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15ene21


Inanidad


Cuando el Equipo Nizkor decidió preparar el documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" |1| partíamos de un análisis de los aspectos más importantes a tomar en consideración y este inventario se hizo teniendo en cuenta los planteamientos de las diversas asociaciones que en aquel momento, finales de 2003 e inicios de 2004, actuaban en el campo de las víctimas del franquismo.

La petición expresa de que preparáramos el documento, hoy comúnmente conocido como "Informe Nizkor", vino de tres asociaciones representadas en aquel momento por Ana Viéitez Gómez, Ludivina García Arias y Dolores Cabra. Eran representativas de la práctica totalidad de la casuística que se incluyó en el documento.

La perspectiva de análisis tenía que ver con la teoría de la justicia que pretende dar solución a los litigios sociales en el sentido moderno del tema. Desde esta perspectiva, y dada la claridad del Plan de Acción y la casuística contenidos en el documento, era posible proceder de forma que no se generaran nuevos conflictos.

Para ello bastaba, a nuestro entender, tener como referencia el derecho internacional surgido al finalizar la II Guerra Mundial y que el Estado actuara bajo del principio de buena fe|2|.

Decíamos expresamente:

"El presente informe no pretende ser la solución a la cuestión de la impunidad, sino una aproximación a la cuestión y a los problemas aún por resolver. Es también una manera de aportar una base de análisis y de discurso a las víctimas y sus familiares, abandonados por las instituciones del Estado, por los partidos políticos y por parte de la sociedad civil, que ha preferido practicar el olvido.

El discurso de derechos humanos y libertades no se recuperó aún de la pérdida de libertades que significó el alzamiento nacional".

Visto 17 años después, al escribir esto es evidente que pecábamos de ingenuidad. El Estado, al tomar conocimiento de lo planteado, procedió con manifiesta mala fe y la forma de enfrentar la cuestión de las víctimas se hizo usando la teoría amigo-enemigo de Carl Schmitt, y no la teoría de la justicia de John Rawls o las ideas del filósofo francés Paul Ricoeur.

En su libro "The Basic Liberties and Their Priority", traducido al español como "Sobre las libertades", Rawls expone: " [...] que la concepción de la justicia más estable es aquella clara y perspicua a nuestra razón, congruente con e incondicionalmente interesada por nuestro bien, y arraigada no en la negación, sino en la afirmación de nuestra persona".

En definitiva, la falta de equidad del Estado en el análisis de la casuística presentada en el Informe Nizkor es tan palmaria que nos aleja de la racionalidad mínima necesaria para examinar los hechos.

Loïc Cadiet et al, en su magnífica obra "Théorie générale du procès" recurren a Paul Ricoeur para expresar lo siguiente:

"Queda entonces por perfeccionar la obra de la justicia asegurando el tránsito de lo general a lo particular. Este pasaje corresponde al tercer nivel de la jerarquía de predicados definida por Paul Ricoeur. Es en el de la sabiduría práctica donde se ejerce el juicio en una situación. "La persona justa califica en última instancia una decisión concreta tomada en un clima de conflicto o incertidumbre", es decir, de indeterminación de los derechos de cada persona. "Lo justo ya no es entonces lo bueno, ni lo legal, es lo equitativo", presentado como la "convicción íntima", incluso fuera del campo penal, de la manera en que se equilibran, en última instancia, los intereses de cada persona, el suum cuique tribuere podríamos decir" |3|.

Este conflicto provocó la situación actual, en donde se pasó de la discusión de cómo solucionar el problema concreto de las víctimas del franquismo, incluidas las de la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, que exponía nuestro documento, a una discusión meta histórica y cuasi irracional sobre Francisco Franco y el rito mortuorio alegal y/o ilegal como nuevo conflicto social.

La intención de nuestro documento no era reemplazar a los historiadores ni a la historia, ya que ni tan siquiera hablamos en el mismo de memoria histórica, ya que entendíamos y entendemos que ésa es la tarea de la historia como ciencia y de los historiadores, con todas sus diferencias y contradicciones.

Pensábamos ilusamente que el Estado consideraba al ciudadano capaz de discernir sobre las distintas teorías y que no necesitaba "sacerdotes" que lo guiaran en la lectura de la historia.

Esta inanidad sobre las víctimas llegó a situaciones esperpénticas, como cuando José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Mauthausen en 2005, primera visita de un presidente de Gobierno español, y se comprometió en un discurso, pronunciado en el Monumento a los españoles allí exterminados, a financiar los gastos de mantenimiento del monumento, desconociendo que el mismo era y es propiedad del Estado francés y que se encuentra dentro del espacio reservado a tal Estado en el conjunto monumental que es actualmente el antiguo campo de exterminio de Mauthausen.

Para completar esta escena, la Presidencia del Gobierno y la Embajada española en Austria organizaron un auténtico operativo para crear un grupo cerrado y poder desfilar con la bandera española actual, despreciando así a las víctimas que allí se rememoran y que son republicanos españoles que lucharon y murieron en la II Guerra Mundial bajo la bandera de II República dentro de los ejércitos aliados.

Esta visión se compadece con la teoría del partisano de Carl Schmitt y coloca a todas las víctimas de Mauthausen como "enemigos", y eso sin tener en cuenta el simbolismo de la bandera española para los miles de víctimas y familiares de los más diversos países que todos los años se reúnen en los actos oficiales de Mauthausen como monumento histórico.

Lo anterior, además de ser un despropósito, muestra el nivel de reflexión de, se supone, la parte "más progresista" de la sociedad española en relación con los aliados de la II Guerra Mundial y, ello además, en el lugar histórico que recuerda y conmemora a las víctimas de persecución política de más de 40 naciones y que representa a los ejércitos aliados.

Hechos parecidos ocurrieron durante la visita a Mauthausen del entonces Ministro de Exteriores del Gobierno del Partido Popular, José Manuel García-Margallo, aunque hay que reconocer que al menos esta delegación conocía el protocolo del Monumento.

En general, el Estado español ha utilizado la técnica del "ninguneo" y ha logrado dispersar a las víctimas y a las asociaciones, utilizando la Moncloa como centro de coordinación de una política deliberada en contra de las asociaciones, en lo que puede considerarse una continuidad de la política desarrollada por el ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tanto en España, como en Argentina, Chile y Uruguay.

Es evidente que aún queda por delante un largo camino para superar la naturaleza de este tipo de problemas que tienen mucho que ver con una matriz cultural impregnada de franquismo y de nacional-socialismo, incluidas las doctrinas raciales más reaccionarias.

Prácticamente no quedan víctimas españolas vivas de entre quienes defendieron la II República o sufrieron la persecución del nacional-socialismo alemán durante la II Guerra Mundial.

En vista de la actuación estatal a fecha de hoy, para ellas y para las víctimas de los casi cuarenta años de Dictadura franquista, no queda más que el recuerdo como arma contra la inanidad.

Por Gregorio D. Dionis


Notas:

1. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html [Volver]

2. Aunque existe una tradición muy antigua sobre el principio de "buena fe", que se considera unos de los principios básicos del derecho, aquí nos referimos al utilizado en el derecho internacional público tal y como está recogido en los artículos 26 y 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado el 23 de mayo de 1969, y también en el artículo 10 del Tratado de la Unión Europea [Volver]

3. Loïc cadiet, Jacques Normand et Soraya Amrani Mekki, Théorie générale du procès, Paris, PUF (Thémis), févr. 2010, p. 64. Traducción propia. [Volver]


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Impunidad y crímenes franquistas
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