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07may06
Dudas ante la Ley de la Memoria.
Todo comenzó una fría madrugada de marzo del año pasado. Con nocturnidad y un truco legal para garantizar el sigilo, el Gobierno retiró la estatua ecuestre de Franco de Madrid, el último gran símbolo para los franquistas nostálgicos. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, participaba a esas horas en una cena homenaje al histórico líder del PCE Santiago Carrillo por su 90 cumpleaños. Allí recibió la noticia de que el Franco de bronce se tambaleaba.
Entonces, el Gobierno ultimaba uno de sus grandes proyectos, la Ley de Memoria Histórica, pensada para rehabilitar a los republicanos que sufrieron la represalia franquista. La virulenta reacción que siguió a la caída de la estatua, no sólo de los nostálgicos, sino en casi todo el mundo conservador, incluido el máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, hizo dudar al Gobierno. Nadie esperaba una polémica tan grande.
Desde entonces, el Ejecutivo no ha parado de trabajar, pero esas dudas no acaban de disiparse. Una y otra vez, el Gobierno ha retrasado la presentación de esta ley porque no encontraba el momento oportuno. Pero el miércoles, en la última reunión de la comisión interministerial que estudia este asunto desde hace un año y medio, la vicepresidenta lo dejó claro: los trabajos tienen que estar concluidos antes de fin de mes para poder llevarlos al Congreso en junio, antes de que acabe el periodo de sesiones.
El trabajo técnico está prácticamente acabado. El informe detallado de lo que se ha hecho hasta ahora para rehabilitar a las víctimas del franquismo está listo. Y también está muy avanzado el proyecto de ley. Pero es ahora cuando hay que tomar una decisión política. Una parte de los asesores que están trabajando en el asunto y del Grupo Socialista se decanta por presentar simplemente el informe en el Congreso, para que sean los grupos quienes asuman la responsabilidad de buscar un consenso y elaborar una ley. Con esto, el PSOE intentaría evitar la acusación más repetida del PP: los socialistas dividen a España.
Sin embargo, esto retrasaría la aprobación de la norma y generaría una gran frustración entre las asociaciones de represaliados y exiliados. Por eso la posibilidad de presentar ya la Ley de Memoria, tal como prometió en febrero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, gana enteros La Moncloa.
El Gobierno está tardando tanto que se le han adelantado algunas comunidades autónomas, como Andalucía o el País Vasco, que tienen ya sus propias leyes de memoria histórica.
Desde el punto de vista político, el Gobierno ya sabe que este asunto es una bomba. Cada vez que Zapatero -nieto de un capitán leal a la II República fusilado en León- habla sobre este asunto se levanta una polvareda. La última vez fue en el Senado, cuando reivindicó los valores del régimen republicano como "único antecedente democrático" de España, que "inspiró" la Constitución de 1978. Y ahí está la clave del debate, porque el PP no quiere reconocer ningún mérito a la II República. "Lo que hay que reivindicar es la Transición. Yo no creo que la República sea el único antecedente democrático", explica Manuel Atencia, diputado del PP responsable para estos asuntos, que critica al Gobierno por "remover en el pasado".
Las asociaciones, que se ilusionan cada vez que Zapatero habla de los valores republicanos, temen que al final, por temor a la reacción del mundo conservador, se haga una ley muy suave. Ellas mismas están muy divididas. Las hay extremistas y más moderadas. Pero tienen una reclamación común: que la democracia española deslegitime el franquismo, jurídicamente y para siempre.
El pacto de reconciliación de la Transición, y la Ley de Amnistía de 1977, implicaron continuidad jurídica entre la dictadura y la democracia. Los juicios sumarísimos, por ejemplo, los miles de fusilados por el simple hecho de ser comunistas o sindicalistas -auxilio a la rebelión llamaban a su delito-, son legales para la justicia democrática. Así lo dictamina una y otra 2vez la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por ejemplo con el dirigente comunista Julián Grimau, ajusticiado en 1963.
"No necesitamos reconocimientos morales, que es lo insinúa el Gobierno. Eso ya lo tenemos, nos aclaman en todos los pueblos cuando vamos con los guerrilleros. Queremos que se reconozca jurídicamente que el franquismo fue un régimen ilegítimo", explica Dolores Cabra, de la Asociación Guerra y Exilio. Esta mujer viaja por España con gente que perteneció al maquis. "Cada vez quedan menos. Este año hemos perdido a una docena. Algunos me dicen 'están esperando a que nos muramos para no tener que hacer nada", cuenta.
El retraso de los trabajos hace que las asociaciones desconfíen. Pero el Gobierno ya tiene prácticamente decidido conceder muchas de sus reclamaciones, según fuentes cercanas a los trabajos. Por ejemplo, la transformación del Valle de los Caídos en un centro de estudios del franquismo. Ahora es simplemente un monumento que utilizan los turistas y los nostálgicos del régimen para sus manifestaciones frente a la tumba del dictador. Nada recuerda allí a los miles de presos republicanos que lo construyeron. También se estudia indemnizar a los dos principales colectivos que quedan sin cubrir: los guerrilleros del maquis y los antifranquistas, unos 40, que murieron a manos de la policía durante la Transición.
También se está preparando un protocolo para las exhumaciones, porque ahora las fosas se están reabriendo por cuenta de las familias, de manera ilegal, sin apoyo ni control público.
La comisión interministerial, en cualquier caso, hará un repaso de la barbarie franquista durante 40 años, pero también de las represalias en el lado republicano en la Guerra Civil. Y eso, sin duda, será lo más polémico. "El terror republicano está documentado, nadie lo niega", explica José Antonio Moreno, del Foro por la Memoria. "Pero todo eso quedó juzgado y resarcido en el franquismo. Lo otro, no. Y eso es lo que tiene que hacer la democracia. Es de sentido común".
[Fuente: Por Carlos Cue, El País, Madrid, Esp, 07may06]
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