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14dic06
La posible revisión de las sentencias del franquismo también divide a los jueces.
El Congreso celebra hoy uno de los debates más importantes de la legislatura. No tanto por la trascendencia de la iniciativa para el día a día ciudadano, sino por el hecho de que el proyecto de ley de memoria histórica, empeño personal de Zapatero, ha generado gran polémica y división en el mundo político y social e incluso un grave choque con la Iglesia y amplios sectores del cultura.
La posibilidad de someter a revisión las sentencias dictadas por los tribunales franquistas (nudo gordiano de la ley), y más aún, la de declarar la nulidad de las resoluciones dictadas desde la Guerra Civil -como pretenden IU y ERC- afecta de lleno a los jueces y magistrados, pues, llegado el caso, serían los Tribunales los que tendrían que estudiar los posibles recursos planteados.
Es precisamente este apartado, la revisión de las sentencias del franquismo, el que parece abrir una nueva brecha en la judicatura, que aunque coincide en valorar de forma positiva el reconocimiento moral a las víctimas del franquismo, hay quien considera que la ley «tiene que llegar más lejos», quien recuerda que en la legislación actual «el procedimiento de revisión de sentencias firmes está perfectamente regulado» y también quien se plantea qué pasaría si el día de mañana, dentro de tres o cuatro décadas, un Gobierno dijera que hay que anular las sentencias de los etarras porque son héroes y no terroristas.
El CGPJ, ignorado.
Desde el Consejo General del Poder Judicial, su portavoz, Enrique López, reprocha al Legislativo que no haya escuchado al órgano de gobierno de los jueces, pues sus aportaciones hubieran sido «necesarias y enriquecedoras» para todo el proceso legislativo, habida cuenta de que las consecuencias jurídicas de esta ley pueden afectar a la actuación de los órganos jurisdiccionales y a las leyes procesales.
Jueces para la Democracia reconoce que sería prematuro adelantar una postura que represente el sentir de todos sus asociados, pero a día de hoy está trabajando en una ponencia a cuyas líneas generales ha tenido acceso ABC. Entre ellas, esta asociación considera que el Gobierno «se ha quedado corto» en el contenido de la ley, pues, en su opinión, no basta el reconocimiento moral o simbólico a las víctimas del franquismo, sino que habría que haber ido más allá, «haber dado una vuelta de tuerca» y haber contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) una nueva causa de revisión de recursos que permitiera incluso la nulidad de la sentencia en cuestión.
A propósito de la LECr, el portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, recuerda que las causas de revisión son muy concretas, por lo que, en su opinión, la nulidad de esas resoluciones, tal y como la plantean IU y ERC, exigiría una reforma legislativa y ese es el paso que el Gobierno «no se ha atrevido a dar».
No comparte esta opinión la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para la que el actual marco jurídico «regula perfectamente» el procedimiento de revisión de resoluciones firmes. La APM no quiere emitir ninguna opinión más allá de esta apreciación jurídica, porque lo contrario «afectaría y comprometería» su independencia futura.
El portavoz de esta asociación, Antonio García, subraya, eso sí, que «si alguien considera» que las causas tasadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contemplan el supuesto de revisión de los juicios del franquismo tendría que promover entonces una reforma legislativa que hasta que no tenga consecuencias jurídicas no merece ninguna valoración.
De una forma parecida se pronuncia el presidente y portavoz de Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, quien respeta el reconocimiento moral del Gobierno a las víctimas del franquismo, pero advierte de las consecuencias jurídicas que puede tener la decisión de revisar las resoluciones; en primer lugar, porque exigiría modificaciones en las leyes procesales y en segundo lugar porque la litigiosidad que generaría sería importante. No obstante, sostiene que estas no deben ser las razones que obstaculicen la posible revisión de las sentencias del franquismo, y recuerda que en la práctica esta revisión ya la está llevando a cabo la Sala Militar del Tribunal Supremo.
Quien sí opina sobre la oportunidad de esta medida es el vocal del CGPJ José Luis Requero, que, entre otras cuestiones recuerda que la revisión de las sentencias franquistas puede traer consecuencias «tremendamente injustas» si se optara por una nulidad en bloque de aquellas resoluciones. Argumenta que, si bien hubo condenas injustas -por simples cuestiones ideológicas-, hubo otras muchas incuestionables, como todas las relativas a delitos de sangre cometidos por quien realmente resultó condenado por esos hechos.
Requero advierte de lo «peligroso» que puede resultar cara al futuro la revisión de sentencias dictadas desde la Guerra Civil. A su juicio, esta revisión legitimaría también a que cualquier Gobierno pudiera dentro de tres o cuatro décadas plantear la posibilidad de anular las sentencias dictadas hoy contra los terroristas de ETA, por ejemplo, porque les considerara héroes y no asesinos.
Zapatero se la juega.
En este contexto parece evidente que Zapatero se la juega en la sesión de hoy. Previsiblemente, logrará salvar el primer escollo del debate de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas por sus socios -ERC e IU- y la petición de devolución formulada por el PP. Esta vez, serán CiU, el PNV y CC los que saquen las castañas del fuego a Zapatero, al rechazar el veto presentado por el PP, ERC e IU.
Los nacionalistas consideran necesario continuar con la tramitación del proyecto. CiU ha anunciado que dará una oportunidad a la ley para enmendarla, a fin de introducir cuestiones que ve básicas, como la posibilidad de «revisar» los juicios sumarísimos. El PNV votará en contra de la retirada de un proyecto que estima «necesario», por lo que se reservará para las enmiendas.
Ayer, la ley motivó un conato de bronca entre los dos partidos mayoritarios en la sesión de control al Gobierno. Ángel Acebes reclamó al Ejecutivo que retire el proyecto para facilitar la «convivencia entre los españoles» y evitar que aumente «el enfrentamiento y el rencor». «No hay nada más equivocado, nocivo y grave -subrayó- que hurgar en las heridas y reavivar la división entre españoles». Teresa Fernández de la Vega replicó que «es poco creíble» que el PP hable de rencor y resentimiento. «Ustedes -dijo-no quieren dialogar, sino ordenar; no quieren acordar, sino mandar».
[Fuente: ABC, Madrid, Esp, 14dic06]
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