EQUIPO NIZKOR |
|
15ago06
Los socialistas se replantean anular los juicios del franquismo.
Puede haber marcha atrás. La aprobación a finales de julio del anteproyecto de ley de memoria histórica por el Consejo de Ministros cosechó críticas de IU y ERC, dos de las fuerzas que más se esforzaron por impulsar la norma, porque el texto no contempla la anulación de los consejos de guerra y otros juicios sumarísimos del franquismo. Pero, según apuntó ayer el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, "hay margen de negociación", el anteproyecto se puede "incluso reformar" y el PSOE pretende encontrar alternativas para la reparación de las víctimas.
"Estamos dispuestos a encontrar una fórmula que jurídicamente sea constitucional", dijo el socialista a la agencia Europa Press. En este sentido, López Garrido defendió que un grupo de cinco notables revise los casos de forma individual, porque "una comisión así puede llegar mucho más lejos que lo que escuetamente pueda decir un tribunal".
Lejos de anular los procesos franquistas, el actual anteproyecto de ley solo contempla una simple mención a la injusticia de la condena en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin efecto jurídico alguno, y solo si así lo solicita el afectado, sus herederos o una institución.
Margen de negociacion.
"Vamos a intentar el consenso por todos los medios --continuó el portavoz socialista-- porque no tendría sentido que grupos como IU-ICV o ERC, que han apostado por este proyecto, al final no lo votaran. Tenemos que sentarnos y ver qué es lo que se puede mejorar e incluso reformar. No podemos anticipar la decisión final, pero hay margen de negociación".
Para ello, a partir de septiembre los socialistas harán "todos los esfuerzos" para conseguir el apoyo de estas dos fuerzas políticas, pues el rechazo del PP, que ha acusado al Ejecutivo de pretender regresar a un pasado que está "ampliamente superado", se da por seguro. Tanto Esquerra como IU consideran insuficiente el anteproyecto de ley y recuerdan que, hace dos años, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a dar "satisfacción moral y jurídica" al presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys --fusilado en 1940-- y, asimismo, a quienes sufrieron "procesos enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo".
[Fuente: La Voz de Asturias, Asturias, 15ago06]
 | This document has been published on 15Aug06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |