05sep03

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La convivencia democrática necesita que no haya impunidad en España.

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Izquierda Republicana exige la intervención judicial en todas las exhumaciones y la instrucción de procedimientos de reconstrucción de los asesinatos franquistas para cerrar ese infausto capítulo de la reciente historia española

Izquierda Republicana ha saludado como un acto especialmente positivo el hecho de que, tras décadas de silencio oficial y de los grandes partidos de izquierda en el actual régimen democrático, diversas entidades iniciaran el desenterramiento de personas fusiladas y enterradas en fosas comunes, sin identificación, por falangistas y franquistas de toda laya, desde el inicio de la guerra civil y en los lustros posteriores a la victoria de quienes se rebelaron contra la legalidad republicana en 1936.

Sin embargo, Izquierda Republicana considera que dichos trabajos deben ser acometidos de manera ordenada, rigurosa y atendiendo a principios y objetivos claramente establecidos que tienen que ir más allá de la simple reparación emocional para las familias afectadas, con el fin de que no se consolide la impunidad legal, social, política y penal de sus victimarios. La intervención del Estado es obligada.

IR subraya esto partiendo de la base de que nunca ha renunciado al derecho a la justicia y es, por razones históricas, una de las fuerzas políticas con más víctimas a manos del franquismo.

IR, siempre contra la impunidad.

Izquierda Republicana es un partido que siempre ha participado en la idea de la lucha contra la impunidad, como quedó muy claro durante su participación en la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida, cuyo titular era el Secretario General de IR, Isabelo Herreros, donde, como estrategia frente a los modelos de impunidad, como el español, se promovieron los juicios a los responsables militares y políticos de la desaparición de españoles en las dictaduras de los años setenta en Argentina y Chile.

Los republicanos no votamos a favor la Constitución de 1978, no sólo porque fuese la consolidación de la monarquía auspiciada por el dictador Franco a través de su titular, sino porque representó el asentamiento de un pacto de silencio y olvido, así como un modelo político de impunidad de responsabilidades por asesinatos y desapariciones forzosas de personas por motivos políticos, que fue trasladado por vía de las presiones diplomáticas a países como Argentina, Chile, Guatemala y otros de América Latina, países en los que ahora mismo está en crisis dicho modelo de impunidad y amnesia oficiales.

Hay que recordar, precisamente, que el régimen franquista fue denunciado por las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones, y tiene la misma consideración jurídica que el del Partido Nacional Socialista alemán de Hitler, el fascismo mussoliniano de Italia, o el militarismo monárquico japonés de Hirohito.

En este contexto se producen las víctimas republicanas, las cuales fueron reconocidas por otros gobiernos europeos, como los de Alemania y Francia. Precisamente, en los campos de concentración nazis existió una categoría especial para la condición de español republicano, la cual estaba identificada con el tristemente famoso triángulo azul en sus uniformes de preso.

En lo que se refiere al tema de los detenidos desaparecidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a aquéllos como "personas que han sido objeto de aprehensiones por personal armado -en ocasiones uniformados--que generalmente han manifestado pertenecer a algún tipo de autoridad pública, en operativos significativos y coincidentes tanto por su despliegue como por la forma de ejecución y que con posterioridad a su detención han desaparecido, sin que se tenga noticia alguna de su paradero".

En tanto no se pueda determinar el paradero de la víctima o las circunstancias de su fallecimiento, debe considerárselo como un "detenido-desaparecido", aún cuando pueda presumirse su muerte por el transcurso del tiempo y por la similitud con casos similares en el mismo país. Las consecuencias de la distinción son importantes porque en caso de ejecución extrajudicial, el gobierno que admite que un hecho así se ha producido, tiene la obligación de identificar a los autores y procesarlos por homicidio.

Máximo rigor procesal.

El rigor necesario para la recuperación de la memoria de los desaparecidos del franquismo implica la necesidad de ser especialmente cuidadosos en que la reconstrucción de los hechos ocurridos en las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, así como en las fosas comunes anónimas que existen en toda España, se realice al amparo y protección de las normas judiciales que permitan la instrucción sumarial, y dentro de ella, la identificación con toda clase de garantías de las víctimas.

Se debe proceder con el máximo rigor en este sentido ya que los desenterramientos -en los que siempre deberían estar presentes el juez, el médico forense y el secretario judicial- realizados sin cumplir con las normas procesales penales son, en la práctica, una consolidación de la impunidad, toda vez que eliminan la posibilidad de la reconstrucción e identificación concreta de las víctimas, y lo que es igual de necesario e importante si se desea restablecer la verdad, la memoria, y en especial, la justicia histórica, la identificación de los victimarios.

No es una cuestión de venganza retroactiva, sino de delimitar claramente la responsabilidad penal, estipulada por las leyes y tratados internacionales firmados por España, de los autores de unos delitos que no prescriben jamás, con independencia de que dichos autores criminales cumplimenten las penas señaladas por tales delitos, toda vez que en numerosos casos dichos autores son muy ancianos o han fallecido.

Madrid, 5 de Septiembre de 2003
Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana

Este documento ha sido publicado el 17sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights