10sep03

---

Debate parlametario donde se rechaza la anulación de los juicios sumarios de la dictadura franquista.

---

(Número de expediente 162/000796.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la anulación de los juicios sumarios de la dictadura franquista. (Rumores.)

Señorías, por favor, es preciso que continuemos con el debate, por lo que ruego abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer.

Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Valcarce.

La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en el salón de sesiones de la Diputación de León fueron juzgados e14 de noviembre de 1936 y fusilados e121 de noviembre de ese mismo año, en el polígono de Puente Castro, las autoridades republicanas más importantes: el gobernador civil, Emilio Francés, el presidente de la Diputación, Ramiro Armesto, el alcalde de León, Miguel Castaño, el presidente del Frente Popular, Félix Sampedro, el presidente del Partido Sindicalista, el líder del sindicato minero, también Antonio Fernández, el dirigente comunista José María de Celis, y el delegado de trabajo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Y así sucedió en muchos pueblos, ciudades y provincias de España, porque esto no fue una excepción. Señorías, se produjo algo terrible: los acusados eran quienes habían permanecido fieles a las leyes y los jueces eran los que habían roto la legalidad. Además, se aplicaba la legislación militar para cuestiones políticas --Dtra anomalía jurídica-, se condenaba por auxilio a la rebelión no sólo a los que defendían la legalidad republicana, sino a los que, sin enfrentarse a los sublevados, simplemente no apoyaron su causa. Señorías, esto no fue un hecho aislado en 1936, en 1937 y en 1938. En 1939, en Burgos, el día 13 de febrero, se publica la Ley de Responsabilidades Políticas y se abre una causa general contra los dirigentes políticos, para muchos de los que, como ustedes, señoras y señores diputados, se sentaron en este Congreso de los Diputados. Se abrió una causa general contra los dirigentes de la República, se abrió una causa general contra militares, contra maestros, contra intelectuales, contra científicos españoles, pero también lo sufrieron muchos ciudadanos y muchas ciudadanas.

Señorías, no podemos convertir a los ofendidos en olvidados, esos ofendidos que fueron acusados de rebelión cuando se mantuvieron fieles a las leyes, aquellos que vieron vulnerados sus derechos fundamentales, que perdieron la libertad, incluso la vida, que fueron perseguidos, que fueron depurados. Eso les sucedió a muchos, no solo al presidente de la República, no solo al primer ministro, no solo a los dirigentes de los partidos políticos. No solo a Azaña, no sólo a Besteiro, no sólo a Companys, también afectó a otros, como Miguel Hernández, Pedro Durruti, Julián Sánchez Vázquez, José Vieitez de Soto, Consuelo Gonzalo de María, Juan Lorenzo Alcalde, Clara Campoamor y Nicostrato Vela. y así muchas españolas y muchos españoles.

Este año, señorías, se cumplen 25 años de la Constitución española. El año pasado, el 20 de noviembre, este Congreso de los Diputados pronunciaba una declaración institucional precisamente condenando la lucha fratricida de la guerra civil, pero además condenando el régimen dictatorial que la siguió. Señores y señoras del Partido Popular, aquella declaración institucional no podemos entenderla como una especie de punto y final sobre aquellos hechos, porque no podemos convertir, insisto, a los olvidados en ofendidos y a los ofendidos en olvidados. Tampoco, señoras y señores del Partido Popular, deben ustedes interpretar esta iniciativa, que pretende la anulación de aquellos consejos de guerra, de aquellos juicios sumarísimos que se hicieron a españolas y españoles por defender la democracia, por mantenerse fieles a la democracia, como una especie de ajuste de cuentas con la historia, porque no es así. Todos los países democráticos de nuestros entorno, señorías, suelen utilizar fechas tan relevantes como el vigésimo quinto aniversario de la Constitución española para reafirmar la fe democrática. Quiero señalar que en Alemania, cuando celebraron el 50 aniversario de su ley fundamental, también enviaron un mensaje muy claro hacia la ciudadanía para reforzar las instituciones democráticas. Fue precisamente en 1998 cuando el Parlamento alemán aprobó la anulación de los juicios injustos que se habían producido en la etapa nacional-socialista, en la etapa nazi. Por lo tanto, señorías, son frecuentes estos actos de reafmnación, porque refuerzan a las instituciones, pero sobre todo porque refuerzan entre las ciudadanas y los ciudadanos no sólo los valores de libertad y de democracia, sino también la memoria, que es siempre la mejor maestra. Es un mensaje también para las generaciones jóvenes. Este mensaje es la mejor lección moral de democracia que podemos enviarles.

No podemos aceptar que todavía los archivos en los que se custodian esos sumarios no estén en las debidas condiciones de catalogación, que no estén abiertos en su totalidad a los estudiosos historiadores que acuden a ellos y sobre todo que se dificulte tanto el acceso a las familias. No es posible, señorías, que a Manuel Durruti le hayan contestado que no puede acceder al sumario de sus familiares hasta que no demuestre el grado de parentesco con esos familiares que sufrieron persecución, a los que se les realizó consejo de guerra y fueron perseguidos. Esto es lo que pretende esta iniciativa, señorías. Pretende que se abran esos archivos a los familiares, que se facilite el acceso a los mismos, pero también que sean debidamente custodiados y catalogados para que todos los estudiosos puedan acceder a los mismos. Esto ha de hacerla el Gobierno en los archivos civiles y militares, en cooperación con las comunidades autónomas allí donde proceda.

Pero, señorías, hay mucho más. No podemos por dignidad, no podemos por lección moral de la historia, permitir que en esos archivos que queremos que se abran, en esa recuperación de esos sumarios, pueda mantenerse todavía la infamia; la infamia de quienes han sido perseguidos, de quienes han sido ofendidos y de quienes, al parecer, pretenden que olvidemos. Nosotros pedimos la anulación de esos sumarios, la anulación de esos consejos de guerra que se hicieron vulnerando las leyes, los principios de libertad, los principios de democracia y los derechos fundamentales de las personas, que se hicieron sin garantías, aplicando además normas que vulneraban la Constitución vigente, que se hicieron por autoridades y tribunales que eran injustos, pero que además eran los sublevados y no los que acusaban de la rebelión.

Señoras y señores del Partido Popular, estoy segura de que ustedes no pueden permitir que esa infamia se mantenga por más tiempo. Sobre todo quiero recordarles que la Ley de Responsabilidades Políticas se aplicó incluso a los que estaban ya fuera de España, incluso a los que habían muerto. Yo me permito leerles algunos párrafos del sumario que se abrió a Manuel Azaña, porque incluso la crueldad llegó a mantener un sumario después de que el presidente Azaña hubiese muerto; murió en el exilio. En ese sumario, que nadie ha anulado todavía, se contienen acusaciones tan infamantes como las que siguen. De Azaña dice su acusador: Siendo uno de los principales agentes y propulsores que con sus oscuras actuaciones consiguieron el cambio de régimen con todos sus horrores. Su actuación, funestísima y demoledora para España, vertiendo en las multitudes el germen de desolación y anarquía, que dieron por fruto las abominaciones de sangre, robo y destrucción que todos lamentamos. Y termina señalando: Creó tal estado social de crímenes que Dios, en su infinita misericordia, inspiró a nuestro ínclito caudillo la misión de salvar a España. Señorías, quienes tantas veces citan a Azaña que no lo hagan tomando su nombre en vano (Aplausos.), que no permitan que esta infamia y toda la infamia que se produjo contra tantos españoles, contra tantas españolas, hombres y mujeres de bien, pueda mantenerse ni un día, ni un minuto, ni un segundo más.

Señorías, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Valcarce. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, no quiero dejar de iniciar esta intervención sin citar unas palabras del historiador catalán Josep Benet, que en un libro de reciente aparición, este mismo mes de septiembre, titulado Domenec Latorre, afusellat per catalanista, pone de manifiesto cuáles son los hechos básicos sobre los que nos tenemos que pronunciar. Mi grupo parlamentario -así lo pudo decir aquel día nuestro portavoz, Josep López de Lerma- no pretende ningún ajuste de cuentas contra nadie, pero nos sentimos obligados a dos cosas: en primer lugar, a hacer un ajuste de cuentas con la historia y, en segundo lugar, a otorgar reconocimiento moral, ya que otra cosa no podemos, a tantas y tantas personas que fueron represaliadas.

Dice Josep Benet en el prólogo a esta misma obra, y les traduzco: He dicho también muchas veces, por ejemplo, en mi obra La muerte del presidente Companys, que durante la guerra civil en un bando y otro se cometieron muchísimas barbaridades y que, teniendo en cuenta el número de habitantes en una zona y otra, el porcentaje de víctimas de la violencia fue mayor en la franquista que en la republicana. He recordado también -sigue diciendo- que durante las primeras semanas de la guerra, del puerto de Barcelona zarparon diversos barcos extranjeros con miles de pasajeros a bordo que, con la autorización y complicidad del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, huían del país porque temían por su vida en el caos que la revuelta militar había provocado. En cambio, de los puertos de la zona franquista no zarpó ni un solo barco semejante. Ahora bien, la primera y máxima responsabilidad de que se cometiesen aquellas barbaridades recae en los militares y en sus aliados civiles que con su pronunciamiento de julio de 1936, contra los gobiernos legítimos de la República y de la Generalitat de Catalunya, provocaron una situación caótica que facilitó que se cometiesen. Dicho esto, todos tienen que reconocer que la durísima represión de la postguerra, con todas sus barbaridades, fue obra exclusivamente de uno de los bandos, del vencedor, del franquista. No sabemos qué habrían hecho los republicanos si hubiesen vencido. Sabemos, sin embargo, qué es lo que hizo el franquismo. Para acabar dice: Acabada la guerra fratricida con la victoria total sin condiciones de uno de los dos bandos, se podía esperar que los vencedores irían poniendo las bases para que se pudiese comenzar a avanzar en un proceso hacia la reconciliación, imprescindible para llegar a conseguir en un término más o menos largo el restablecimiento de una auténtica paz, lo que no era incompatible con una acción judicial justa y equitativa que castigase los asesinatos y los delitos de derecho común cometidos durante la guerra civil. Sin embargo, no fue así. Los franquistas, a pesar de haberse acabado la guerra, continuaron manteniendo la división entre vencedores y vencidos, consolidando precisamente en esta visión su nuevo régimen.

Señorías, estos son los hechos de los que tenemos que partir y los que determinan la necesidad de efectuar este reconocimiento moral y de intentar establecer aquellos procedimientos, aquellos mecanismos procesales que permitan ir a una revisión de estos procedimientos. Debo decir que no lo tenemos fácil. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, concretamente de la Sala quinta, Sala de revisión, 13 de mayo de 2003, muy curiosamente viene a decir que no puede efectuarse una revisión de esta sentencia; se instaba la revisión de una sentencia que condenaba en 1941 a una matrimonio por el delito de rebelión militar. En este caso el Tribunal Supremo viene a decir que, en la medida en que las sentencias fueron dictadas aplicando disposiciones con anterioridad a su vigencia y que los órganos judiciales aplicaron un derecho que estaba en vigor cuando se produjeron y se sujetaron también al procedimiento establecido, estas sentencias son irrevisables. Debo decir que no puedo compartir en absoluto desde el punto de vista jurídico el planteamiento que en este caso tiene el Tribunal Supremo, porque en modo alguno puede sostenerse que aquellos procedimientos no vulneraban derechos fundamentales ni que aquella legislación era constitucional, ni conforme a la Constitución de 1931 ni conforme a la nuestra actual. Razón de más la existencia de esta sentencia para que solicitemos del Gobierno la remisión de un proyecto de ley que permita iniciar la revisión de este procedimiento, de este tipo de procedimientos, porque, como se ha señalado anteriormente, hemos asistido a la retorsión jurídica de entender que cometían delito de rebelión militar aquellos que se mantuvieron dentro del orden constitucional de 1931, Y de la misma manera tampoco cabe admitir que en aquellos procedimientos no ya sumarios sino sumarísimas, tanto el ordinario como el de urgencia, que bandos del 28 de julio y del 31 de agosto de 1936 ordenaron aplicar, se pudiesen dar las más mínimas oportunidades de un derecho a un proceso o a una tutela judicial efectiva. Encontramos procedimientos de esta naturaleza en los que en una hora y cuarto se juzgan a doce personas, se aplican ocho condenas de muerte, donde es imposible localizar a los testigos, por descontado de la defensa, donde el defensor debía de ser un militar obviamente -entre comillas- del régimen franquista, sin conocimientos jurídicos, o que podría carecer de conocimientos jurídicos, y por lo tanto es algo que debemos someter a revisión.

La enmienda del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió pretende que esta revisión pueda efectuarse tanto a instancia de parte como de oficio. En muchos casos los familiares de las personas sometidas a procedimiento no están en condiciones de instarlo, o simplemente ya ha desaparecido esa misma familia. Por lo tanto, entenderíamos que aquí algo se tiene que poder hacer desde el ministerio fiscal o incluso desde la Abogacía del Estado. En ese sentido, quiero señalarles que el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya, de 9 de julio de este mismo año, ha publicado una proposición de ley, presentada conjuntamente por varios grupos parlamentarios, de cara a regular un procedimiento de revisión. Un planteamiento además avalado jurídicamente, en la medida que el autor de la proposición es ni más ni menos que el presidente de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, don Angel García Fontanet, ayudado también por algún magistrado de esa misma sala, como don José Manuel Bandrés.

Hay que distinguir aquellos supuestos en los que la condena tenía una pura motivación política de aquellos supuestos en los que se producía un enjuiciamiento de auténticos delincuentes comunes. El propio Josep Benet en este libro distingue y permite distinguir la situación de tantos y tantos inocentes de aquella otra situación de aquellas otras personas, como pudo ser el pistolero anarquista Justo Badía, que ya en febrero de 1936 había asesinado a algunos policías de la Generalitat y estuvo campando a sus anchas hasta el año 1937 también por Cataluña. En cualquier caso, sí quiero poner de manifiesta, por aquello de enmarcar distinciones, que ya durante la guerra la propia Generalitat de Cataluña nombró un juez especial, don Bertrán de Quintana, dedicado a averiguar y a esclarecer crímenes que se habían cometido en la retaguardia y que alguna de esta documentación integró después la denominada causa general, de la misma manera que se puede afirmar que desde el 12 de agosto de 1938 no fue fusilado, no fue condenado a muerte o no fue ejecutada ninguna sentencia de muerte en la zona republicana.

El planteamiento de Convergencia i Unió es que es necesaria una ley. Antes se han señalado los antecedentes de la propia Alemania, pero puestos a citar antecedentes, aunque sean espurios, la propia Ley de 8 de mayo de 1939, en la que se establecía la revisión de las sentencias civiles, penales y contencioso-administrativas de la época previa al franquismo. En cualquier caso, el planteamiento es que debe remitirse una ley que permita la revisión de oficio a instancia de parte, que permita revisar todos los procedimientos en los cuales se produjo esa vulneración de derechos fundamentales que no tenían base en la comisión de delitos comunes. Me gustaría citar dos casos. De la misma manera que la portavoz socialista ha hecho referencia a algunos, quisiera unir los casos tan conocidos del propio fundador de mi partido, Unio Democratica de Catalunya, Manuel Carrasca i Formiguera; la condena y ejecución también del presidente, Lluis Companys, pero también la del alcalde de Mollet, Josep Fortuny i Torrens o la del alcalde del Prat de Llobregat, Luis Serra i Giribet, y tantos y tantos otros. Tenemos ciertamente esta obligación moral y esta obligación también jurídica.

Si se entendiese que no cabe, cosa para nosotros inconcebible, en el marco de nuestra Constitución un proyecto de ley de estas características, también mi grupo parlamentario hace suyo el planteamiento expuesto por el historiador Josep Benet, que tiene antecedentes más recientes en la constitución de una comisión de juristas-historiadores, que permita esclarecer estos hechos y devolver su honor a tantas y tantas personas. La sentencia y la condena constituyó sin lugar a dudas un estigma, aparte de ocasionar enormes daños, tanto personales como materiales, a las familias, y en última instancia la constitución, si no se puede ir por la vía procesal, de una comisión de la verdad, de algo semejante a lo que supuso en su día el informe Sábato, es algo que debiéremos hacer.

Quiero acabar con un planteamiento semejante al del inicio. No se trata de ajustar cuentas ni de imputar herencias. Aquellas páginas de la historia de España son relativamente lamentables, porque la responsabilidad no se puede atribuir por igual a todo el mundo. De lo que se trata obviamente es de hacer justicia y de formular el oportuno reconocimiento.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de GanteMirón): Muchas gracias, señor Silva.

żGrupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.

El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, muy brevemente, quiero decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de esta proposición no de ley del Grupo Socialista que solicita la anulación de los fallos dictados por los ilegítimos tribunales de la dictadura franquista contra aquellas persanas que defendieron en su momento la legalidad democrática.

Dicho esto, a mí particularmente me resulta sorprendente que a estas alturas, un cuarto de siglo después del fin de la dictadura, aún se estén produciendo debates dirigidos a restituir la memoria y la dignidad de múltipIes personas injusta y arbitrariamente condenadas y purgadas por el régimen franquista. Es sorprendente, en primer lugar, porque pone de manifiesto la resistencia de muchos sectores políticos y sociales que hoy se proclaman democráticos a considerar que la dictadura franquista fue un régimen antidemocrático y condenable. Es evidente que existen aún poderosos sectores políticos y sociales que consideran que la dictadura fue legítima y necesaria y en todo caso, como mucho, un mal menor. Por eso no condenan ese régimen y se resisten a reconocer a las personas condenadas, marginadas, machacadas y silenciadas durante ese régimen, como decía, de forma arbitraria e injusta. Y es sorprendente, en segundo lugar, porque evidencia que quienes tuvieron oportunidad de hacerla durante estos años de vigencia de la democracia no tuvieron el coraje político necesario para haber zanjado esas cuestiones pendientes de forma clara y precisamente al amparo de la legalidad democrática.

En todo caso -y termino, señora presidenta-, en estas cuestiones y mientras no se alcanzan las deseables soluciones jurídico-políticas, nada mejor que predicar con el ejemplo, contribuir a levantar la losa de silencio que se mantiene sobre destacadas personalidades republicanas, honrar su memoria, en definitiva, hacerla s visibles. Es una tarea en la que, aunque sólo fuese por los valores educativos que tiene para la sociedad en que vivimos, deberíamos empeñamos todos, y el Bloque Nacionalista Galego sin duda lo hace.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante

Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.

El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, una vez más, y con esta suman ya más de una docena a lo largo de esta legislatura, tenemos ocasión de debatir una iniciativa relacionada con la memoria histórica, con una memoria histórica que durante 40 largos años ha sido deliberadamente soterrada por quienes instauraron y sostuvieron un régimen tiránico basado en el terror y en la mentira, y que hoy comienza tímidamente a reemerger reivindicando un lugar en las crónicas sobre el pasado, reclamando el lugar que le corresponde y que probablemente nunca debió perder; una memoria histórica cuya recuperación exige hoy, a la luz de los principios democráticos, una reparación moral, una auténtica restitución pública de las personas, de las gentes que padecieron como víctimas los hechos que la conforman.

Es conocido que, tras numerosos intentos infructuosos a lo largo de esta legislatura, todos ellos impulsados desde la oposición, finalmente, el pasado 20 de octubre de 2002, la Comisión Constitucional de este Congreso aprobaba por unanimidad una tímida resolución -y digo tímida porque, por ejemplo, en lo que se refiere a los términos que utiliza es absolutamente incomparable con la que hoy mismo vamos a aprobar en relación con el levantamiento del general Pinochet en Chile-, una tímida resolución, insisto, que censuraba en términos bastante cuidadosos a quienes en el pasado utilizaron -y cito literalmente- la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos.

Hubo entonces quien consideró, y además lo proclamó así a los cuatro vientos, que aquella resolución de la Comisión Constitucional zanjaba definitivamente la cuestión de la memoria histórica sustrayéndola de modo irreversible ya de los posibles objetos del debate político. Pues bien, no es cierto. Aquella resolución de la Comisión Constitucional ponía fin, sí, a una etapa, a la etapa de la ambigüedad en la valoración ética y democrática de lo que sucedió en el pasado, pero daba inicio a otra, a una nueva etapa, en la que los agentes sociales, políticos e incluso institucionales, quedaban expresamente emplazados por la propia resolución a acciones -y leo de nuevo textualmente- que propicien el reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil española y de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. La resolución que se aprobó en la Comisión Constitucional insta a todas las instituciones a prestar apoyo a las iniciativas que se lleven a cabo en este sentido, siempre -dice, y esto fue suscrito unánimemente por todos- que no sirvan para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación

civil. Pues bien, la iniciativa que hoy debatimos pretende situarse perfectamente en este ámbito, en el ámbito de las acciones que se han de emprender con objeto de dotar de un contenido real y efectivo a aquella resolución de 20 de noviembre de 2002; en el ámbito de las actuaciones que la propia Comisión Constitucional considera que han de llevarse a cabo para que su resolución no quede reducida a una mera proclamación retórica completamente huera, vacía y sin consecuencia efectiva alguna. La proposición no de ley insta al Gobierno a dos cosas: primero, a facilitar el acceso a los archivos civiles y militares que albergan información sobre los sumarios abiertos a los represaliados de la guerra civil y, segundo, a presentar un proyecto de ley para la anulación de los fallos emitidos en los juicios sumarios realizados al amparo de la causa general de responsabilidades políticas.

Evidentemente, no es lo único que puede hacer el Gobierno para restablecer la honra y el buen nombre de quienes sufrieron estas situaciones, muchos de los cuales quedaron marcados de por vida con el estigma de la condena y con apelativo s incluso poco amables como el de sedicioso, insurrecto o rebelde, pero es un paso importante y consideramos además que imprescindible; imprescindible entre otras cosas porque todavía no pocas de las iniciativas que la Cámara instó a que se apoyasen se encuentran con enormes dificultades en el seno de la Administración general del Estado para poder ser tramitadas. Señorías, no quiero pensar que dentro de la Administración general haya alguien, una mano negra interesada en boicotear la leal y sincera ejecución de las previsiones de la resolución de la Comisión Constitucional, pero ciertamente nos llegan datos de supuestos que son realmente escandalosos. No queremos pensar que haya una estrategia disuasoria, implantada o instaurada en la propia Administración general que, al amparo del vuelva usted mañana, pretenda entorpecer todas las iniciativas que se lleven a cabo en esta línea. Les voy a poner un ejemplo, el de un representante de un centro académico que quiere abordar esta investigación, con el respaldo de las familias afectadas, se dirige a una institución pública del Estado y recibe una notificación no voy a decir que disuasoria, pero casi disuasoria, instándole a que aporte un conjunto de documentos que son absolutamente imprescindibles para que pueda llevarse adelante la investigación y se permita el acceso al archivo correspondiente. El interesado aporta la documentación que le es requerida, incorpora todos los documentos necesarios al expediente y, algún tiempo después, recibe una nueva notificación en la que se le comunica literalmente: Debo comunicarle que valorada su solicitud y circunstancias concurrentes, no resulta oportuna su autorización actualmente. No se sabe cuándo pero actualmente no. Razones organizativas de trabajo y de funcionamiento del centro afectado junto a la situación de este tipo de documentación impiden su consulta en estos momentos. Es decir, es imposible investigar ahora, no sabemos cuándo lo será, pero ahora parece ser que diversas circunstancias de carácter estrictamente organizativo, por supuesto no atribuibles a una voluntad interna administrativa de obstaculizar este tipo de investigaciones, dificultan esta investigación.

Señorías, esta no es la leal ejecución de la resolución aprobada en la Comisión Constitucional. Si de verdad nos creemos lo que allí se suscribió, lo que allí convinimos y pactamos todos los grupos parlamentarios, es absolutamente imprescindible que este tipo de comportamientos, por lo menos, se relajen. Yo admito, puedo reconocer que haya instancias, unidades administrativas en las que se produzca o se dé determinada situación en la organización de los archivos que impidan realmente un acceso cabal y razonable a los mismos, pero que esto sea una respuesta sistemática, como se está produciendo en todos los ámbitos, señorías, creo que pasa de lo que es razonablemente admisible.

Nada más. Muchas gracias. Perdón, no había dicho que vamos a apoyar la resolución

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante

Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka. En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.

El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.

Nosotros pensamos que es una iniciativa absolutamente adecuada en función del texto que se nos aporta y de las circunstancias. Efectivamente el pasado 20 de noviembre, ya citado aquí, se aprobó en la Comisión Constitucional un texto, un texto que para muchos, por parte del grupo mayoritario, parece que se ha entendido como una especie de punto final, una especie de ya no volver a hurgar el pasado, no volver a remover las cosas e ingresar de lleno en la modernidad, en una nueva situación donde no debe trasparecer nunca más el pasado, así dicho, porque ese pasado crea dificultades de cara a la solidaridad y a la reconciliación que implica la dinámica de toda democracia. No era así. El texto no sólo tenía ese aspecto de condenar el golpe del 36, que ha sufrido diferentes reinterpretaciones en función de declaraciones a los medios de comunicación por parte de distintos portavoces del Grupo Popular diciendo que en absoluto se contenía esa condena, sino que también contenía una voluntad explícita, como ha dicho el portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV), en el sentido de que en el resto de las instituciones a partir de esa declaración se actuara de manera diligente en toda esta serie de cuestiones que hemos estado defendiendo y que en esa resolución se contienen más o menos explícitamente pero claramente en cuanto a su voluntad. Pues bien, esto no está sucediendo en absoluto. Ya se han dado aquí ejemplos y podríamos aportar otros. Todo son dificultades; todo es apelación a que removemos el pasado con ánimo de revancha, parece ser, o de venganza; todo son apelaciones a que eso no es moderno; todo son apelaciones a que ese fue un pacto que se hizo en la transición y que por tanto no se puede recuperar; todo son apelaciones a dejar el tema absolutamente congelado, a ir hacia una democracia sin memoria, yeso no es posible, porque al final sí se impone siempre una memoria, que puede ser en este caso la memoria de los vencedores. Por tanto volvemos al principio de la transición, al otro lado del paréntesis de 1976. Empezamos a volver a una especie de transición a la inversa. El poeta Luis García Montero decía el otro día que empezamos a pasar de la democracia a una especie de demodura, empezamos a volver a través del vehículo de la memoria de los vencedores, y en la transición, antes de la aprobación de la Constitución, habíamos dicho que no existían ni vencedores ni vencidos.

Este texto se nos trae en un momento clave. Vamos a celebrar este año -ya han empezado algunos eventos, como se suele decir- el 25 aniversario de la Constitución y venimos hablando constantemente de la necesidad de la regeneración política y democrática y también de una democracia de calidad. Nada de esto existe sin tener en cuenta la memoria selectiva de qué es lo que propulsó la democracia y de qué es lo que estuvo frente a ella. Se están invirtiendo los términos históricos de esta situación poco a poco. Actualmente estamos atravesando un momento de gran crispación. Se ha llegado a decir por dirigentes de algún partido que los criterios, la matriz en la que se tejió la reconciliación en la Constitución de la concordia se está rompiendo, se está invirtiendo. Estamos llegando a una especie de crispación que nos viene a decir, desde un sentido totalizante, que al adversario hay que objetivarlo y eliminarlo si se puede, incluso perseguirlo, y a partir de ahí se rompe todo aquel espíritu de la concordia, porque estamos celebrando posiblemente el 25 aniversario de la Constitución, más bien de una única lectura de la Constitución, como se está viendo en el debate que de cara al modelo de Estado de las autonomías se está implementando y que va a ser posiblemente el tema crucial de esta precampaña y de la campaña electoral. Por eso es importante que venga de nuevo aquí este debate que habla del 36 y de la serie de condenas que se dictaron frente a los que lucharon por la República, por la legalidad existente hasta ese año y después y por la gente que luchó a favor de lo que luego ha sido esta democracia. No es posible una democracia sin memoria. La democracia siempre tiene memoria. Lo que pasa es que cuando ocurre, como en este caso, que la memoria es la memoria de los vencedores, recuperándose implícitamente ese término, no podemos en ese sentido superar ningún tipo de crispación que se empiece a plantear desde la falta de solidaridad, desde la falta de memoria. Constantemente nos lo ha dicho el portavoz del Partido Popular: esto no viene a cuento o esto ya se aprobó el 20 de noviembre en la Comisión Constitucional. No es verdad. Tendremos que seguir debatiéndolo. No se ha condenado el golpe del 36. No se quiere recuperar la memoria de los luchadores franquistas en ninguno de sus aspectos. No se quiere basar esta democracia en la historia real y concreta de cómo sucedió desde sus basamentos. No se quiere ir a una auténtica reconciliación, como vamos a ver a partir de ahora en los debates que se establezcan desde el Grupo Parlamentario Popular. Se nos ha dicho de todo respecto a este punto: que no estábamos defendiendo el equilibrio, que éramos gente que, por lo visto, no defendíamos la razón de Estado, que éramos gente que removíamos el pasado en función de no se sabe qué tipo de interés. No, estamos hablando de quiénes lucharon por la democracia, de qué sentido tiene esta democracia. Esta democracia no es una dictadura perfeccionada. Las democracias no son nunca el olvido de una dictadura, jamás. No se puede olvidar la dictadura, como tampoco se puede olvidar a aquellos que lucharon a favor de la democracia, y en este texto se intenta restablecer esa memoria. Esperemos que sea posible hacerla. De todas formas, el debate seguirá abierto y nosotros seguiremos luchando junto a otros grupos por la recuperación de esa memoria.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.

El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con el debate suscitado por la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que después del fin de curso y del verano tan glorioso con que nos ha deleitado, tras aquellos meses de la pancarta y el radicalismo, aparece en este momento más desconectado de la realidad que nunca. Hoy, señorías, en el primer Pleno de este período de sesiones, el último de la presente legislatura, la primera iniciativa de impulso político que trae el Grupo Parlamentario Socialista ni plantea propuestas de futuro para los problemas que tenemos los españoles o algunas de las cuestiones que pueden ser mejoradas, ni siquiera ha tenido la valentía de traer una receta de futuro, aunque sea para uno de esos problemas inexistentes, a los que tanto les gusta dedicarse a los actuales dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista. No, señorías, recurren de nuevo a mirar atrás, a mirar a un pasado afortunadamente superado entre todos. (Rumores.-Aplausos.) A ustedes, señores del Grupo Parlamentario Socialista, se les ha señalado en los últimos tiempos como un grupo sin liderazgo, sin dirección, sin propuestas, insolvente, inconsistente, irresponsable, incoherente -puedo seguir si quieren (Rumores.-El señor MartÍnez Sanjuán: Pero no fachas.)-, pero con esta iniciativa dan la razón a los que así les califican, a esos observadores que así les califican. Con esta iniciativa demuestran que no sólo carecen de brújula política, sino que carecen de altura moral y también carecen de palabra. (Aplausos y protestas.) Señorías del Grupo Socialista, con esta iniciativa demuestran que son capaces de proclamar solemnemente una cosa y, pasado un tiempo, olvidarla, olvidar cuanto han dicho y olvidar los compromisos que se han asumido. El Grupo Socialista, señorías, olvida e ignora el pacto constitucional y cuanto acordamos entre todos -entre todos, repito- en una sesión histórica de la Comisión Constitucional el pasado 20 de noviembre del año 2002. Señorías, a un grupo que es capaz de dedicar sus esfuerzos y sus energías a problemas inexistentes, que establece prioridades que no coinciden con las de los ciudadanos españoles y que es capaz de promover y proponer un mapa medieval para una sociedad moderna, avanzada y de progreso, como es la sociedad española de comienzos del siglo XXI, lo vemos capaz de casi todo, pero, señorías, no lo veíamos capaz de intentar, aunque no lo va a conseguir, reabrir debates que están cerrados hace muchos años en la sociedad española y que además hace un año decidimas entre todos apartar definitivamente del debate político, de la confrontación política española.

La iniciativa que se somete a la consideración de la Cámara proponiendo la anulación de los juicios sumarios del franquismo es la iniciativa, en definitiva, de un grupo irresponsable y absolutamente desnortado. Es una iniciativa que jamás en estos años de democracia ha planteado el Grupo Socialista y que cuando tuvo mayoría en las Cámaras no instó al Gobierno a llevar a cabo. Durante catorce años no les movió a ustedes, señores del Grupo Socialista, el espíritu reparador del que ahora de golpe tanto quieren hablar. A nosotros nos gusta plantear cuestiones serias y estamos dispuestos a discutir con seriedad sobre cualquier cuestión, pero con prisas e improvisaciones, no, señorías. Esta es una iniciativa que está tan hecha a la ligera -por cierto ha sido incluida en el orden del día sin estar siquiera publicada en el boletín de la Cámara- que ignora decisiones de carácter legislativo que se han adoptado no hace mucho tiempo. Por ejemplo, en cuanto al primer punto de la iniciativa, que se refiere al acceso a los archivos de todo tipo que pueda haber en relación con los procesos judiciales de los que se habla, señorías, deberían recordar que en la reciente reforma de la Ley orgánica de organización y jurisdicción militar, la Ley 9/2002, de 15 de julio, establece en su disposición final primera un mandato normativo dirigido al Gobierno a fin de que se aprueben reglamentariamente las normas que sean necesarias para garantizar a los interesados el acceso a los libros, archivos y registros de la jurisdicción militar que no tengan carácter reservado ni se encuentren clasificados, y se detallan a tal efecto las condiciones y criterios objetivos exigibles para acreditar la condición del interesado. Esta enmienda forma parte del texto aprobado y fue a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo menos, coordínense un poco ustedes y coordinen sus propias iniciativas.

Señores del Grupo Socialista, la sociedad española del siglo XXI mira hacia el futuro y lo hace gracias al gran cambio que se ha producido en nuestro país y que ha sido posible gracias a nuestra Constitución, la Constitución de 1978, la Constitución de la concordia, y gracias a la democracia española, que ha permitido el libre juego político, la alternancia, la estabilidad democrática y el progreso de los españoles. El pacto constitucional significó reconocer e igualar derechos, restañar situaciones injustas, cerrar heridas, mirar hacia adelante y seguir juntos todos los españoles en libertad y en democracia nuestro camino como pueblo. Hace 25 años decidimos integrar en nuestra Constitución y en nuestra democracia a todos los españoles que habían sido víctimas de la guerra civil, del exilio o de la represión. Así, el conjunto de las disposiciones legislativas y normativas que tras la recuperación de las libertades en nuestra ejemplar transición política se dictaron con distintos gobiernos y con distintas mayorías, bien de la Unión de Centro Democrático, bien del Partido Socialista, todas estaban animadas por el espíritu de concordia y de reconciliación nacional y tenían por finalidad paliar las consecuencias de la guerra civil y las situaciones discriminatorias e injustas producidas con posterioridad a la misma y en la represión del régimen franquista, integrando en nuestra Constitución y en nuestra democracia a todos. Así, tenemos desde la Ley de Amnistía de 1977, que es la piedra angular de toda la legislación que se fue aprobando en los años posteriores, hasta la disposición adicional 18 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1990. Se dictó un conjunto de disposiciones que alguna vez hemos tenido oportunidad de analizar aquí en este Pleno o en Comisión, que después fueron interpretadas, concretadas y ampliadas por resoluciones de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, señorías, conviene recordar que en las Cortes Generales, en especial en estas dos últimas legislaturas -por cierto, de mayoría del Partido Popular-, se han realizado numerosos pronunciamientos de reconocimiento y de rehabilitación política a las víctimas de la guerra civil y del régimen posterior, entre ellos, el último, el que se produjo en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del pasado mes de noviembre, al que acabo de hacer referencia. Entiendo que ahí debíamos dejar las cosas, con aquella resolución histórica de esta Cámara, en la que además de manifestar la condena expresa de la violencia para imponer ideas y reiterar la conveniencia de mantener el espíritu de reconciliación y de concordia que presidió la elaboración de la Constitución y facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia, se reafirmó el reconocimiento moral de cuantos hombres y mujeres fueron víctimas de la guerra civil y de cuantos sufrieron la represión franquista y el exilio. Estos reconocimientos los hicimos desde la integración, desde el consenso, desde la normalidad de una democracia consolidada en España y desde nuestros 25 años de Constitución. No era un reconocimiento desde la confrontación, sino desde la integración, un reconocimiento hacia la integración. Así lo convinimos, señorías, y así lo quiere la sociedad española, que mira al futuro y que no quiere volver a repetir ninguno de los errores del pasado. Aquella resolución, señorías, fue un punto de encuentro de todos los grupos de esta Cámara aquel día y para siempre. Acordamos sacar del debate político la guerra civil y sus secuelas, con el mismo espíritu de concordia y de consenso con el que se abordó la elaboración de la Constitución, de la que próximamente se cumplirá su primer cuarto de siglo. Creo, señora presidenta, que todos hicimos un buen servicio a la sociedad española con nuestra decisión, con nuestro acuerdo y con nuestra resolución, que significaba poner fin al debate político sobre una cuestión, cerrado y culminarlo, como manifestaron junto a este portavoz los portavoces de los distintos grupos de la Cámara y de forma especial los señores López Garrido y López de Lerma. Lo de hoy, señorías, con el mayor respeto, está fuera de lugar.

La iniciativa que trae el Grupo Socialista se apoya en la política de corto recorrido, inconsistente, incoherente y sin rumbo, de un grupo político que incapaz de ofrecer algo atractivo para el futuro de los españoles, se dedica, entre otras cosas, a tratar de desenterrar un pasado superado, pretendiendo traer de nuevo al debate político un asunto cerrado, que fue cerrado con altura de miras, con consenso y de forma ejemplar. Estamos hablando de cuestiones muy serias que no pueden estar al albur de la situación puntual de un grupo político o de estrategias personalistas o del mero afán de notoriedad.

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Atencia, le ruego que concluya.

El señor ATENCIA ROBLEDO: Voy concluyendo, señora presidenta.

Señorías, el pasado, para los investigadores y para los historiadores, como todos los sucesos del siglo XX: la monarquía restaurada, la dictadura de Primo de Rivera, la II República, y con estos también, desde hace 25 años y ahora, la guerra civil y el régimen del general Franco. La historia de España es la historia común más antigua de las naciones europeas, es la historia que todos hemos de asumir, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, pero es nuestra historia. Es tiempo, señorías, de dejar de mirar atrás, es tiempo de dedicar todos nuestros esfuerzos a los retos que tenemos planteados como pueblo y como nación y ello, señorías, en beneficio de todos: en beneficio de las víctimas, de todas las víctimas, y en beneficio de las futuras generaciones, y todo ello desde el espíritu de concordia y de integración de nuestra Constitución y de nuestra democracia.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Atencia.

Señora Valcarce, a los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).

La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Sólo le tiene miedo a la memoria aquel a quien le pesa el pasado. (Aplausos.-Rumores.) Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una transaccional con la enmienda del Grupo de Convergencia i Unió, de manera que la proposición a votar queda en los términos siguientes: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar el acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la guerra civil depositados en los archivos civiles y militares, mediante la catalogación y conservación adecuada de los mismos, en cooperación, en su caso, con las comunidades autónomas. En segundo lugar propone que se remita en el plazo de tres meses un proyecto de ley por el que se regule el procedimiento de anulación, tanto de oficio como a instancia de parte, de todas las sentencias o resoluciones dictadas durante y después de la guerra civil en juicios sumarios por juzgados, tribunales u otros órganos, fundadas en motivos políticos, sociales o ideológicos, con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, con retorsión de normas y tipos aplicables o en aplicación de normas dictadas al efecto e infracciones absolutas de procedimiento. Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Valcarce. Señor Silva.

El señor SILVA SÁNCHEZ: Sí, aceptamos la transacción.

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Silva. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la anulación de los juicios sumarios de la dictadura franquista, en los términos derivados del debate.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 134; en contra, 154; abstenciones, dos.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

[Fuente: Diario Oficial de las Cortes Generales, Número 274, Madrid, 10sep03]

Este documento ha sido publicado el 21sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights