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08ago12
Rebelión médica contra el Gobierno por atender a los 'sin papeles'
El Gobierno excluyó del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes sin papeles para erradicar el 'turismo sanitario', pero nada más conocer que Mariano Rajoy prepara una nueva orden que obligará a los inmigrantes irregulares a abonar una cuota anual si quieren recibir la misma atención sanitaria que cualquier español, ONGs y asociaciones han puesto el grito en el cielo y han emprendido todo tipo de movilizaciones para frenar la nueva normativa.
En menos de un mes, más de 800 médicos han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes. Los profesionales se oponen así a la medida aprobada en el pasado Consejo de Ministros inscribiéndose en el registro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (semFyc), la organización más representativa de Atención Primaria (más de 22.000 socios).
Tras la voluntad de cada vez de más médicos de atender a los inmigrantes exentos de tarjeta sanitaria, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguraba ayer que las intenciones del Gobierno se limitaban a poner un límite a los extranjeros irregulares para que España no se convierta en "el paraíso" de la inmigración. Una idea con la que el Ejecutivo pretende ahorrar mil millones de euros en tiempos donde se exigen grandes sacrificios a los ciudadanos.
En un principio, el Gobierno anunció que únicamente se atendería a partir del 1 de septiembre a las inmigrantes sin papeles embarazadas, los menores de edad y a través del servicio de urgencias urgencias. Sin embargo, ayer se supo que el Ejecutivo obligará a los inmigrantes irregulares menores de 65 años a abonar 710 euros al año, si quieren que el Sistema Nacional de Salud les cubra como hasta ahora. Para los mayores de 65, la cuota ascenderá hasta los 1.865 euros. El impago de las cuotas tendrá un castigo de tres meses durante los cuales no podrá acceder a los servicios sanitarios públicos.
La noticia corrió como la pólvora, provocando el rechazo tanto de profesionales como de afectados, que están recogiendo firmas, poniendo denuncias al Defensor del Pueblo y haciendo peticiones a las comunidades autónomas para que regulen en contra de la reforma. Para el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, que el Ministerio de Sanidad cobre a los inmigrantes en situación irregular por ser atendidos en el SNS es "un paso más" para privatizar el acceso al derecho universal a la salud. "No favorece nada, solo genera barreras al acceso a la sanidad", aseguró.
Según González, esta orden "va en contra de normativas internacionales defendidas y avaladas" por el Gobierno español y "reconocidas internacionalmente" que protegen el acceso al derecho a la salud. Además, recordó que le hecho de que un inmigrante sin papeles pague por acceder a la sanidad pública le supondrá "una dificultad económica muy importante" porque se trata de "una cuantía de dinero considerable", teniendo en cuenta también "en general los ingresos de estas personas".
Problemas económicos e infecciosos
La Organización Médica Colegial (OMC) también ha avisado de que limitar a los sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar "a medio y largo plazo" problemas económicos e infecciosos. A su entender, disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la Atención Primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una "demora" en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún tipo de enfermedad.
Romero ha pedido al Gobierno que agilice, «en el menor tiempo posible», los trámites para que los inmigrantes sin papeles consigan la nacionalidad española y que, de esta forma, no tengan que llevar un año empadronados para poder acceder a la Sanidad. «No tiene ningún sentido que mantengamos ciertos tipos de situaciones de irregularidad de hasta un año. Habría que regularizarlos en el menor tiempo posible, para que en el momento en el que se regulariza no tener la necesidad de llevar un año para tener la prestación de asistencia», ha recalcado.
La propuesta del portavoz adjunto del PP es que "lo que los ilegales entren legalmente" en España, y el país deje de ser el escenario principal "de la inmigración ilegal" mundial. Hernando dejó bien claro que ninguna persona, sea inmigrante legal o ilegal, quedará exento de la atención sanitaria de urgencia…. aunque por una migraña haya que pagar 122 euros.
[Fuente: Por Ana García, El Confidencial, Madrid, 08ago12]
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