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15Sep06
IU pide los informes jurídicos que desaconsejan anular juicios franquismo.
El líder de IU, Gaspar Llamazares, reclamó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le facilite los 'supuestos' argumentos jurídicos por los que no se pueden anular los juicios sumarísimos y sentencias dictados durante el franquismo.
Por este motivo, como presidente portavoz del grupo parlamentario de IU-ICV, ha registrado en el Congreso la solicitud de estos informes con el fin de que el Gobierno aclare su negativa a incluir en la Ley de la Memoria la anulación legal de estos juicios, que Llamazares ha considerado como el principal 'agujero' de la ley.
De esta manera, ha pedido al Ejecutivo toda la documentación en poder de la Administración 'que el Gobierno haya recabado o recibido de instituciones y particulares' en relación con este asunto, en el marco del Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Llamazares decidió presentar esta iniciativa después de que Zapatero respondiera al líder de IU en la sesión de control del pasado miércoles que no se iba a incluir la supresión de los juicios por razones tanto jurídicas como políticas, ya que pretende ser una norma 'heredera de la Transición y del espíritu de concordia'.
Zapatero también esgrimió que la ley se ha elaborado 'en términos constitucionalmente adecuados, no a través de una revisión que supondría una ruptura del ordenamiento'.
El coordinador general de IU afirmó que 'no nos vale con que el presidente del Gobierno nos diga que hay supuestos múltiples informes técnicos que avalan sus negativas, queremos verlos y, si realmente existen, estudiarlos y analizar sus argumentaciones técnicas'.
Explicó que juristas y expertos 'de reconocido prestigio', muchos de ellos sin vinculación alguna con IU, 'están totalmente de acuerdo en que los juicios ilegales y las sentencias represivas del franquismo contra los demócratas' pueden ser anuladas y que ello tiene cabida 'perfectamente' en el ordenamiento constitucional.
[Fuente: Terra Actualidad, Agencia EFE, Madrid, 15sep06]
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