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31mar16
Un curso del juez Velasco con los jesuitas compromete la causa de Ellacuría
Los 17 exmilitares procesados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en 2011 por asesinar supuestamente 22 años antes a seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras -entre ellos, Ignacio Ellacuría- pretenden recusar al magistrado. Quieren hacerlo a través de su abogado, Antonio Alberca, que ha remitido un escrito ante el Consejo del Poder Judicial en el que argumenta que el titular del Juzgado Central número 6 cobra de los jesuitas y que, por lo tanto, no debería estar al frente de la investigación de esta causa, que se inició tras una querella de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de Valencia y de la Asociación Pro Derechos Humanos, entidades ambas vinculadas a la Compañía de Jesús.
En concreto, Alberca argumenta que Velasco es codirector del Programa de Innovación en Ciberseguridad que imparte Deusto Business School, centro de formación dependiente directamente de la Compañía de Jesús y en el que, según el letrado, "es venerado" el propio Ellacuría mediante la existencia de un premio de estudios que lleva el nombre del sacerdote asesinato. El magistrado, argumenta el abogado, "debió haberse abstenido" de participar en la causa desde el momento "en el que entró a formar parte del elenco de profesores de la entidad jesuita".
Tras su queja, el juez argumentó que el letrado no puede solicitar la recusación porque no está personado en la causa, ya que los militares procesados se encuentran en busca y captura internacional y, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, "no pueden personarse imputados sin su presencia física". El magistrado se defiende también las acusaciones, asegurando que su vinculación a Deusto Business School se produjo en 2015, cuando ya llevaba más de cinco años instruyendo la causa. Velasco no entiende "en qué se compromete la parcialidad de un juzgador por haber dado una hora y media de clase sobre delitos informáticos en este curso e institución".
El juez de la Audiencia Nacional asegura que "mezclar una actividad académicta puntual con la pérdida de parcialidad es delirante, oprobioso, ofensivo" y espera que "se corrija como tal abuso de pretensión con la imposición de una multa al denunciante, pues, lejos de verse comprometida la imparcialidad de este juzgador, se entiende que esta denuncia no es más que una estrategia equivocadísima de un letrado para presionar al juez".
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial, tras recibir la queja de Alberca -que pedía sancionar a Velasco por una falta disciplinaria muy grave-, ha decidido archivarla. Arguye el CGPJ que "la simple referencia a la labor docente que desempeña el magistrado desde 2015 en la Deusto Business School, cuando lleva instruyendo el sumario más de cinco años, no constituye dato objetivo suficiente para fundamentar la sospecha del incumplimiento por el mismo de su deber de imparcialidad".
Además, añade, en este momento no existe "un clima social de opinión que ponga en duda la imparcialidad del juez", elemento que el Promotor de la Acción Disciplinaria considera fundamental para que el instructor cese en su jurisdicción o se abstenga. Para que se dé esta circunstancia, recuerda el Poder Judicial, "no bastará simplemente con la aparición en los medios de comunicación de noticias sobre su posible falta de imparcialidad, sino que será preciso que ello coexista con unas circunstancias objetivas". La decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria va a ser recurrida por el abogado de los exmilitares salvadoreños, que están convencidos de que esta relación entre Velasco y los jesuitas ha condicionado la causa.
Velasco reiteró el pasado enero al Gobierno de El Salvador las órdenes de detención contra los 17 exmilitares acusados de asesinar a los misioneros que ya había cursado sin éxito en 2011. El juez insistió hace dos meses después de que el Ejecutivo del país americano cambiara de postura y reconociera, por primera vez, que este tipo de órdenes sí permiten capturar a los investigados, cosa que antes no admitía. Entre los 17 procesados se encuentra el exministro de Defensa salvadoreño Rafael Humberto Larios.
Después de que el Tribunal Supremo respaldara a Velasco el pasado mayo y subrayara que la Audiencia Nacional era competente para investigar la causa, el juez volvió a pedir la detención concreta de cuatro de los 17 militares: el coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón que presuntamente ordenó el asesinato; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que admitió haber disparado a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos, que confesó ser el autor de dos muertes, y el cabo Ángel Pérez Vasquez, que también confesó haber matado a otro de los sacerdotes. El Gobierno acordó el pasado marzo solicitar la extradición al Ejecutivo de El Salvador.
[Fuente: Por Roberto R. Ballesteros, El Confidencial, Madrid, 31mar16]
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