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04abr11
Anticorrupción denuncia a Javier Salas, último presidente del INI, por tráfico de influencias
La Fiscalía Anticorrupción ha movido ficha contra Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995. Es decir, en la última etapa del anterior Gobierno socialista. Lo acusa de un doble delito: tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de ocho patrulleros a Venezuela. La operación se firmó en Caracas en noviembre de 2005.
La denuncia está relacionada con el cobro de comisiones no declaradas al fisco, para lo cual Salas pudo aprovechar tanto sus contactos como su capacidad de influencia. Navantia, una empresa pública dependiente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), firmó en noviembre de 2005 en Caracas un contrato con la Marina de Venezuela para la construcción de 4 patrulleros oceánicos para vigilancia y protección de la zona económica exclusiva y 4 patrulleros de vigilancia del litoral.
La denuncia se ha presentado en el juzgado de instrucción número ocho, de Madrid, según han asegurado a El Confidencial varias fuentes de toda solvencia. La magistrada que lo instruye, Rosario Espinosa Merlo, ya ha tomado declaración a Salas, un político del entorno de lo que un día se llamó ‘beautiful socialista’.
La denuncia afecta también a otra persona cuya identidad de momento se desconoce, y surge a instancias del Banco de España, que hace más de un año presentó toda la documentación que obraba en su poder a la Fiscalía Anticorrupción. Durante ese tiempo, los servicios de la fiscalía han acumulado nuevas pruebas y verificado las entregadas en su día por los servicios jurídicos del banco central. Finalmente, decidió presentar la denuncia ante el juzgado de guardia, que ahora es quien debe continuar con las pesquisas.
Javier Salas está por el momento imputado, pero la jueza, con fama en medios judiciales de ser muy reservada en la instrucción de sumarios, aún no ha decidido si abre procedimiento abreviado u ordinario. Se trata, dijeron las fuentes consultadas, de un procedimiento “largo y complejo”. El Confidencial ha intentado sin éxito ponerse en contacto con Javier Salas en dos lugares diferentes.
Un contrato de 1.000 millones de euros
El contrato para Navantia ha supuesto más de 3.700.000 horas de trabajo de producción y unas 500.000 de ingeniería. La construcción de estos barcos se ha llevado a cabo en el Astillero de San Fernando-Puerto Real, dotando así a la zona de la Bahía de Cádiz de una importante carga de trabajo hasta el año 2012. Precisamente, este jueves, 7, se entregará el primero de los cuatro patrulleros oceánicos, mientras que ya se han entregado tres de los cuatro patrulleros de vigilancia del litoral. La factura de la operación estará al final del proceso en el entorno de los 1.000 millones de euros.
Salas Collantes, que fue el último presidente del INI, es actualmente consejero externo independiente de Red Eléctrica de España (REE), una compañía con mayoría del capital público, y donde han aterrizado algunos antiguos cargos socialistas: Miguel Boyer o Luis Atienza, ex ministro de Agricultura. O José Folgado, ex secretario de Estado de Economía con el Partido Popular. Salas está considerado muy próximo a los ex ministros Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi. Este último fue su jefe directo en los tiempos que presidía el INI. Como tal, también compatibilizó su cargo con la presidencia de Iberia cuando la compañía formaba parte del grupo público de participaciones industriales.
Salas es también presidente del patronato de la Fundación Entorno y forma parte de numerosos consejos, como los de las empresas Telvent (Grupo Abengoa) y Young & Rubicam, además de ser socio fundador y director de Saga Servicios Financieros. En Telvent es presidente del comité de auditoría, del que también forma parte el diplomático Emilio Casinello.
Según lo publicado por El País desvelando material distribuido pro Wikileaks, la venta de armas a Venezuela provocó en su día una profunda división en el Gobierno. En concreto, sostiene el diario, decenas de documentos confidenciales muestran cómo Washington presionó una y otra vez a altos cargos de Exteriores y Defensa, incluidos sus titulares, e incluso al propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, la venta de barcos se cerró, pero EE UU vetó la transferencia de tecnología necesaria para el contrato de los aviones.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 04abr11]
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