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19abr17
Aguirre declara este jueves como testigo en el juicio de Gürtel, la trama que dijo haber destapado
"Yo destapé la Gürtel", exclamó Esperanza Aguirre en un pleno de la Asamblea de Madrid en abril de 2010, cuando todavía era presidenta de la Comunidad. Pero lo cierto es que ya entonces empezaba a estar cercada por los escándalos de corrupción que han salpicado casi sin interrupción a altos cargos de la política madrileña y excolaboradores suyos.
Aguirre tiene muchas 'ranas' en una charca que no ha dejado de crecer aunque ella ha conseguido permanecer al margen. Habrá que ver si eso sigue así tras su declaración ante el juicio que juzga la primera etapa de la Gürtel, la que va de 1999 a 2005.
La expresidenta madrileña tendrá que explicar este jueves el fraccionamiento de contratos que hacía la Comunidad a las empresas de la red corrupta con el fin de evitar que tuvieran que jugársela en concursos públicos, es decir, en igualdad de condiciones con otras empresas ajenas a la trama. Así se desprende de un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, que apunta que la región fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en contratos menores, de menos de 12.000 euros, que es el límite legal para eludir esa concurrencia pública y obtener la adjudicación a dedo.
El fraccionamiento de contratos en la Comunidad de Madrid a las empresas de la red corrupta es uno de los ejes de investigación de la Fiscalía y es algo que han confirmado a lo largo del juicio algunos de los acusados. "El pan de cada día". Así es como definió este sistema de fraccionamiento de contratos en el Gobierno regional la administradora de las empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán, quien dijo -como también hizo Javier Nombela, encargado de la facturación de varias empresas de la trama Gürtel- que era una exigencia de la propia Comunidad. Es más, citó un ejemplo concreto: el ejecutivo de Aguirre les ordenó trocear las facturas del acto de homenaje a las víctimas del 11-M en 2004.
Junto a ella, otros acusados han corroborado este método de facturación, como el considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, o el exconsejero de Aguirre Alberto López Viejo, quien aseguró que el fraccionamiento de contratos ya estaba instaurado previamente a su nombramiento como miembro del Ejecutivo regional en 2004. "Cuando uno se incorpora a un gobierno en marcha, funcionando, que tiene su manera de proceder, lo que hace es continuar con el sistema instaurado", explicó.
Pero, mientras que los cabecillas y empleados del entramado de empresas de la Gürtel han señalado a Aguirre como máxima responsable política, sus antiguos colaboradores la han exculpado. López Viejo, por ejemplo, dijo que "nunca" despachó "los temas menores" con la presidenta. "Todos los que hemos tenido la suerte y el honor de haber trabajado con ella, sabemos que solo habla de estas cuestiones si había algo que no le gustaba", añadió.
En contraste con esa declaración, Crespo, número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, aseguró que era la administración quien les ordenaba fraccionar contratos para que estos pudiesen amañarse. Se trataba de actos para Aguirre, que el cabecilla de Gürtel definió como "chorizadas". En total, 104 eventos según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Y el pasado martes, sin ir más lejos, una antigua empleada de la Consejería de Presidencia, Julia López Valladares, aseguró ante el tribunal que Aguirre era muy exigentes con los actos promocionales, que Gürtel facturaba a un precio superior para obtener más beneficio. Cuando llegó 2007, año de elecciones, las arcas estaban vacías y López Viejo, que era la figura clave en el sistema de amaños, lo solucionó echando mano a los fondos públicos. 300.000 euros de dinero de la Comunidad de Madrid sirvieron para sufragar actos del PP regional.
Al margen del fraccionamiento de los contratos, lo previsible es que el presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, frene cualquier intento de preguntar a la expresidenta madrileña por otros asuntos relacionados con la trama. De hecho, Hurtado ya avisó de que no lo consentiría.
Aguirre no es el único alto cargo del Partido Popular que tiene que comparecer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de Gürtel (1999-2005) sino que un par de meses después, en junio, deberán declarar como testigos el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y los exdirigentes del partido Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Y sobre todo y por encima de todos ellos, se sitúa Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y líder del partido, que también ha sido citado como testigo aunque aún se desconoce la fecha en la que prestará declaración.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 19abr17]
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