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27mar10
Miguel Hernández, fusilado en la Universidad de Elche
Ante la nieta y la nuera de Miguel Hernández, el vienes 26 de marzo, en la Universidad "Miguel Hernández" de Elche-Alicante, el genial poeta republicano alicantino Miguel Hernández ha dido fusilado. Formaron parte del piquete el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, el rector Ignacio Jiménez, el escritor y poeta Marcos Ana, y el presidente de la comisión del centenario de Miguel Hernández, Javier Rovira.
Miguel falleció en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, a causa de una enfermedad contraída por las condiciones inhumanas impuestas a los presos republicanos, un calvario mucho más cruel que la pena de muerte, finalmente conmutada por la de treinta años. Una resolución judicial que seguía siendo legalmente válida, en el mismo momento en que se celebró este acto "de reparación y resarcimiento" solicitado y concedido al amparo de la Ley de la Memoria Histórica.
Una de las caras ignominiosas que esta ceremonia representa para la memoria de Miguel Hernández, viene dada por el párrafo de la citada Ley, que contempla la expedición de la mencionada acreditación: "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional". Es decir, que el papelito que el ministro Caamaño ha entregado a la nieta y nuera del poeta, respeta los efectos legales pretendidos por los consejos de guerra. Podemos afirmar en consecuencia, que el famoso documento es un documento franquista, puesto que mantiene en plena vigencia las sentencias y reconoce la legalidad del tribunal que condenó a Miquel ,y la de las leyes que le aplicaron.
La denuncia pública realizada por la inmensa mayoría de las asociaciones memorialistas, ha ´dejado al descubierto el objeto perseguido por la Ley de la Memoria con medidas como esta, que no otra cosa que eludir hacer frente a la responsabilidad civil del Estado, frente a los derechos de las víctimas y de sus familiares, tal y como se está haciendo con las del terrorismo, presentando como una salida alternativa al tema de las fosas del franquismo, el reparto de dinero para picos y palas entre asociaciones y familiares, para que sean ellos mismos quiénes se pongan al tajo de buscar los restos de sus padres, abuelos y bisabuelos, incumpliendo a sabiendas las leyes internacionales contra la impunidad en los casos de crímenes contra la humanidad, como los perpetrados por el franquismo, y destruyendo las pruebas de aquellos asesinatos masivos, al no realizarse las exhumaciones bajo jurisdicción judicial.
La Memoria de Miguel Hernández se instrumentaliza así, dentro de una estrategia gubernamental para avalar una ley, que ha sido repudiada por amplios sectores cualificados de la sociedad española y últimamente, hasta por los mismos que la apoyaron en su día, ley de punto final e impunidad, una ley que no soporta el más benévolo contraste con las que han servido para procesar a Pinochet, Videla, Fujimori, Scilingo, Milosévic y otros conocidos criminales de los dos hemisferios.
La memoria del genial oriolano, se merece mucho más que un papelito sin valor jurídico alguno, por mucho que diga que su proceso fue "injusto e ilegítimo". Eso ya lo sabía todo el mundo, sin tener que esperar a ver lo que dice el certificado de Caamaño. Y lo sabe también el escritor Marcos Ana, convertido en los últimos tiempos en apóstol de una reconciliación sin Justicia, por lo que no es casualidad encontrarlo en estos eventos glamorosos, al lado de ministros de un gobierno que, por su cobardía política o su falta de convicciones democráticas, ha ratificado con esta ley la impunidad de los crímenes franquistas, que se intentó sellar con la ilegal e ilegítima Ley de Amnistía de 1977 (ilegal, por ser contraria a una ley de rango superior como es la legislación de la ONU contra la impunidad).
El único certificado que exige la digna memoria de Miguel, es una sentencia judicial reconociendo la nulidad de aquella sentencia emitida por tribunales "ilegítimos", pero sobre todo, ilegales. No hace falta cambiar las leyes, solo aplicar los tratados internacionales de obligado cumplimiento.
Tras haber fallecido a causa de la enfermedad hace sesenta y ocho años, la memoria de Miguel Hernández va a ser fusilada en la Universidad de Elche mañana viernes, por una ley promulgada por los representantes de un gobierno llamado "socialista", en la universidad alicantina. Dicen los familiares y los de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante "que impulsarán la petición para lograr la anulación de del consejo sumarísimo 21.001" que lo condenó. Sin embargo, con la aceptación de esa credencial que han solicitado, están apoyando -de forma pública y notoria- el espacio de impunidad que ampara la Ley de la Memoria, porque si el gobierno hubiera querido que se anulasen aquellas sentencias, solo tendría que haber presentado en el Parlamento una iniciativa parlamentaria, ...pero no lo hizo. Y sobre la intención de los familiares de pedir anulaciones al Tribunal Supremo, ya sabemos quiénes son los que están sentados en ese alto tribunal.
ˇVerdad, Justicia y Reparación para Miguel Hernández y demás víctimas del franquismo!.
ˇLeyes internacionales contra la impunidad, ya!
ˇPor la anulación de la ley de Amnistía de 1977!Floren Dimas
Murcia, 27 de marzo 2010
Informes sobre la impunidad en España
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