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31ago08
Los expedientes de Baltasar
Años antes de que sus manos se especializaran en espulgar expedientes contra la delincuencia internacional, Baltasar Garzón Real se dedicaba a reproducir gusanos de seda. En una granja del poblado de Torres, en la provincia española de Jaén, aprendió de su padre Ildefonso todas las faenas campesinas que aún practica cuando logra escapar de la tensión que significa haberse convertido en uno de los jueces más famosos del mundo.
Eso nos contó a quienes lo acompañamos en junio de 2001 durante una visita de tres días a las comunidades indígenas del norte del Cauca. No era la primera vez que venía a Colombia. Lo había empezado a hacer con regularidad a comienzos de los años 90, cuando sus responsabilidades como Juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional lo pusieron tras el rastro de los máximos capos del narcotráfico en Colombia, incluidos Pablo Escobar, los hermanos Ochoa Vásquez y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela por sus conexiones en España.
El ex fiscal Alfonso Valdivieso recuerda el interés y la rigurosidad con que este ex seminarista intercambió información con los jueces colombianos hasta concretar operaciones binacionales. “Baltasar es de las personas más conocedoras de los grandes procesos judiciales de los últimos 15 o 20 años en Colombia. Incluso vino y me ofreció todo su apoyo en la época más dura del Proceso 8.000”.
La ex canciller María Emma Mejía es otra de sus amigas colombianas. Se conocieron en Madrid cuando ella era embajadora y él empezaba una intensa campaña internacional a favor de la aprobación de la Corte Penal Internacional (CPI). Fue ella quien le ayudó a organizar la agenda para que el Congreso, el Gobierno y la justicia colombiana entendieran por qué era importante aprobar la adhesión al Estatuto de Roma. Hoy, 106 países lo reconocen y la Corte funciona en La Haya, Holanda.
Garzón explicó entonces: “Es una garantía para que en un país en guerra como Colombia en el futuro no se hable de impunidad”. Y el vaticinio se cumplió esta semana con la visita que hizo al país junto al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo. La amistad de estos dos investigadores se consolidó mientras Garzón armaba los expedientes con los cuales procesa a 98 militares argentinos involucrados en la violación de derechos humanos durante la dictadura, hecho que llevó al ex presidente argentino Carlos Menem a calificarlo de “colonialista judicial”.
Los dos son considerados como los máximos abanderados de la llamada “justicia transnacional” en habla española. La fama mundial de Garzón llegó al tope en 1998, cuando elaboró el Auto de Solicitud de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet y lo mantuvo detenido 503 días en Londres.
María Emma lo sabía y por eso acompañó a Garzón al Cauca, donde el juez dedicó dos días a escuchar y documentar las denuncias de los indígenas sobre los atropellos de la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y el propio Estado. En Piendamó escuchó durante horas a los sobrevivientes de la matanza del Alto Naya, que dos meses antes (11 de abril de 2001) habían sido testigos de la tortura y asesinato de al menos 40 miembros de su comunidad a manos de hombres protegidos por el Ejército.
Aunque entonces aclaró que no recibía de oficio los testimonios y documentos (le enviaron dos cajas a España), cuando los estudió en Madrid se obsesionó tanto con el caso que hoy conoce al detalle la forma en que hombres bajo el mando del paramilitar Éver Veloza, alias H.H., perpetraron ese crimen. Por eso se indignó esta semana cuando le preguntaron por la posible extradición del confeso asesino a los Estados Unidos. “Si este es un gobierno democrático no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave”, dijo al advertir que una extradición más de jefes paramilitares configuraría obstrucción a la justicia, como lo han denunciado las víctimas y hasta los propios confesos como Salvatore Mancuso.
Precisamente en una fosa común encontrada en el Urabá antioqueño, gracias a las confesiones de H.H., Garzón y Moreno pudieron comprobar cómo fueron enterradas 22 víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Nunca había visto algo así. Para el juez español, que también habló con fiscales, testigos y víctimas, fue como completar un expediente, desde la primera vez que oyó hablar de H.H. en el Cauca hasta ahora cuando tiene acceso a sus confesiones y a la realidad de sus crímenes.
Aquella vez que estuvo en el Cauca ratificó el compromiso social de su Fundación por los Pueblos Indígenas de América, al tiempo que les advertía a los desplazados que si la justicia local no investigaba y juzgaba los delitos para resarcirlos, tarde o temprano el Tribunal Penal Internacional lo haría y él se encargaría de ponerlo al tanto de lo ocurrido en Colombia (es lo que se cree hace ahora, respaldando a Moreno).
Después de oír tantas desgracias, según él “peores que las caravanas de la muerte del régimen de Pinochet”, recuperó el aliento, se calzó los tenis con los que había subido a los Pirineos y recorrió la granja integral de los paeces: 170 mil hectáreas de las que viven 80 mil personas. “Ojalá pudiera quedarme a vivir aquí”, comentó. Confesó que muchas veces, en su finca, se sienta a pensar si la vida ideal es dedicarse a la agricultura junto a su esposa y sus tres hijos o seguir exponiéndose en la persecución de grupos terroristas como Eta, Al Qaeda (expidió orden de captura contra Osama Bin Laden), las mafias rusa, gallega y colombiana.
Recientemente investigó a los hermanos Mejía Múnera, alias Los Mellizos, y desde 1989 a la organización criminal de Carlos Castaño, luego de que una lancha rápida de las Auc arrolló en el río Atrato una embarcación en la que viajaba el misionero español Íñigo Egiluz.
Con esa disyuntiva como tema se reunió con siete consejeros mayores que le impusieron en las muñecas las cintas (aseguranzas) que lo convirtieron en vocero y defensor de los indígenas colombianos. En un Centro de Teología dedicó una noche a hablar de su presente y su futuro con dos sacerdotes italianos, misioneros de La Consolata. Y a las 4:00 de la mañana salió convencido de que su vida debía seguir en medio de audiencias y escoltas. “Mientras me dedique a esto hay que aprender a dejar guardado el miedo en el armario”, comentó.
En ese viaje había dejado la escolta en Cali a pesar de las advertencias de la Policía y el Ejército, se internó en bus por un camino de abismos hacia lo que los indígenas llaman “el centro de la tierra”, bailó en la plaza principal de Toribío, bebió chicha y aguardiente a pico de botella, cantó a capela, comió sopa de maíz pelao y desayunó con tamal de pipián.
Por último conoció todas las normas de la ley indígena, le mostraron los cepos y los fuetes con los que castigan y él rememoró sus épocas de juez de pueblo en Valverde del Camino. De regreso a Cali, guerrilleros de las Farc se le atravesaron en el camino para hablarle, pero la guardia indígena que lo custodiaba los persuadió con bastones de madera.
Fue el viaje que marcó su relación con este país y con sus amigos colombianos. Además del ex fiscal Valdivieso, tiene muy buenas relaciones con los ex fiscales Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio, con reconocidos abogados penalistas y ahora con Mario Iguarán, quien ofreció su apoyo incondicional tanto a la Audiencia Nacional Española como a la CPI.
Personalmente se ha reunido con el presidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, a quien en otra visita en junio pasado le pidió ayuda para que el Estado indemnice a los indígenas del Cauca sobrevivientes de la matanza de 20 personas en la hacienda El Nilo en 1991.
Aquí, como en España, Baltasar Garzón despierta controversia entre quienes lo consideran un paladín de la justicia y aquellos que lo ven como un juez adicto al protagonismo mediático. En su país un libro del periodista investigativo José Díaz Herrera lo desmitifica hasta dejar en evidencia su vanidad, su gran error al aceptar hacer parte de la campaña política del ex presidente español Felipe González —de quien fue viceministro y a quien abandonó para luego investigar a su gobierno por los grupos de justicia privada GAL— y su vida más dedicada a dictar clases y conferencias internacionales que a concluir las causas judiciales a su cargo.
Al ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, quien lo conoce bien porque han coincidido en escenarios internacionales en pro de la paz, le preocupa que termine involucrado en las investigaciones sobre lesa humanidad en Colombia porque “se mete en todo”. “Debe tener una documentación importante sobre Colombia y yo tengo con respecto a él algunas preocupaciones, porque se aleja de un principio esencial del derecho penal: que no debe haber juicio sin un procedimiento preestablecido y ninguna pena sin ley preexistente. Ha inventado cosas que riñen con eso”.
El ex canciller insiste en que Garzón no tiene jurisdicción sobre Colombia, pero reconoce la posibilidad de que le aporte expedientes al Tribunal Penal Internacional o que, incluso, el fiscal Moreno lo comisione para alguna investigación. Ramírez cree que para evitar la intervención del juez español, Colombia debe demostrar que hizo cumplir la Ley de Justicia y Paz a cabalidad.
Mediático o no, a los 52 años de edad y 20 como juez estrella de la Audiencia Nacional, el poder investigador de Baltasar Garzón se mantiene más ambicioso que nunca. Antes de venir a Colombia ya se había puesto al tanto del caso de los computadores de Raúl Reyes y abrió investigación sobre las redes de cooperación de las Farc en España a partir del caso de la española Remedios García Albert. Otro motivo para no olvidar su obsesión por Colombia.
[Fuente: Por Nelson Fredy Padilla, El Espectador, Bogotá, 31ago08]
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