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17may14
La UE denuncia 'corrupción' en Fomento en la etapa de Álvarez
La Unión Europea utiliza con toda su crudeza la palabra maldita «corrupción» para reclamar a España que devuelva 250 millones de euros que considera defraudados durante la construcción del superpuerto de Gijón en «connivencia» con el Ministerio de Fomento que dirigía Magdalena Álvarez, precisamente bajo los focos tras negarse a dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones pese a confirmarse su imputación en el escándalo de los ERE.
El informe emitido por la Oficina Antifraude de la UE (Olaf), que ha provocado que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias tras haberle sido remitido por el Gobierno, advierte a lo largo de 29 folios de «una seria sospecha de irregularidad, incluso un posible fraude y/o corrupción, en el procedimiento de contratación pública y en la adjudicación del contrato del proyecto». El organismo europeo concluye que «los hechos constatados podrían ser constitutivos de infracciones penales» y habla, en concreto, de «malversación de fondos» y «fraude a los intereses financieros de la UE».
Este viernes, la Comisión Europea anunció que había reclamado al Estado español que comunique en un plazo perentorio -antes del 11 de junio- si va a pagar o aboca la resolución al Tribunal de Luxemburgo. Fuentes de Hacienda señalaron que el Ministerio estudia ahora la delimitación de las concretas administraciones responsables y de la cuantía en la que asume el fraude, protagonizado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, en la que están integradas grandes del sector como Dragados (del Grupo ACS), FCC y Sato (del Grupo Villar Mir), junto a la local Alvargonzález Contratas.
El Ejecutivo de Bruselas acorta de esta manera los plazos que había recomendado la Olaf para «asegurar la recuperación» de 198 millones desembolsados procedentes de los fondos de cohesión y evitar que se abonen otros 49,5 que ya estaban comprometidos con la Autoridad Portuaria de Gijón. La portavoz comunitaria de Política Regional, la británica Shirin Wheeler, confirmó que el pasado 11 de abril se remitió una carta al Ministerio de Hacienda en la que se expresa el deseo de «explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo» y se dan dos meses para responder antes de denunciar el caso al Tribunal de la UE.
Subvención de más del 40%
La Olaf inició la investigación de los sobrecostes del superpuerto de El Musel en 2009 a partir de una denuncia del eurodiputado de EA Mikel Irujo que recogía los argumentos del partido nacionalista Andecha Astur. La obra fue adjudicada en 2005 por un importe de 580 millones por la Autoridad Portuaria, organismo adscrito al Ministerio de Fomento que dirigía Magdalena Álvarez, pero cuyo responsable -entonces Fernando Menéndez Rexach- es nombrado por el Gobierno del Principado de Asturias, que presidía el socialista Vicente Álvarez Areces. La UE aceptó subvencionar algo más del 40%.
Dos años después, el montante de la adjudicación se incrementó en otros 247 millones de sobrecostes asumidos. La UTE Dique Torres no está de acuerdo con esa cifra y ha presentado una demanda en la que reclama otros 350, por lo que el precio total amenaza con dispararse a cerca de 1.200 millones, un 100% por encima de la previsión inicial.
La Olaf concluye que «los elementos y las informaciones obtenidas durante la investigación indican claramente que se han cometido graves irregularidades», bien directamente por la Autoridad Portuaria o bien por la UTE adjudicataria en «connivencia» con el organismo dependiente de Fomento. Antifraude denuncia asimismo la «grave violación» de sus reglamentos que constituye que Dique Torres le denegase «el acceso a sus documentos contables».
El informe señala que «resulta incomprensible» que la Autoridad Portuaria asumiese los sobrecostes de 247 millones «invocando o basándose principalmente en el aumento del precio de los materiales», en concreto de los áridos utilizados para ganar terreno al mar, cuando la UTE «había firmado un contrato para extraer, sin ninguna contraprestación directa, unos 24 millones de toneladas de piedras, representando alrededor del 75%» del total. Esto es: que la investigación ha descubierto que las tres cuartas partes de ese material habrían salido, en realidad, casi gratis, ya que sólo se pagaron 7,7 millones en concepto de gastos de extracción.
Asimismo, pone el dedo sobre el «conflicto de intereses» que representa que la primera cantera de la que se extrajo material fuese propiedad en parte de Sato, una de las empresas de la UTE, que se benefició al pactarse un incremento de los precios. Por último, alude a «indicios de falsas informaciones» sobre costes del transporte y a la «ausencia sistemática» de los pesajes obligatorios.
[Fuente: Por Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 17may14]
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