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09Apr10
La caída de Garzón redobla la presión internacional para derogar la ley de Amnistía.
Baltasar Garzón se dispone a agotar su último recurso ante el Tribunal Supremo para evitar sentarse en el banquillo por prevaricación. Dentro de ocho días, el instructor Luciano Varela dictará auto de apertura de juicio oral, y el próximo 22 de abril el Consejo General del Poder Judicial le apartará de la Audiencia Nacional. Esta inminente caída del juez estrella ha despertado un movimiento de protesta entre la izquierda todavía muy disperso en España. Partidos políticos, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, y plataformas ciudadanas en internet tratan de presionar al Alto Tribunal, pero en el ámbito internacional las demandas van más allá: el objetivo ya no es salvar al magistrado, sino poner fin a la ley de Amnistía de 1977.
Varela impidió que la defensa del juez internacionalizara la investigación llamando a declarar a un grupo de apóstoles de la justicia universal. El instructor del Supremo alegó que se trataba de una "desconsideración" a la Sala Penal del Alto Tribunal el tener que recurrir a opiniones foráneas como las de Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal de Derecho Penal Internacional de Naciones Unidas; Juan Guzmán, juez chileno de la causa contra Augusto Pinochet; o Eugenio Raúl Zaffaroni, magistrado argentino que participó en la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia.
Sin embargo, el caso Garzón no ha pasado desapercibido en el exterior, y organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) o la Comisión Internacional de Juristas han aprovechado para dirigir sus exigencias hacia la derogación de la ley de Amnistía acordada durante la Transición. En un comunicado emitido ayer, AI recordaba que este tipo de leyes "no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de la desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito".
Asimismo, esta organización señala la contradicción de que la Audiencia Nacional haya asumido la competencia para perseguir crímenes en Chile o Argentina, pero no pueda hacerlo para investigar en su propio país. Fuentes de AI España aseguraron que están siguiendo con preocupación el caso, y que no se descarta una movilización de la organización en todo el mundo si no se detiene el proceso contra el juez.
Muy similar es la posición de Human Rights Watch, que en marzo ya advirtió a las autoridades españolas que deben cumplir la recomendación de Naciones Unidas para poner fin a la ley de Amnistía. Esta organización reconoció "la contribución de la labor del magistrado Garzón para obtener justicia por atrocidades cometidas en todo el mundo", y denunció que la Justicia española ha impedido "sistemáticamente" las investigaciones sobre los abusos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.
Los sindicatos lideran la movilización en España
Por otra parte, fuentes de la Comisión Internacional de Juristas subrayaron a este diario que, más allá de su respaldo a Garzón, su preocupación se centra en el posible menoscabo a la independencia de los jueces en España, si pueden ser perseguidos penalmente por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que la decisión de sentar en el banquillo al juez estrella está generando un efecto que va más allá del debate en torno a su figura, y que ni siquiera se planteó durante la elaboración de la ley de Memoria Histórica. Las organizaciones internacionales han resucitado la vieja demanda de poner fin a la amnistía, y pueden poner en tela de juicio el funcionamiento de la Justicia española.
Este discurso ha calado en las crónicas de los medios internacionales que se han ocupado del caso Garzón. The New York Times, The Guardian, BBC o Los Angeles Times han dado voz a las citadas organizaciones, y planteado el problema en torno al juez de la Audiencia Nacional como una respuesta del Estado a su interés por los crímenes del franquismo, en lugar de analizar la controvertida carrera del magistrado.
Mientras, en España sigue sin aglutinarse una respuesta única a favor del juez imputado. Ya se han producido manifestaciones minoritarias ante la Audiencia Nacional, y el 13 de abril UGT y CCOO celebrarán un acto conjunto de respaldo en Madrid. Desde el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero o Manuel Chaves han tenido palabras de apoyo a Garzón, e Izquierda Unida ha advertido de la contestación social que puede provocar su condena. Además, han surgido diversos grupos en Facebook, tanto en castellano como en inglés, por lo que la presión nacional e internacional sobre el Tribunal Supremo no ha hecho sino comenzar.
[Fuente: Alberto Mendoza, El Confidencia, Madrid, Esp, 09abr10]
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