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02may07
El PSOE cuenta hoy con menos apoyos que antes de anunciar el pacto con IU-ICV
La conocida como ley de la memoria histórica parece el proyecto más difícil de este Gobierno. El acuerdo anunciado hace dos semanas entre PSOE e IU-ICV ha generado más adversarios que aliados. CiU está enojada, al igual que el PNV. ERC ya ha dicho que no cuenten con ella. La ley vuelve a embarrancar.
El portavoz socialista, Diego López Garrido, tendrá que rebobinar. El acuerdo anunciado por el portavoz del grupo socialista en el Congreso hace dos semanas con IU-ICV sobre la ley de la memoria histórica ha sido más que contraproducente porque ha enojado a casi todo el mundo. Hoy el Gobierno cuenta con menos aliados para aprobarla que antes de que se anunciara el controvertido pacto. Ante esta situación los negociadores socialistas han aplazado los contactos hasta junio. Superadas las municipales, confían en reconducir la situación. Pero este proyecto del Gobierno difícilmente verá la luz antes de otoño.
Descontado el PP, que ya dijo no desde el primer minuto, de todos los potenciales aliados el más distanciado en este momento es CiU. "Esta no es nuestra ley", advirtió Duran poco después de que López Garrido le comunicara telefónicamente el acuerdo alcanzado con IU-ICV invitándole a sumarse. Hoy la federación nacionalista está más lejos del proyecto del Gobierno que hace dos semanas. Y hay motivos de fondo - CiU considera que este proyecto debe reparar también a la "tercera España" que fue incomprendida y perseguida por unos y otros durante la Guerra y el franquismo- pero también hay reproches de forma en esta posición de los nacionalistas catalanes. La actitud de López Garrido indignó a los negociadores de CiU, Josep Antoni Duran Lleida y Jordi Xuclā. En los últimos días la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes - el largo brazo de la vicepresidenta en el Congreso- han tratado de poner bálsamo.
Al PNV le pasa algo parecido. Los vascos no ponen reparos al fondo del acuerdo con IU, pero advierten que esta ley debe resolver la devolución del patrimonio documental del Gobierno vasco que, a diferencia del caso catalán, nunca más ha vuelto a casa y sigue desperdigado en los archivos de Salamanca y el Ferrol. Para el PNV ésta es una cuestión irrenunciable y nada de ello se resolvió con el pacto de hace dos semanas. Los nacionalistas vascos advierten que éste puede ser un punto de ruptura con el PSOE en el tramo final de la legislatura.
ERC - uno de los promotores de la ley- se opone más ferozmente si cabe al acuerdo alcanzado con IUICV. Siguen convencidos de que la ley debe anular las sentencias del franquismo. Y en este punto cuenta - para inquietud de los implicados en el pacto, Gaspar Llamazares y Joan Herrera- con el apoyo de ciertos sectores afines a IU-ICV que consideran el acuerdo una renuncia a sus principios. La negativa del negociador de ERC, Joan Tardā fue inequívoca hace algunos días: "Para no curarla, más vale que la herida siga abierta".
Dentro del PSOE también hay voces críticas hacia el proceder de López Garrido. "No tenía ninguna necesidad de dar todo el protagonismo a IU". Estas mismas fuentes aseguran que tampoco la vicepresidencia del Gobierno está satisfecha. La secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes estuvo directamente implicada en el hallazgo de la fórmula jurídica sobre las sentencias del franquismo pero fue del todo ajena, aseguran, al modo cómo se lanzó a la opinión pública, como un pacto entre PSOE e IU que, en parte, orillaba al resto de aliados.
En el fondo de la cuestión hay también una creciente desconfianza de los aliados del Gobierno. Acusan al PSOE de jugar al regate en corto y, desde ayer, especialmente los grupos catalanes, ponen como ejemplo la cesión del castillo de Montjuīc. Como el acuerdo entre todos los grupos era difícil de encajar, el Gobierno se saltó el trámite en el Congreso, prescindió de la ley que el propio Ejecutivo había llevado a las Cortes, y entregaron el castillo al alcalde socialista de la capital catalana mediante una orden ministerial. Un método tan expeditivo como poco amable por parte de un Gobierno que carece de mayoría.
[Fuente: Por Jaume V. Aroca, La Vanguardia, Barcelona, 02may07]
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