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19may13
Por la corrupción y la crisis bancaria hay 300 políticos y cien financieros imputados
La regeneración de España pasa por los tribunales. Y los jueces, conscientes del papel que parece haberles encomendado la historia, se han lanzado a perseguir la corrupción de la clase política y financiera con una sensibilidad que no habían mostrado hasta ahora. Como decía ayer en su artículo José Antonio Zarzalejos, España se parece cada vez más a la Italia de los 90, donde "los jueces marcan la agenda pública y emergen como poder de referencia".
Su labor se está traduciendo en dictámenes ejemplarizantes contra líderes públicos y económicos, y arroja ya un saldo de 300 cargos electos imputados y otro centenar de financieros en la misma situación procesal. En ningún otro momento de la democracia, ni siquiera en los estertores del felipismo, se habían alcanzado estos registros.
Los hechos enjuiciados son tan recientes que la mayoría de los procesos aún se encuentra en una fase preliminar. Pero por el camino, los magistrados están dejando destellos de una nueva contundencia contra los líderes políticos y económicos que está desconcertando a la cúpula del sistema y está marcando la agenda nacional.
El juez de Instrucción que el pasado jueves envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa al apreciar indicios de administración desleal, delito societario y falsedad documental en la compra del City National Bank of Florida, incluyó en el auto de prisión provisional que, de la ampliación de un crédito concedido por la caja de ahorros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, "no se dio cuenta ni tan siquiera (!!!) al BANCO DE ESPAÑA". La triple exclamación es literal. Pero el juez, Elpidio José Silva, fue más allá. "Aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del imputado Miguel Blesa", apuntó el juez. Y se superó renglones después asegurando que "en medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar; ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol", una licencia literaria innecesaria.
La semana pasada, el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano aprovechó un recurso que planteó la defensa del exministro socialista José Blanco -imputado en el caso Campeón- sobre dos cuestiones formales del procedimiento para asegurar que "en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado [Blanco] en alguna medida se la debía a su amigo Orozco", un empresario implicado en la misma causa. La afirmación, que no afectaba al recurso que se estaba dirimiendo, complica sustancialmente la situación procesal del ex dirigente socialista.
Y también esa semana, un juez de Madrid rechazó que el escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pudiera ser considerado constitutivo de delito, al encuadrar los acontecimientos dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. Días antes, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, también había opinado que las protestas en los domicilios de los políticos "son un ejemplo de libertad de expresión". Ambas consideraciones han generado sorpresa y estupor en el Partido Popular, que no esperaba que la Justicia avalara este tipo de protesta.
Distanciamiento entre políticos y jueces
Ninguna de estas manifestaciones prueba una animadversión generalizada de los jueces hacia los políticos. Pero el distanciamiento que se ha producido entre las esferas política y judicial es evidente. Y parece que la principal consecuencia de esta incipiente enemistad es que el manto de impunidad que recubría hasta ahora a las élites nacionales está quedando hecho jirones por el mazo de los magistrados.
En ámbitos cercanos al Gobierno se considera que, en algunas de estas actuaciones, los jueces están sobrepasando incluso los límites de la prudencia que se les presupone. Hay voces que llegan a apreciar un ensañamiento discrecional de los magistrados contra los dirigentes públicos. Ninguno de estos dirigentes quiere aparecer públicamente cargando contra las decisiones de los tribunales, pero en privado, existe la sensación de que los jueces están aprovechando la coyuntura para ajustar cuentas con los partidos políticos.
Desde estos círculos próximos al Ejecutivo también se apunta que la agresividad del Poder Judicial está motivada en gran parte por las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de Mariano Rajoy para recortar el gasto público. Los recortes se han traducido en una reducción de salarios de los jueces y en la pérdida de personal y recursos materiales a su disposición. En el caso de la Audiencia Nacional, los reajustes presupuestarios se han traducido en medidas tan controvertidas como la pérdida de escoltas de los magistrados.
Además, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha tomado decisiones desde su llegada al Gobierno que han sublevado al sistema judicial. Por un lado, la ley de tasas ha generado un enorme malestar entre las asociaciones de magistrados. Un juez de Tarragona ha llevado la norma ante el Tribunal Constitucional al considerar que podría vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva al dejar fuera del sistema a los ciudadanos sin recursos. El magistrado ha encontrado el apoyo de sus compañeros.
La otra iniciativa que está generando controversia en la carrera es la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La norma que regulará el nuevo método de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces aún está en el Senado, pero el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia ya ha sido duramente criticado por un amplio sector de la carrera judicial. Los magistrados consideran que, con el cambio, el Ejecutivo acabará con la independencia del CGPJ.
Las fuentes consultadas por este diario no dudan de que el malestar provocado por estas dos apuestas del Gobierno está reflejándose en el espacio que el ordenamiento concede a los magistrados para que interpreten subjetivamente el encaje de los hechos probados en la legalidad.
El enfrentamiento se produce además en una atmósfera social que ha convertido la corrupción y la clase política en dos de las tres mayores inquietudes de los ciudadanos. Sólo el desempleo preocupa más a los españoles. Las personas contactadas denuncian que, aprovechando el contexto, los jueces están apostando por ponerse a la cabeza del sentir mayoritario.
En la ecuación, los banqueros son los colaboradores necesarios del proceso de derrumbe de España. La gran mayoría de los imputados del sector financiero están acusados de delitos cometidos en cajas de ahorro, adonde llegaron gracias a decisiones de los partidos políticos. La Audiencia Nacional instruye en la actualidad investigaciones sobre la gestión de Bankia y Banca Cívica, y estudia la admisión a trámite de una querella contra Caja Madrid. Además, en otros juzgados ordinarios hay procedimientos abiertos que afectan a la Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Novagalicia y Caixa Penedés, entre otras. También otro juzgado de instrucción ordinario ha sido el que ha enviado a prisión a Blesa por su gestión al frente de Caja Madrid.
Las asociaciones de magistrados desmienten que, tras sus resoluciones, haya un ánimo de venganza. "No hay animadversión ni ideología porque eso sería prevaricar", subraya José Luis González Armengol, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y juez Decano de Madrid. "No se puede decir que las resoluciones de los jueces son un ataque directo a los políticos. No es cierto. Lo que pasa es que en estos momentos se están reproduciendo muchos hechos similares que están llegado a los tribunales", apunta González Armengol.
En su opinión, "la mayor exigencia de los ciudadanos contra este fenómeno provoca que se estén presentando muchas más denuncias que antes". Además, el juez considera que "la acumulación de procesos ha hecho que los jueces tengan más experiencia en este tipo de delitos tan complejos y que sean capaces de llegar mucho más lejos y hacer lecturas más profundas de los hechos que se han cometido". "Puede que las resoluciones parezcan más duras, pero sólo es por estos motivos", remacha el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Jueces para la Democracia, otra de las grandes asociaciones de magistrados, suscribe las mismas consideraciones. Su portavoz, Joaquim Bosch, insiste en que "lo único que están haciendo todos los jueces es aplicar el ordenamiento legal". "Es cierto que están llegando a los tribunales muchos casos que pueden resultar llamativos, pero esto no tiene nada que ver con el enfado que puedan sentir los jueces ante algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno", termina Bosch, que rechaza por completo que haya intencionalidad en los dictámenes.
Con todo, el debate se prolongará al menos durante los próximos años porque la Justicia tiene materia para continuar actuando. Serán los ciudadanos los que decidan si el Poder Judicial se está excediendo o si, por el contrario, se encuentra inmerso en la misión de regenerar España.
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 19may13]
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