrumento que permita tanto la rehabilitación moral y material de las víctimas del franquismo como la rehabilitación política de la legalidad republicana, puesto que no condena contundente y definitivamente la dictadura franquista.
En efecto, el texto sometido a las Cortes no puede satisfacer, es lo menos que se puede decir, las expectativas legítimas de las familias y de las asociaciones que quieren dignificar a las víctimas del franquismo.
Sus numerosos vacíos la incapacitan para asegurar la recuperación de la Memoria. Refleja más bien el temor del Gobierno a ofender a quienes siguen sin querer condenar a la dictadura franquista y sus secuelas de represión, pues consideran que la dictadura ha sido un avatar más bien anodino de la evolución política, institucional e incluso jurídica de nuestro país.
La ley no recoge aspectos tan fundamentales como la nulidad de los juicios sumarísimos que se caracterizaron por numerosos vicios de forma y de fondo, y que duraron hasta la muerte del dictador. Se trata de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto sin prescripción, como los define el Derecho Internacional consuetudinario que después del juicio de Nüremberg les acuerda un efecto retroactivo. Esta doctrina se admite y se practica habitualmente. No olvidemos que es la que ha hecho posible que jueces españoles hayan podido perseguir e inculpar a asesinos de la dictadura argentina y al propio Pinochet. Dicha ley hace abstracción del período 1939-1976, durante el cual siguió la represión al haber escogido el franquismo la división de España entre vencedores y vencidos, y no la reconciliación nacional que estaría más acorde con las ideas cristianas que decían defender.
El proyecto de ley no institucionaliza la localización, identificación y exhumación de los restos de las víctimas republicanas. No garantiza la supresión de todos los símbolos franquistas, limitándola a los edificios estatales, y dejando a los ayuntamientos la decisión de hacerlo. Tampoco permite la rehabilitación de los militares que se mantuvieron fieles al Gobierno legítimo, ni la de los magistrados, jueces, secretarios judiciales, represaliados con la pérdida de su carrera por el único «delito» de ejercer su profesión. No prevé el homenaje y reconocimiento oficial a los maestros y profesores cuya sola actividad represariable fue la de transmitir a sus alumnos la esperanza de que con la República, un país más libre y más igualitario era posible. No reconoce el derecho de las víctimas o de sus familias a conocer el nombre de las personas e instituciones que firmaron y respaldaron las ejecuciones, las condenas de prisión y de exilio.
Ante esta situación lo más lógico hubiera sido la retirada del proyecto de ley, argumentando que ya existe una legislación internacional aplicable a España, como ya lo habían recomendado organismos internacionales independientes, como Nizkor (organización internacional no gubernamental, con sede en Bruselas) y Amnistía Internacional.
Desafortunadamente se ha escogido la vía de las enmiendas que no cambiarán en nada el fondo de la ley, que sin duda será aprobada, pero que habrá dado el espectáculo de que partidos que se llaman de izquierda utilicen a las víctimas del franquismo como moneda de cambio después del chalaneo correspondiente y desde luego con el voto en contra de la derecha, lo que impedirá que la recuperación de la memoria tenga un carácter colectivo respaldado por toda la nación.
Mientras la derecha española no reconozca lo que realmente ha sido el franquismo, la cuestión de la memoria colectiva seguirá en suspenso. Sin embargo, donde reside la verdad es en esa memoria que, a pesar de los intentos persistentes para su relegación al olvido total, con el paso del tiempo hace que acabe por aflorar, como está sucediendo ahora.
Las nuevas generaciones, y las encuestas recientes así lo muestran, quieren y tienen todo el derecho de saber lo que realmente pasó en España entre 1936 y 1939, para poder enjuiciar ese período desde su propia perspectiva, lejos de las interpretaciones que los seudohistoriadores les están presentando.
El trato discriminatorio dado durante el franquismo a la memoria de los vencidos -desde los enterramientos clandestinos de los muertos hasta las calumnias contra sus dirigentes- no fue reparado durante los 30 años de transición y ahora es una reivindicación justa no sólo de sus descendientes, sino también de las nuevas generaciones.
Y si el debate sigue abierto es porque las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica siguen en la brecha para que se abra paso el único recurso que les queda: acudir a los tribunales internacionales. Para ello sería necesario el establecimiento de una comisión de la verdad, a nivel estatal y como proyecto de ley presentado por la comisión interministerial, de carácter independiente y extrajudicial para que se aclare y recupere la única verdad del período histórico reciente.
En esa vía tiene gran interés la conferencia que el miembro del equipo Nizkor Gregorio Dionis dará mañana en Gijón sobre el proyecto de ley del Gobierno y de la posibilidad de aplicar a España los acuerdos de la ONU sobre la impunidad que aún existe en España. Esta conferencia está organizada por la Mesa para el Diálogo por la Recuperación de la Memoria Histórica-Frente Norte que aglutina 14 asociaciones asturianas.
Mientras no se recupere la memoria colectiva, y dada la actitud que está tomando la derecha española en éste y en otros problemas, no sólo no se superará la división de España en dos, sino que se acentuará, impidiéndose así la consolidación de la democracia en nuestro país.
[Fuente: Por Macrino Suárez, La Nueva España, Oviedo, Asturias, 23feb07]
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